- Agreden a comuneros y crean clima de violencia con apoyo de autoridades locales.
Por Jonathan Hurtado
Servindi, 14 de enero, 2015.- Defender sus bosques del tráfico ilegal de madera les está costando caro a las comunidades nativas San Juan de Miraflores y Yaku Sisa de la región San Martín. El 8 de enero sujetos armados con machetes y palos atacaron a una decena de sus miembros dejando el saldo de seis heridos de consideración.
El ataque se registró en horas de la mañana de aquel día, cuando un grupo de alrededor de 15 personas irrumpió en el sector de Pampa Grande, ubicado en el distrito de Caspizapa, provincia de Picota, con el objetivo de agredir a los dirigentes y pobladores reunidos en esta zona considerada territorio ancestral por las citadas comunidades.
Cabe destacar que algunos de los heridos presentan cuadros graves. Uno de ellos tuvo que recibir atención médica debido a los fuertes golpes que recibió y que habrían comprometido una serie de órganos.
Entre las víctimas se encuentra Milton Tuamana Tapullima, nada menos que presidente de la Federación Kichwa Huallaga Dorado (Fekihd).
Según relató este último, Segundo Reynaldo Nole Farfán, conocido dirigente de construcción civil de Juanjui, capital de la provincia Mariscal Cáceres, estuvo al frente del grupo agresor.
Otro de los violentistas identificados es Teodoro Pinchi Tenazoa, sindicado como uno de los líderes del denominado "Clan Pinchi". Según el presidente de la Fekihd, este grupo "está dedicado a la venta de tierras y al aprovechamiento ilegal de la madera".
Sus miembros se encontrarían operando en la zona conocida como Bosque Seco del Huallaga.
No obstante el citado clan tendría entre sus principales cabezas a un personaje conocido del lugar: Elvis Omar Espejo Suyón, sobre quien pesa una denuncia por delito ambiental. Según sus propias declaraciones, en un video difundido este año, él representa a la asociación de productores El Paraíso de Pampa Grande.
Descaro de los agresores
Conocidos los hechos la respuesta de las autoridades tarda en llegar y en su lugar viene prosperando una campaña en contra de la federación que dio a conocer el caso y la oenegé ambientalista Urku Estudios Amazónicos.
Daniel Vecco, representante de Urku, organización que trabaja con la Fekihd, dio la primera voz de alerta apenas se reportó la agresión contra los dirigentes de las comunidades San Juan de Miraflores y Yaku Sisa, el jueves pasado.
Según Vecco, luego de la denuncia se inició una campaña de desinformación con el fin de poner a la población en contra de la federación y de la ONG que representa.
Sin embargo, los agresores no solo cuentan con el apoyo de algunos medios locales. También estarían contando con el resplado de los gobernadores de los distritos de Juanjui, Caspizapa y Picota.
De acuerdo a Vecco, también formaría parte de esta campaña Antonio Sangama, a quien la población local acusa de tráfico de tierras. Sangama también fue uno de los participó en el violento ataque del 8 de enero.
"Estas son las personas que mediante el engaño generan un clima de desprecio y rechazo contra las comunidades y sus aliados. Azuzan a la población diciendo que la ONG Urku les va a quitar sus tierras y que las comunidades y Fekihd no son verdaderos nativos", sostuvo.
El mundo al revés
Sin embargo, lo que más llama la atención es el apoyo que los agresores reciben del Ministerio Público y de Jaime Pinedo, gobernador de Picota.
Vecco relató que durante el ataque los agresores robaron tres escopetas que la comunidad usaba para la caza tradicional y a las cuales no recurrieron en su defensa cuando su vida corría peligro.
Valiéndose de las escopetas como supuesta prueba, explicó Vecco, los agresores denunciaron públicamente que la comunidad portaba armas ilegalmente logrando así que Pinedo los apoye y solicite la intervención del Ejército y la Policía.
En cambio, la denuncia que presentó Milton Tuamana y otros dirigentes ante la Fiscalía Provincial de Picota tuvo un destino diferente. Tuamana sostuvo que dicha fiscalía no fue a constatar los hechos al lugar aduciendo que no se encontraba el fiscal titular José Siaden Valdivieso.
Por lo pronto el martes 13 se llevó a cabo una reunión en la localidad de Picota con diversas autoridades. Entre estas se encontraba un representante de la Autoridad Regional Ambiental. Se avanzó así en algunos acuerdos para proteger los bosques de la zona del Huallaga.
Comunidades respaldan a agraviados
De otro lado, dirigentes de las comunidades kichwas de la Fekihd anunciaron su respaldo y solidaridad con los hermanos de las comunidades nativas afectadas que habrían sido agredidos por "personas manipuladas por presuntos traficantes de tierras, que pretenden invadir su territorio ancestral".
En ese sentido, exigieron el respeto al diálogo, la información y la atención inmediata de las autoridades competentes para dar solución a los problemas surgidos.
De igual modo, demandaron a las autoridades el derecho de los pueblos indígenas y originarios al respeto y titulación de sus territorios.
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