El Reinfo fue creado en el 2016. Desde entonces, se ha ampliado cuatro veces. Foto: La República
Solo 2 mil de los más de 87 mil inscritos en el REINFO logró formalizarse desde que existe este mecanismo. Pese a su poca efectividad, Congreso insiste en ampliar plazos de inscripción que terminan favoreciendo a ilegales.
Servindi, 4 de noviembre, 2024.- De los 87,111 pequeños mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) desde que existe en 2016, apenas 2,032 (el 2,4 %) ha logrado formalizarse.
Otro grupo de 69,107 inscritos (casi el 80 %) está suspendido por no cumplir con las condiciones para seguir el proceso, pero al contar solo con la inscripción al REINFO, opera sin que se les pueda procesar o denunciar.
Esta cifra oficial del Ministerio de Energía y Minas demuestra que este mecanismo no está funcionando para lo que fue creado y, por el contrario, permite que sigan operando miles de mineros ilegales, según especialistas.
La estadística es reveladora en momentos en que el Congreso busca ampliar nuevamente —y esta vez de forma indefinida— el proceso de inscripción al REINFO, cuyo plazo vence en diciembre de 2024.
Leyes a favor de la ilegalidad
El REINFO fue creado en 2016 como un registro temporal (por 3 años) para impulsar la formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE); sin embargo, desde entonces se ha ido ampliando cuatro veces.
Hasta hace unos días, eran cuatro las iniciativas presentadas para ampliar nuevamente el REINFO hasta el 2026 o 2027, presentadas por los congresistas José Luna, Segundo Quiroz, Guido Bellido y Paul Gutiérrez.
Estas iniciativas fueron agrupadas en un predictamen que no precisa un periodo de caducidad determinado, pero la condiciona a “la entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal” (Ley MAPE).
Para el abogado especialista en temas ambientales César Ipenza, esto indicaría que “quieren un proceso de formalización minera permanente”, pues ni el Congreso ni el Ejecutivo promueven la Ley MAPE.
“En la Comisión de Energía y Minas ya existe una propuesta de ley MAPE, pero no han avanzado en este dictamen. Solo se basan en la excusa de que el Poder Ejecutivo no ha presentado la iniciativa”, explicó.
A las cuatro iniciativas se ha sumado recientemente una impulsada por el parlamentario Darwin Espinoza, que sería la más peligrosa porque pretende que “mineros que operan en la ilegalidad se registren y aparezcan como mineros informales”.
“Eso significa que, si estoy inscrito en ese registro, la Policía no me puede sancionar porque estoy exento a responsabilidad penal", señaló Ipenza, en una entrevista con Canal N.
Según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal fue el delito con el mayor monto acumulado entre el 2013 y 2024, alcanzando los US$8.216 millones y superando al narcotráfico.
En ese sentido, Ipenza cuestionó que el Congreso busque aprobar leyes que favorezcan a lo que se ha convertido en la “principal actividad económica que moviliza mucho dinero y que está asociada a las organizaciones criminales”.
No hay un debate serio
El exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, también cuestionó los intentos por ampliar los plazos de inscripción al REINFO dada su poca efectividad.
“Está claro que la formalización minera no ha funcionado. Ha sido ampliado varias veces y ha servido para que los mineros informales y los ilegales sigan trabajando”, dijo.
Además, señaló que es “preocupante que se insista en prorrogar la inscripción en el REINFO. Es un problema que necesita un debate serio y en el Congreso no se está dando”.
“Lo que se ven son sectores influenciados por este tipo de actividad y un Ejecutivo que no tiene una real voluntad de abordar el tema”, indicó.
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