Reforma constitucional y legal en “México Indígena”

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Presentación

El 5 de febrero de este año 2024, en el marco de la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, histórico lugar donde fue expedida la Constitución Liberal de 1857, el Presidente de México, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso de la Unión un conjunto de veinte iniciativas de reformas constitucionales y legales que le darán un nuevo rostro, espíritu y esencia a la Constitución Mexicana en el actual siglo XXI.

En su mensaje a la Nación, el Presidente López Obrador afirmó que “las reformas buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”.

Agregó que estas reformas tienen su raíz en el Humanismo Mexicano que “se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país con sus próceres ejemplares como el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no sólo luchó por la Independencia, sino también y con mayor énfasis por la justicia”.

Al hacer un repaso de la historia constitucional de México, el Presidente expresó que los “derechos alcanzados con el sufrimiento y el sacrificio de millones de mexicanos en las luchas de Independencia, de Reforma y de Revolución fueron perdiendo vigencia, en tanto que se reestablecían fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político. No hace falta argumentar mucho sobre cómo en el periodo neoliberal o neoporfirista, de 1983 a 2018, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era un país de unos cuantos y para ellos el pueblo no existía”.

Tomando en cuenta los importantes resultados alcanzados en el actual movimiento de transformación nacional, el Presidente López Obrador manifestó que es necesario llevar a cabo las reformas constitucionales y legales, a fin de “proteger lo que hemos alcanzado entre todos y desde abajo, todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna”.

Tal como lo hizo el día 1º de diciembre del 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México-Tenochtitlan, en ocasión de la Ceremonia de Entrega del Bastón de Mando y la presentación de los 100 compromisos de su Gobierno, en la que expresó la atención especial a los pueblos indígenas de México, en este histórico momento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó el reconocimiento de los derechos inalienables de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como el primer punto de la agenda de las reformas constitucionales, en los siguientes términos:

“Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México; consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten”.

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 2 es la piedra angular y la base normativa de la Iniciativa de Reforma Constitucional en la materia que ha sido presentada por el Presidente de México al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana, para su análisis, reflexión y aprobación impostergables.

Se trata, sin duda alguna, de un vuelco de gran significado en la historia del constitucionalismo mexicano, pues deja atrás la visión decimonónica de considerar a los pueblos indígenas y afromexicanos como “objetos” normativos o, en el mejor de los casos, como sujetos de “interés público”, que deben ser tutelados o protegidos por el Estado o terceras partes en franca violación a su dignidad y derechos.

Con la iniciativa del Presidente López Obrador se rompe esta cadena normativa y ahora sí, de una vez por todas, se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como “sujetos de derecho público”, titulares de un conjunto de derechos colectivos, con facultades y atribuciones públicas para ejercer sin ataduras su inalienable derecho de libre determinación consagrado en el régimen jurídico internacional.

En su calidad de sujetos de derecho público, los pueblos indígenas y afromexicanos podrán tomar libremente sus decisiones en sus asambleas comunitarias, instituir sus formas de gobierno y organización, implementar su desarrollo económico, social y cultural, así como recibir y administrar directamente los recursos públicos y ejecutar las obras y acciones para su desarrollo y bienestar, como lo están haciendo ahora con los caminos artesanales en las regiones indígenas.

Este vuelco, en la concepción normativa, es muy similar, e incluso heredero, del histórico debate celebrado en la Junta de Valladolid (1550-1551) entre Fray Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, en donde este último llegó a cuestionar la humanidad de los habitantes de Las Indias y a preguntarse si tenían alma o no, tal como, en nuestra época, se ha llegado a cuestionar si los pueblos indígenas y afromexicanos pueden ser titulares de derechos o no. Ante esta ignominia, Fray Bartolomé refutó a Sepúlveda por medio de los principios de tolerancia y de libertad en favor de todos los pueblos e individuos de la especie humana.

Se dejan atrás siglos de una concepción basada en una supuesta superioridad ideológica, política y jurídica, que ha tenido como dolorosa consecuencia la exclusión, el colonialismo, la discriminación y el racismo que han tenido postrados a los pueblos indígenas y afromexicanos, negándoles su identidad cultural e histórica.

En esta nueva etapa de la vida pública nacional, en la que se da una preferencia especial a los más excluidos y olvidados de la patria, la Iniciativa de Reforma Indígena y Afromexicana se suma a otras reformas constitucionales impulsadas por este Gobierno, en particular, el reconocimiento del pueblo afromexicano en el Artículo 2º, Apartado C; el reconocimiento de la educación indígena e intercultural en el Artículo 3º; y el apoyo a las personas indígenas y afromexicanas con discapacidad y la pensión para las personas mayores indígenas y afromexicanas a partir de los 65 años en el Artículo 4º.

En este contexto también es importante señalar los avances normativos que se han logrado con la expedición de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (2018) y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (2022), que reconocen a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos público, y han sido la base para impulsar los Planes de Justicia, los caminos artesanales, el reconocimiento de los lugares sagrados y la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, entre otras iniciativas impulsadas por el actual Gobierno.

Cabe destacar que esta Iniciativa de Reforma Constitucional constituye un paso histórico en la larga lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su dignidad y derechos, que han cobrado relevancia en las últimas décadas en ocasión de los 500 años del inicio de la conquista y colonización en estas tierras del “Abya Yala”, y del proceso de diálogo entre el gobierno federal y el movimiento zapatista que tuvo como resultado la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre “Derechos y Cultura Indígenas” en el año de 1996.

Poniendo en práctica el principio enunciado por el Presidente Benito Juárez de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, la Reforma Indígena y Afromexicana tiene su raíz y fundamento en la palabra y el pensamiento de los pueblos del México profundo. Mención especial merece el hecho de que sus contenidos normativos han sido construidos con base en las propuestas y planteamientos de las autoridades e instituciones representativas de los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes participaron en el amplio proceso de diálogo y consulta que se llevó a cabo en todas las regiones indígenas del país del 2019 al 2021, lo que le da una gran legitimidad social y política.

Viniendo y siendo construida desde abajo, es muy importante que esta Iniciativa de Reforma Indígena y Afromexicana se difunda y conozca desde cada uno de los rincones de nuestro país. Siendo su propia palabra y pensamiento, tiene especial relevancia que se reflexione y analice su contenido y significado en la vida cotidiana de los pueblos y comunidades, porque es ahí donde debe reflejarse y materializarse. Este es el objetivo de esta publicación especial que hoy hacemos desde nuestra revista México Indígena.

Hoy, a 200 años de expedida la primera Constitución de México en 1824, tenemos la oportunidad histórica de saldar una deuda con los pueblos indígenas y afromexicanos, que son la verdad más profunda e íntima de la patria. Una tarea en la que estamos llamados todos los mexicanos, de manera especial las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, el Constituyente permanente que tiene ahora en sus manos la alta responsabilidad de analizarla y aprobarla como un acto de elemental justicia social y alto sentido humanista.

El reconocimiento constitucional de los derechos inalienables de los pueblos indígenas y afromexicanos es una cuestión impostergable, pues constituye el cimiento para que México sea realmente la casa de todas y todos, en la que nuestros pueblos tengan un lugar justo y digno, y que, al mismo tiempo, sea la base para lograr la verdadera reconciliación nacional, pilar esencial y necesario para lograr la Cuarta Transformación de la República.

Adelfo Regino Montes
Director General Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas