- Nuevas salvaguardas del Banco Mundial ponen en riesgo derechos de pueblos indígenas y protección ambiental.
- Se flexibilizan requisitos para evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales.
- Sociedad civil latinoamericana expresa preocupación ante rebaja de estándares.
Servindi, 4 de agosto de 2014.- El 31 de julio último la Junta Directiva del Banco Mundial (BM) aprobó el ingreso a una segunda fase de revisión y consulta del borrador de la “Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales”.
La nueva versión del documento fue elaborada por el Comité de Eficacia de Desarrollo (CODE) del BM más conocido como salvaguardas.
Cabe recordar que la finalidad de las salvaguardas socio-ambientales es ayudar a evitar o mitigar los perjuicios para las personas y el medio ambiente de los proyectos financiados por el BM.
De aprobarse el nuevo texto se debilitarán las normas de protección ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas tanto del Banco Mundial como de toda la comunidad internacional.
La principal preocupación es el aplazamiento en la evaluación de riesgos e impactos socio-ambientales, sin que sea una condicionante para la aprobación e implementación del proyecto.
Además, se propone eliminar requisitos estrictos que existen en las salvaguardas actuales del BM como la publicación previa de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de alto riesgo.
Asimismo, se pretende eliminar la función de supervisión de la política del Banco cambiándola de obligatoria a voluntaria.
Otro elemento preocupante es la supresión de la instalación automática del panel independiente de expertos para casos de proyectos del alto riesgo, lo que obstaculiza un adecuado monitoreo.
Afectación a pueblos indígenas
La nueva política plantea inhabilitar la cláusula sobre pueblos indígenas, lo que deja abierta la posibilidad de que ésta no sea aplicable por los gobiernos en “ciertas situaciones”.
Ello socavará los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la propiedad colectiva de sus tierras, territorios y recursos, ya que se eliminarán los requisitos de estudios de referencia para informar sobre la protección del derecho a la tierra, el sustento y la vivienda adecuada.
Ello implicaría que las comunidades afectadas queden desprotegidas ante desalojos forzosos o desplazamientos económicos y físicos.
Mal precedente internacional
Otro tema de alerta es el cambio significativo en la responsabilidad de los prestatarios al aplicar las salvaguardas del BM, debido a que no se menciona cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios ni se establecen los criterios para determinar en qué casos esto último será aceptable.
Debe considerarse que varios países –entre ellos el Perú, por ejemplo– están pasando por un proceso de debilitamiento de sus marcos socio-ambientales, por ejemplo con la Ley N° 30230 que debilita la autoridad y la capacidad del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En el Perú también se ve afectada la coordinación intersectorial y el control de la calidad de las evaluaciones de impacto ambiental a cargo del recién creado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).
Con estos antecedentes se dejaría a los prestatarios la elección y aplicación del sistema país atentando contra la exigibilidad de aplicar los más altos estándares socio-ambientales.
Estas y otras observaciones fueron presentadas el 24 de julio, a los miembros del Comité de Eficacia de Desarrollo (CODE) y a los directores ejecutivos del BM mediante una carta suscrita por cuarentinueve organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe.
En ella se solicitó la modificación de dichos aspectos controversiales antes de pasar a una segunda fase de revisión y consulta, argumentos que fueron desestimados por el BM en la reunión última del 31 de julio.
Críticas desde el Perú
César Gamboa, director ejecutivo de la asociación DAR sostuvo que es importante que el Banco Mundial impulse políticas de salvaguardas socio-ambientales con altos estándares internacionales.
De no hacerlo así marcará un mal precedente para otros bancos multilaterales, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales de desarrollo o iniciativas como el Fondo Verde Climático, agregó Gamboa.
"El debilitamiento de las salvaguardas del Banco Mundial intenta consolidar un nuevo proceso de reconfiguración en las reglas de juego de las inversiones en infraestructura y energía a nivel global, regional y nacional" indicó Gamboa.
En ella prevalece la posición de actores como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y el recién creado Banco de los BRICS que amenazan con manejar estándares socio-ambientales muy bajos, indicó.
Ello se corresponde con la tendencia a nivel nacional de debilitar o flexibilizar la institucionalidad ambiental para facilitar las inversiones sin considerar los graves impactos a las poblaciones y a la naturaleza, culminó el representante de DAR.
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