Imagen: OCMAL
Medida se da luego de que el Minem otorgara permiso a empresa minera para explorar territorio de la comunidad campesina, según denuncian, sin aplicar consulta previa.
Servindi, 5 de noviembre, 2024.- La comunidad campesina San Juan de Cañaris, de la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, ratificó una consulta popular de 2012 rechazando al proyecto minero ‘Cañariaco’, de la empresa Candente Copper SAC.
La medida fue adoptada en una reciente asamblea general luego de que el Ministerio de Energía y Minas otorgara el 10 de octubre a la empresa permiso para explorar el territorio comunal “sin aplicar la Ley de Consulta Previa”.
En la asamblea, realizada el 2 de noviembre, también se aprobó inhabilitar por 10 años a Narciso Barrios de los Santos, como autor del delito de usurpación de cargos de la comunidad campesina.
Así como a Alcides Zamora Hurtado, Pedro Rinza Lucero (exjuez de paz del distrito de Kañaris), Wilson Tantarico Huamán (suprefecto del distrito de Kañaris) y a Roberto Rodolfo Reyes Rinza (expresidente de la comunidad), “como coautor del delito de usurpación de cargo de la presidencia de la comunidad”.
Años de rechazo
El proyecto minero ‘Cañariaco’ tiene años siendo rechazado por la población local, pero pese a ello, se insiste en su ejecución.
En 2012, cerca de 2 mil pobladores de los 38 caseríos de la comunidad San Juan de Cañaris participaron en un proceso democrático para decidir si estaban de acuerdo o no con la instalación del proyecto.
El proceso, impulsado por la asamblea comunal, obtuvo un resultado del 96.9% de votos en contra del proyecto minero.
A partir de ello, los comuneros se organizaron para que el Estado reconozca su decisión, llegando a iniciar un paro indefinido el 20 de enero de 213.
El paro duró tres días y dejó más de 20 comuneros heridos por la represión policial. Tras ello, la comunidad logró que se suspendiera el proyecto temporalmente; sin embargo, la insistencia continúa.
En 2022, CooperAcción señaló que “‘Cañariaco’ forma parte del grupo de proyectos mineros que en las últimas décadas han encontrado una fuerte resistencia de las poblaciones vecinas y que a todas luces no cuentan con lo que las propias empresas mineras denominan como licencia social para operar”.
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