Servindi, 24 de setiembre, 2010.- La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (CSJA) resolverá a más tardar en quince días la acusación de prevaricato que pesa sobre la fiscal Cristina Olazábal por denunciar al presidente Alan García Pérez en el caso Accomarca.
Los vocales César Urbano Prado, Vladimir Olarte y Gabriel Aramburú, tendrán a su cargo la diligencia del caso, quienes escucharán los descargos de la fiscal Olazábal y de los representantes de la Fiscalía de la Nación, institución que apeló poco después que el Poder Judicial (PJ) sentenciara el archivamiento del caso hace cinco meses.
El abogado de Olazábal, Antonio Salazar manifestó que “la doctora actuó de acuerdo a sus facultades, según lo establece la ley del Ministerio Público, por eso no se entiende la apertura de esta denuncia y por qué se está apelando”.
Salazar confirmó que la fiscal Olazábal no cometió el delito de prevaricato en contra del jefe de Estado, tras aclarar que el Tribunal Constitucional señala que sólo se incurre en este delito mediante una resolución o dictamen dentro del proceso.
“La denuncia fiscal de Cristina Olazábal es previa al proceso judicial, por lo tanto este hecho principal determina que no hay delito. Lo que se hizo es aplicar el derecho nacional e internacional para el delito de genocidio y en función a eso ha denunciado. No ha habido ninguna mala intención y ningún daño”, refirió.
Cabe destacar que la Fiscalía de la Nación acusó a la fiscal por la comisión de prevaricato, al denunciar a Alan García Pérez por delitos de lesa humanidad, en la matanza de 69 campesinos de la comunidad de Accomarca por parte de agentes del Ejército, ocurrido en 1985, durante su primer mandato.
“Los magistrados tienen entre 10 y 15 días útiles para resolver esta apelación, entonces suponemos que a mediados de octubre ya se puede emitir una resolución definitiva. Esta debe confirmar el fallo de la juez Elizabeth Zambrano, que indica que no hay lugar para abrir instrucción contra la fiscal y el expediente quedaría archivado”, expresó.
Asimismo agregó que “si se concluye definitivamente y se archiva la investigación, no habría ninguna acción para investigar a la fiscal, porque considera que ella realizó diligencias dentro de su función y no se trató de un delito de prevaricato”.
Cristina Olazábal es una de las primeras fiscales del país en especializarse en materia de derechos humanos y una de las primeras en iniciar investigar y formular denuncia por delitos de lesa humanidad.
Su destacada actuación la hacen merecedora del aprecio de la población ayacuchana, en especial, de las víctimas y familiares afectados por el conflicto armado interno.
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