Servindi, 4 de noviembre, 2024.- La COP16 destacó el papel fundamental de los pueblos indígenas como custodios de la biodiversidad, pero este reconocimiento no llega acompañado de compromisos efectivos de financiamiento para su labor de conservación.
Sin duda, el reconocimiento formal representa un avance en los derechos y recursos para su participación en la implementación del Convenio de Diversidad Biológica (CDB).
La aprobación de la creación del Fondo de Cali para distribuir los beneficios derivados de los datos genéticos de plantas y animales apunta a asegurar que las comunidades de origen también obtengan beneficios justos por el uso de los recursos naturales.
Pero dicho fondo aún está pendiente de concreción para que reporte beneficios efectivos. Por otro lado, la COP16 no logró llegar a un acuerdo para crear un fondo global específico para la biodiversidad.
La falta de consenso y acuerdos efectivos para un financiamiento sostenible marca un desafío persistente para las metas globales, advierte Fermín Koop del portal SciDev.Net.
COP16 reconoce indígenas como custodios, pero no acuerda financiación
Por Fermín Koop*
SciDev.Net, 4 de noviembre, 2024.- América Latina logró que la conferencia de biodiversidad de Naciones Unidas —COP16— reconociera a los pueblos indígenas como custodios de la biodiversidad, pero no consiguió que los países en desarrollo aprobaran aumentar el financiamiento para conservar la naturaleza.
Realizada en Colombia desde el 21 de octubre al 1 de noviembre, la reunión finalizó con la decisión de crear un grupo de trabajo permanente para los pueblos indígenas bajo el Convenio de Diversidad Biológica (CBD).
Hasta el momento, sólo había dos grupos de trabajo: el de Implementación, y el de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. Ahora, los pueblos indígenas asesorarán al convenio y contarán con recursos permanentes para reuniones.
“Esta es una ocasión sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre la biodiversidad”, sostuvo Camila Paz Romero, vocera de los pueblos indígenas, al momento de anunciarse la creación del grupo.
Además de esta buena noticia, la COP —que se realiza cada dos años con los 196 países firmantes de la CBD— logró la aprobación de un plan de salud y biodiversidad, el reconocimiento del vínculo entre cambio climático y biodiversidad, y la creación de un fondo para repartir de manera equitativa los beneficios derivados de datos genéticos de animales y plantas con las comunidades de las cuales proceden.
Los datos genéticos de la naturaleza se usan en general en medicamentos y cosméticos y pueden generar ganancias millonarias a las empresas que las comercializan, pero rara vez se beneficia a las comunidades de donde se extraen los recursos naturales.
El acuerdo sugiere que empresas de cierto tamaño que utilicen datos genéticos contribuyan con 0,1 por ciento de sus ingresos o 1 por ciento de sus utilidades al nuevo “Fondo de Cali”.
Para Oscar Soria, director de la ONG The Common Initiative, el compromiso de las empresas es positivo, pero tendrá dificultades en su implementación pues se trata de un compromiso voluntario. “Las empresas sólo participarán si sienten que pueden ganar reputación”, sostuvo a SciDev.Net.
La financiación de la biodiversidad sigue estancada tras una ausencia de compromisos financieros creíbles por parte de los gobiernos ricos y una presión empresarial sin precedentes”.
An Lambrechts, Greenpeace
En contraste con esta señal positiva, ante el pedido de los países en desarrollo de crear un nuevo fondo para la biodiversidad, los países desarrollados se opusieron y el plenario no llegó a un acuerdo.
Actualmente los fondos son canalizados a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), cuestionado por los países en vías de desarrollo por ser burocrático y poco eficaz.
“La financiación de la biodiversidad sigue estancada tras una ausencia de compromisos financieros creíbles por parte de los gobiernos ricos y una presión empresarial sin precedentes”, dijo a SciDev.Net An Lambrechts, de Greenpeace.
El foco en la implementación
En la COP15 realizada en 2022, en Montreal, los países crearon un nuevo Marco Global por la Biodiversidad (GBF, por sus siglas en inglés) que plantea 23 metas que tendrán que cumplirse para 2030 con el fin de conservar y restaurar la biodiversidad.
A dos años de esa decisión, se esperaba que en la COP16 se hablara de implementación y que los países hubieran presentado sus planes nacionales de biodiversidad. Pero al cerrar la reunión sólo 44 de los 196 lo habían hecho.
Siete países de América Latina presentaron sus planes: Cuba, México, Colombia, Argentina, Surinam y Perú. Colombia, por ejemplo, se comprometió a que, para el 2030, el país cuente con el 34 por ciento de su territorio bajo alguna figura de protección.
“La bioeconomía será un motor de desarrollo en zonas rurales, donde las comunidades locales jugarán un papel clave en la gestión sostenible”, sostuvo Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, al presentar el plan.
Como presidente de la COP, Colombia también puso en la agenda el rol de los defensores ambientales en América Latina como protectores de la biodiversidad. En 2023, en el mundo fueron asesinadas 196 personas dedicadas a proteger los derechos relacionados con el ambiente, la tierra y el agua, y 85 por ciento de ellas fueron en la región.
Para cambiar esa realidad se destacó la importancia del Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental que busca garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia. Adoptado en 2018, hasta ahora fue firmado por 24 países de la región.
“Escazú nos puede ayudar a cumplir las metas del GBF, y el GBF nos puede aportar financiamiento para cumplir Escazú. Es una simbiosis”, señaló a SciDev.Net Soledad Espínola, del Encuentro de Juventudes por Escazú, durante la reunión.
La COP16 también permitió discutir los riesgos ambientales y sociales de la transición energética en América Latina, que alberga grandes depósitos de los llamados minerales críticos para la transición, como el lito y el cobre.
Colombia presentó la propuesta de un acuerdo global para la trazabilidad de la cadena de suministro de minerales, que plantea que los países estudien esos procesos para mejorar la protección de áreas críticas de biodiversidad.
“Hay que pensarlo como si un mineral fuera un humano (y analizar) qué le ocurre desde el punto de vista económico, social, de derechos humanos y de gobernanza”, dijo Suneeta Kaimal, CEO de la ONG Natural Resource Governance Institute (NGRI).
La COP17 será en Armenia en 2026, pero en 2025 habrá una reunión intersesional donde se espera que se continúe la discusión sobre el financiamiento de la biodiversidad.
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* Fermin Koop es un periodista argentino especializado en ambiente y cambio climático. Trabaja de manera freelance para medios locales e internacionales. Estudió en la Universidad del Salvador, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en Reading University.
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