A pesar de ser uno de los mayores exportadores de oro, Perú no cuenta con normativa apta para la trazabilidad del oro. Estos vacíos generan que se siga extrayendo el mineral de forma irregular y causando graves consecuencias en el medio ambiente y en la sociedad.
Por el Equipo de Investigación Colaborativo de Servindi
Servindi, 25 de octubre, 2024.- Una investigación realizada por Convoca.pe y medios aliados, precisa que los países de Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil, exportaron más de 3 mil toneladas de oro de origen desconocido entre 2013 y 2023, destruyendo bosques y desplazando a pueblos indígenas con el apoyo de grupos armados. Gran parte de este oro terminó en joyerías de Dubái, Turquía e India y en almacenes de Estados Unidos.
La serie investigativa titulada “Dorada opacidad: mecanismos sobre el tráfico de oro latinoamericano” revela que, en los cinco países, hay un complejo sistema de blanqueamiento y desvío masivo de oro a través de diversos mecanismos como la falsificación de facturas de compra y venta del metal, autorizaciones fraudulentas, concesiones fantasmas, flujos de contrabando, plantas de producción y fundición cómplices, finanzas de grupos armados, controles negligentes, cambio de caminos hacia destinos opacos para evadir sanciones económicas y procesos judiciales.
“Un factor es la actitud en general de los gobiernos hacia la minería artesanal y de pequeña escala. Vemos cómo las políticas pueden influenciar la tolerancia hacia ellas. Hay, detrás de todo, algunos factores estructurales como la baja presencia de los gobiernos en estas zonas remotas de producción de oro, altos niveles de informalidad económica y el aumento del precio del oro debido a perturbaciones geopolíticas y económicas”, explica Luca Maiotti, analista de políticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Según la Guía sobre el Sistema de trazabilidad del oro de SBGA y la Cooperación Suiza, la trazabilidad es de vital importancia porque permite registrar, identificar y transparentar la legalidad del oro a lo largo de toda la cadena de producción (extracción, procesamiento) y comercialización (venta local y exportación).
Entidades que participan de la trazabilidad del oro según SBGA y la Cooperación Suiza:
Esta investigación periodística determina que el problema de trazabilidad de oro en el Perú es que la responsabilidad de su certificación recae en los propios productores y no en el Estado. Así, para extraer este mineral los interesados solo deben estar inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo).
Si bien en el Recpo están inscritos más de 11 mil ciudadanos y empresas, este sistema no puede detectar operaciones sospechosas debido a que no está interconectado con otros sistemas informáticos para hacer cruces de información.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) también tiene que limitarse a confiar en la buena fe de la compañía minera a través de una simple declaración jurada de la procedencia del oro y la afirmación de que no se está incurriendo en lavado de activos, y al que se adjunta la guía de remisión para transportar la carga y el análisis de laboratorio de la ley de oro.
La comercialización de minerales, como el oro, es una actividad libre en el territorio nacional y para su ejercicio no se requiere de una concesión o permiso del Estado, según el capítulo II, artículo 3 de la Ley General de Minería, precisa un informe de Ojo Público. Si bien la norma dice que el comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales no hay lineamientos que indiquen cómo hacerlo creando un vacío para ser aprovechado.
La investigación concluye que el Perú concentra más del 99 por ciento del desbalance de producción de oro, pues según la información obtenida vendió al extranjero 4404 toneladas, pero solo registró 1373, es decir hay 3028 toneladas de oro exportado de origen sospechoso. A este país le sigue Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela.
Entre los mayores compradores de oro del Perú están Suiza, Estados Unidos, Canadá y como destinos recientes India y Emiratos Árabes. Este oro sale a través de la planta de procesamiento de la minera Laytaruma en la región Ayacucho, en el límite con la región Arequipa, una zona de difícil acceso, lo que hace casi imposible su fiscalización a pesar de ser el cuarto exportador de oro más importante de este país.
Al panorama de vacíos legales en la trazabilidad se suma el apoyo del Estado a esta actividad a través de la promulgación de normas como la Ley de formalización que está vigente desde 2002 y que ha permitido a decenas de mineros operar irregularmente hasta ilícitamente. A la fecha hay 86.829 inscripciones en Reinfo, 73,5% de las cuales se encuentran suspendidas.
