Servindi, 2 de julio, 2011.- "Darles voz y poder de decisión a los pueblos indígenas, en el contexto de los grandes proyectos de desarrollo, no sólo es un imperativo legal, sino garantía para la sustentabilidad social y económica” afirmó Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El funcionario reconoció que megaproyectos, como presas hidroeléctricas, minas, carreteras o plantaciones de monocultivos, conllevan, a menudo, graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas.
Dar voz a las comunidades en los megaproyectos “apoya el proceso democrático y puede reducir los conflictos”, señaló durante la presentación de "El derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la importancia de su implementación en el contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala”.
La publicación se presentó el 27 de junio y su finalidad es contribuir a un mejor conocimiento en México del contenido del derecho a la consulta, según el derecho internacional.
En el evento también participaron el secretario estatal de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y la representante del Colectivo Oaxaqueño de Pueblos Indígenas, Ana María García, así como el activista Cenobio Chávez, lider opositor a la construcción de la presa Paso de la Reina.
El funcionario de Naciones Unidas destacó que el reconocimiento de los pueblos indígenas como comunidades libres para decidir su futuro no tiene ningún valor si las decisiones fundamentales que afectan sus tierras y territorios, así como su sustento material, cultural y espiritual, se toman en ámbitos ajenos a ellos.
“El Estado mexicano, a través de sus tres poderes, y a todos los niveles, tiene la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho”, puntualizó.
También hizo hincapié en que el reconocimiento de derechos humanos pierde su sentido si no se toman las medidas necesarias para su ejercicio efectivo.
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