Por Carlos Soria
Es lamentable que algunos sectores ultra progubernamentales se pronuncien queriendo restar importancia a la opinión del Comité de Expertos de OIT sobre el reiterado incumplimiento de la consulta previa, libre, informada y de buena fe que deberían conducir los estados, en particular el estado peruano que ha firmado 82 contratos petroleros sin haberse molestado en realizar la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos indígenas.
Muy por el contrario el Estado peruano ha desarrollado reglamentos de participación ciudadana en el sector energía y minas que si bien son un avance no llegan a cumplir el estándar de consulta previa libre e informada pues ocurren después de que el estado ha efectuado el acto jurídico de disponer de recursos naturales a favor de una industria extractiva sin haber consultado a los pueblos indígenas que habitan esos territorios.
Más bien como lo señala el congresista aprista José Vargas “urge debatir en el Pleno del Congreso de la República la ley que señala el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas establecido en el convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT).” (bajado de http://www.cajamarcaopina.com/home/content/view/9945/1/ el 22 de marzo de 2010).
El congresista Vargas viene repitiendo esta frase desde mediados del año 2009, sin embargo ni el ni el oficialismo han dado un paso en esa dirección mientras que existen ya sendas propuestas de diferentes congresistas sobre el tema además de la propuesta de la Defensoría del Pueblo.
Es hora que las fuerzas políticas atiendan el llamado de los pueblos indígenas y de otras poblaciones, sobre todo del Perú rural, de respetar su derecho a la libre determinación, respetar el derecho a la consulta y a pedir su consentimiento previo, libre, informado y en un proceso de buena fe.
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