Servindi, 12 de noviembre, 2024.- Una nueva publicación compara las políticas de conservación de Perú y Colombia en relación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la tenencia de tierras y su participación en la conservación de la biodiversidad.
El texto elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Amazon Conservation Team (ACT) se titula: “Conservación basada en derechos: Desafíos, brechas y oportunidades”.
El documento de 66 páginas analiza el avance en derechos territoriales de pueblos indígenas y su relación con la tenencia de tierras y con la conservación de la biodiversidad en ambos países amazónicos.
Conservación basada en derechos
Cabe destacar que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha propuesto y desarrollado el concepto de conservación basada en derechos, que implica, a su vez, la conservación con justicia.
Ello significa que todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la conservación de la naturaleza respeten y garanticen los derechos –tanto sustantivos como procedimentales– de las personas y comunidades que puedan verse afectadas con las medidas de conservación.
Una política de conservación ambiental basada en derechos respeta y promueve que se cumplan las normas que garantizan los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, entre los que se incluyen los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, niñas y jóvenes.
En términos de la UICN, los derechos humanos son fundamento ético de la buena gobernanza de los recursos naturales. Se entiende que, en la medida en que se logran los objetivos de conservación, se contribuye al cumplimiento y goce de varios derechos humanos.
La publicación
El documento destaca la importancia de reconocer y proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas como una estrategia efectiva para la conservación de la biodiversidad.
En Perú, el 24.9 por ciento de la población se identifica como parte de un pueblo indígena u originario, mientras que en Colombia, al menos 1.9 millones de personas son indígenas.
El análisis identifica desafíos como la falta de información y participación efectiva de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.
También se aborda la necesidad de seguridad jurídica territorial para garantizar la protección de los territorios indígenas.
El documento concluye con recomendaciones para ambos gobiernos, enfatizando la importancia de un enfoque de conservación basado en derechos que respete y garanticen los derechos de las comunidades locales.
Sobre los autores
La SPDA es una asociación civil sin fines de lucro que, desde su fundación en 1986, trabaja en la promoción de políticas y legislación ambiental y en el diseño e implementación de instrumentos que favorezcan el desarrollo sostenible bajo principios de gobernanza, equidad y justicia.
ACT es una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro que trabaja por la protección de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales, reconociendo su relación de interdependencia, con el objetivo de conservar, proteger y/o restaurar el balance de este vínculo.
Sus acciones están centradas en la salud y el bienestar de todas las especies y sus hábitats, considerando la compleja red de conexiones que sustentan la vida en el planeta.
Descargue la publicación a través del siguiente enlace:https://goo.su/zXlH |
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