La población de la reserva ignora las consecuencias de ampliar el proyecto Camisea sobre sus territorios
Servindi, 9 de enero, 2014.- Como si el relator especial de las Naciones Unidas no existiera y no hubiera visitado de manera oficial el Perú, el Viceministerio de Interculturalidad (VMI) anunció que apenas falta levantar tres observaciones para dar el visto bueno al estudio de impacto ambiental (EIA) que ampliaría las actividades del proyecto Camisea sobre un área reservada para pueblos en aislamiento y en contacto inicial.
Así se desprende de la Resolución Viceministerial 001-2014 del 6 de enero y que aprueba la opinión técnica previa vinculante sobre el EIA para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88 y que fue notificada el martes 7 al Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Así lo comunica una nota publicada en el portal web del Viceministerio de Interculturalidad. En esta se informa que fueron levantadas 34 de las 37 observaciones planteadas al EIA y que "aún subsisten 3 observaciones (llamadas re-observaciones) que deben ser absueltas por la empresa Pluspetrol".
La más importante se vincula con el recorte del área del subproyecto de prospección Sísmica 3D, que a consideración del VMI resulta insuficiente.
Ello "debido que aun cuando no se ha encontrado evidencia fehaciente de la existencia de población en aislamiento en el área, en el marco del principio precautorio, se pide excluir la cuenca del Paquiría".
La nota destaca que la Pluspetrol "ha ceñido su Plan de Contingencia Antropológico a los lineamientos estipulados por el VMI, entre los cuales el más importante es que afirma el principio de no contacto, incluso con aquella población en situación de Contacto Inicial".
Ello, sumado a otras medidas como los campamentos confinados, el código de conducta de la empresa que prohíbe bajo sanción tener contacto con la población local, el protocolo de vacunas y control mensual de salud del personal antes de ingresar a la reserva.
Según el VMI ello "garantiza la protección de la salud y la vida de los habitantes de la reserva".
Las recomendaciones del relator
Según diversos especialistas que siguen el caso, el anuncio del VMI indicaría la pretensión de ignorar las recomendaciones efectuadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas James Anaya al culminar su visita oficial al Perú.
Por ejemplo, Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó que el relator recomendó la elaboración de un nuevo informe "exhaustivo".
Para que no quede duda el relator precisó que dicho informe debe elaborarse "con la participación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del Lote 88".
Vanessa Cueto, abogada de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), coincide en que el análisis antropológico recomendado por James Anaya es una "prioridad" que estaría soslayando el VMI y que debería ser promovida por esta instancia.
Recordó asimismo que actualmente se está elaborando un informe sobre la situación de la salud de la población Nanti de la reserva territorial a cargo del ministerio de Salud y esta información "también deberían tomarse en cuenta" en la evaluación, afirmó en una entrevista concedida a Noticias Ser.
Conflicto de intereses y presión política
El abogado del IDL recordó que las 83 observaciones al EIA formuladas en el informe técnico aprobado por la Resolución Viceministerial 005-2013-VMI suscrito por el ex viceministro Paulo Vilca Arpasi están vigentes y deben ser absueltas.
Si bien se anuló y dejó sin efecto la resolución de Paulo Vilca, recordó que bajo el punto de vista del derecho administrativo las observaciones técnica no pueden ser desaparecidas sin ser levantadas.
"Nunca se ha explicado cuál ha sido el sustento para dejar de lado tales observaciones. En el informe publicado no se incluye esta información, incumpliendo lo dispuesto por la Resolución 007 que señala que la nueva evaluación tiene carácter complementario", precisó Ruiz Molleda.
Ello conlleva no solo una crítica directa al informe de la Resolución Viceministerial 009-2013-VMI-MC sino además -advirtió- no debemos olvidar que existe un conflicto de interés y una presión política en torno a la aprobación del EIA.
Recordemos que Paulo Vilca Arpasi admitió que tuvo que renunciar por "presiones políticas" que intentaban obligarlo a aprobar el EIA y que el informe de Patricia Balbuena ha sido elaborado con intervención de una alta directiva de una empresa consultora que brindó servicios a Pluspetrol.
Falta de transparencia
Vanessa Cueto, observó que existe falta de transparencia en el proceso de aprobación del EIA pues el "levantamiento de observaciones a Pluspetrol" no es de acceso público y no aparece en el portal web del ministerio de Energía y Minas.
Si bien se tiene alguna información en la resolución ministerial "la información de Pluspetrol debería estar publicada en la página del ministerio y no lo está" aseveró, lo que es preocupante.
No se han adoptado medidas de protección mínimas
Finalmente, el abogado constitucionalista sostuvo que el Gobierno "no ha implementado las medidas de protección mínimas de los pueblos en aislamiento que la ley y sobre todo el reglamento de dicha ley le exige".
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