Apu de comunidad Sasipahua, en Loreto, denuncia que restos de derrame ocurrido en 2022 en Oleoducto Norperuano, a cargo de Petroperú, siguen acumulados en la comunidad hasta hoy.
Servindi, 28 de octubre, 2024.- Pobladores de la comunidad shawi Boca de Sasipahua, en Loreto, viven con preocupación ante el temor de que colapse la remediación mal ejecutada de un derrame de petróleo ocurrido en su territorio.
El derrame se registró en julio de 2022 en el Tramo 1 del Oleoducto Norperuano que pasa por su comunidad y está a cargo de la empresa estatal Petroperú.
Sin embargo, no fue remediado correctamente ya que los elementos contaminados con crudo solo se recogieron y almacenaron en barriles y sacos que permanecen hasta hoy en la comunidad.
“Solo han juntado el hidrocarburo, pero ese hidrocarburo está profundizado en la tierra y cada vez que haya lluvia torrencial empieza a salir de nuevo”, alertó el apu de la comunidad, Alex Francisco.
A la fecha, la mayoría de los barriles están hinchados, y algunos ya han explotado, liberando nuevamente el crudo sobre la tierra. Además, del lugar emana un fuerte olor a gases tóxicos.
Francisco denuncia que esta situación ya ha sido alertada al OEFA y a Petroperú, pero la empresa le ha dicho que no cuentan con recursos económicos para realizar una remediación adecuada en el lugar.
“La remediación no se puede dar porque Petroperú no cuenta con recursos económicos. No es factible que el Estado nos tenga de esa manera, hay niños enfermos y peces contaminados”, denunció el jefe comunal.
A continuación, reproducimos un informe sobre el tema elaborado por Lorena Mendoza Egúsquiza, y Guisela Loayza Álvarez, comunicadora y asesora legal, respectivamente, de la Alianza Cuencas Sagradas en Perú, que visitaron la zona a fines de setiembre.
Cuando explotan los barriles de crudo en el KM 235+300 del tramo I del ONP: ¿Remediación es acopiar desechos y abandonarlos en medio del monte?
Por Lorena Mendoza Egúsquiza, y Guisela Loayza Álvarez
28 de octubre, 2024.- El 19 de julio de 2022, un grupo de trabajadores de PETROPERÚ alertó sobre un derrame de crudo en el KM 235+300 del tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP), a la altura de las comunidades Adelino Rivera y San Juan de Sasipahua, distrito de Barranca, provincia Datem del Marañón, Loreto. Este derrame afectó en primer lugar a las quebradas de los ríos Lanzacaño y Sasipahua, que desembocan en el río Marañón y son fuente de agua para ambas y varias otras comunidades colindantes pertenecientes a la Nación Shawi.
En ese entonces, las cifras del informe de OEFA reportaron la afectación de 129 personas y 28 viviendas. Además, la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Loreto (GERESA) realizó un análisis de la situación de salud del distrito de Barranca, refiriéndose específicamente a las condiciones de las comunidades afectadas:
“Las afluentes de la quebrada Lanzacaño y Sasipahua, del Alto Marañón, la cocha de la Comunidad de San Juan de Mojarayacu y quebrada Nucuray vienen siendo afectado por el derrame de petróleo crudo ocurrido este año afectando directamente a las comunidades, San Juan de Sasipahua y Adelino Rivera. Comunidades que viven del campo, pesca el cual, se encuentra afectado y continúa siendo un gran problema de la salud pública. Según el estudio de análisis de la ANA, estas aguas no son aptas para el consumo humano.” [...] “en la comunidad de San Juan de la Boca de Sasipahua afectando directamente el agua que consume (quebrada de Sasipahua), toda la población, ya que dicha comunidad no cuenta con pozos artesianos. En esta comunidad la población presentó vómitos, diarreas, dolor abdominal, es así lo confirma el teniente de dicha comunidad” (GERESA, 2022)
Por su parte, en otro informe realizado por PetroPerú concluyó que el derrame de crudo se habría realizado debido a seis (6) cortes provocados en el ONP, cuyos responsables directos nunca fueron esclarecidos. Si bien el 30 de julio del mismo año la empresa realizó los trabajos de reparación para obturar el ducto, solo hasta diciembre (6 meses después), PetroPerú lanzó la convocatoria de contratación de una empresa remediadora a fin de realizar el servicio de recuperación de residuos de hidrocarburos en contingencia del KM 235 en el tramo I del ONP.
Este Proceso de contratación tardó cerca de un año en concretar la contratación de la Empresa Comunal San Pedro Urarinas, recién el 4 de septiembre del 2023. Es decir, PetroPerú tardó 15 meses desde el derrame para seleccionar y contratar una empresa para que remedie su desastre lo que se traduce en territorio en la dispersión del crudo en las cuencas de agua y la afectación en la salud de personas y fauna que beben y viven en ese medio. La demora en la ejecución de la remediación le valió a PetroPerú una multa, la cual la empresa estatal intentó impugnar en el Tribunal de Fiscalización Ambiental, sin éxito.
Una remediación que no remedia el derrame y sus afectaciones: ¿Cómo se ejecutó la remediación en Sasipahua?