Cómo opera la extracción de oro ilegal en regiones del Perú
El informe “Minería ilegal en la Amazonía peruana” elaborado por la FCDS y Unidos por los bosques señala que hasta julio de 2023 las regiones amazónicas de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huánuco registran un total de 11 023 inscripciones para la formalización minera en el Reinfo, de los cuales solo el 21.58 % se encuentran vigentes y el 78.42 % están en condición de suspendidos.
El documento señala que, el avance del proceso de formalización en las regiones amazónicas es mínimo según información de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, solo el 13.53 % ha cumplido con presentar al menos un requisito (el Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera).
Entre los ríos afectados por la actividad minera ilegal en regiones amazónicas están el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche, Yaguas, Cenepa, Pachitea, Pozuzo, Yuyapichis, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu y otros afluentes menores de la cuenca de Madre de Dios.
1. Amazonas
De acuerdo a “Minería ilegal en la Amazonía peruana”, en Amazonas se han identificado actividades de minería ilegal en 5 distritos: Nieva, Río Santiago y Cenepa, en la provincia de Condorcanqui; Balsas, en la provincia de Chachapoyas; y El Milagro en la provincia de Utcubamba.
2. Huánuco
En este departamento existe evidencia de minería ilegal en 3 distritos: Codo del Pozuzo, Puerto Inca y Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca. De 49 puntos de actividad minera identificados en esta zona, en 22 se realizarían actividades de minería ilegal, lo que equivale al 47 % del total.
3. Loreto
En la región Loreto, de acuerdo a la información disponible, se han identificado actividades de minería ilegal en 14 distritos de la región: Barranca, Manseriche y Morona, en la provincia del Datem del Marañón; Alto Nanay, Mazán, Napo y San Juan Bautista, en la provincia de Maynas; Yurimaguas, en la provincia del Alto Amazonas; Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla; Tapiche y Alto Tapiche, en la provincia de Requena; y Teniente Manuel Clavero, Putumayo y Yaguas, en la provincia de Putumayo.
4. Madre de Dios
En Madre de Dios el 55 por ciento de los derechos mineros se encuentran superpuestos a concesiones forestales y comunidades nativas. Además, existe evidencia de minería ilegal en 7 distritos de esta región: Tambopata, Las Piedras, Inambari, Laberinto, en la provincia de Tambopata; Manu, Huepetuhe, Madre de Dios, en la provincia de Manu.
5. San Martín
En esta región se han identificado actividades de minería ilegal en 3 distritos: Chipurana y Huimbayoc, en la provincia de San Martín, y Santa Lucía, en la provincia de Tocache.
6. Ucayali
En la región Ucayali, según el Reinfo, a julio del 2023, existen 88 registros de inscripción en el proceso de formalización minera, el 9 % se encuentra vigente y el 91 % está en condición de suspendidos. Las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo son las que tienen la mayor cantidad de mineros en vías de formalización.
¿Qué pierde el Estado con esta actividad?
El informe de FCDS y Unidos por los bosques, muestra que la minería ilegal es el delito con el mayor monto acumulado con US$ 8,216 millones según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera en 2023, superando el narcotráfico y la corrupción funcionarios. Además, esta actividad es considerada como la mayor amenaza de riesgo de lavado de activos, según la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos 2021 de la UIF.
En entrevista para el diario El Comercio, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) dijo que la minería ilegal solo podrá erradicarse cuando el Gobierno controle de forma efectiva la ruta que siguen los explosivos, los insumos y los fondos de esta actividad.
“Necesitamos que la Sucamec, que es la entidad que otorga los permisos para el uso de explosivos, levante el estándar y sea mucho más riguroso. Y necesitamos también que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) logre la trazabilidad de los fondos. Este es un negocio de una dimensión tal que tiene que estar bancarizado” dijo Gobitz.
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Aquí las notas referenciales para este artículo:
- https://convoca.pe/doradaopacidad/
- https://www.planetgold.org/sites/default/files/BGI.%202021.%20Gu%C3%ADa-de-trazabilidad%20en%20Peru.pdf
- https://fcds.org.pe/publicaciones/informe-mineria-ilegal-en-la-amazonia-peruana/
- https://ojo-publico.com/4523/trazabilidad-del-oro-no-esta-garantizada-mercado-joyas-peru
- https://elcomercio.pe/economia/snmpe-sin-trazabilidad-plena-del-oro-estamos-jugando-a-la-pinata-como-los-ninos-entrevista-poderosa-mineria-mineria-ilegal-sector-minero-gobierno-seguridad-mafias-dina-boluarte-noticia/
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