A pesar de la demora de PetroPerú para ejecutar la primera respuesta al derrame de crudo en el KM 235+300 del tramo I del ONP, la empresa contratada finalmente realizó trabajos de limpieza, recogida de residuos sólidos y acopio de sustancias tóxicas en dos campamentos de acopio temporales, construidos por Shaluko E.I.R.L., la empresa encargada del mantenimiento y refuerzo de la contención en la zona afectada por el derrame.
Los dos centros de acopio temporales, construidos con palos, tablones de madera blanda y plástico azul, se encuentran (1) junto al ducto en la zona de ruptura, y (2) a una hora de caminata hacia las cuencas del Sasipahua, como se muestra en el siguiente mapa: (se adjunta mapa).
Estas construcciones temporales no han recibido mantenimiento y se encuentran en condiciones paupérrimas, con los maderos podridos. Esta grave situación fue corroborada y documentada por el equipo de Cuencas Sagradas en Perú, durante una visita a la zona a finales de septiembre de 2024. La intervención fue coordinada con Alex Noriega, kuraka de la comunidad Sasipahua de la Nación Shawi, y guiada por un comunero.
Durante la visita, se constató el fuerte olor a gases tóxicos alrededor de las construcciones temporales, donde se almacena crudo en cilindros de metal y sacos de plástico blanco. Los cilindros de metal se encuentran en proceso de explosión debido a los gases pesados y la degradación. En total, se contabilizaron más de dos docenas de cilindros y entre 200 y 300 sacos.
Lo alarmante es que, poco más de un año después de la construcción de estos campamentos temporales, no sólo las estructuras están colapsando, sino que la mayoría de los barriles están hinchados, y algunos ya han explotado, liberando nuevamente el crudo sobre la tierra, y que podría tener como resultado que en diferentes momentos producto de las explosiones de los barriles, se vuelva a derramar todo el material contaminante y el crudo recabado con tanta demora por parte de PetroPerú a través de su contratista.
El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, establece que ante emergencias ambientales como los derrames de crudo, las empresas operadoras, en este caso PetroPerú, están obligadas a "adoptar acciones de primera respuesta para controlar la fuente, así como contener, confinar y recuperar el contaminante, para minimizar los impactos negativos ocasionados", y otras medidas especificadas en el Plan de Contingencia de su Estudio Ambiental. La falta de un plan no exime a la empresa de ejecutar de inmediato las acciones mencionadas.
Asimismo, entre las acciones de Primera Respuesta como mínimo deben adoptarse las siguientes:
- Controlar de fuente de derrame
- Asegurar el área y realizar contención.
- Recuperación superficial y disposición final del contaminante.
- Limpieza del área afectada por el contaminante.
- Disposición final de los residuos generados en las acciones anteriores.
- Acciones de rescate de fauna silvestre.
- Otras acciones que señale el Plan de Contingencia, a fin de minimizar la implicancia ambiental del siniestro o emergencia ambiental.
Asimismo, es obligación del titular dentro de los 10 días hábiles del derrame, informar sobre las acciones de Primera Respuesta ejecutadas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y presentar un “Plan que contenga un Cronograma de aplicación de las Acciones de Primera Respuesta por ejecutar (...)” (art. 66-A.2). Las operadoras tienen el deber de informar que han concluido tales acciones (art. 66-B). El cumplimiento del plan mencionado es supervisado por OEFA (66-B). Si OEFA determina que se superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) u otros niveles de fondo; o de persistir alteraciones en el ecosistema, establece un plazo (no más de 18 meses) para que la operadora presente un Plan de Rehabilitación (art. 66-B.3), el mismo que debe ser evaluado y de ser el caso aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas o el Gobierno Regional, de haberle transferido funciones (art. 66-C.2).
Por tanto, ante el derrame que afectó Sasipahua, Petroperú ha incumplido ampliamente sus obligaciones legales, entre ellas la de dar una disposición final correcta al material tóxico recabado, el que permanece en la zona y vuelve a derramarse en la tierra y que con las lluvias, llega nuevamente al río con la única diferencia que esta vez no será desde el ducto sino desde los sacos y cilindros descompuestos, sin concretar ninguna rehabilitación de la zona ni de las afectaciones en la salud de los comuneros Shawi, que una vez más hacen frente a la indolencia y la negligencia de una operadora petrolera estatal que actúa en el marco de la criminalidad.
La remediación de los derrames de crudo en la Amazonía peruana mantiene un desenlace irresuelto; se repite la historia de Sasipahua. Hemos visto esto en el derrame en territorio Chapra, en el Km 177 del ramal norte del ONP, ocurrido en septiembre de 2022, dejando a los pueblos indígenas unidos en un grito sin voz, pidiendo, por favor, no seguir siendo envenenados.
¿El último derrame registrado el 3 de octubre de este año en el río Pastaza, también en Loreto, nos anticipa un futuro similar? La remediación no es un proceso que deba tener interpretaciones; el regreso de los ecosistemas a su condición previa a un derrame conlleva un plan de acciones que va más allá de acopiar residuos contaminantes. No retirar estos desechos en las zonas afectadas seguirá vulnerando la calidad de vida de cientos de familias, sin mencionar el impacto económico que ya han sufrido al perder la actividad pesquera, una fuente de ingresos crucial para las comunidades.
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