Colombia: Qué hay de fondo en movilizaciones del Putumayo

ONIC, 1 de agosto, 2012.- La vía Mocoa-Pitalito permanece tapada por la movilización pacífica que adelantan indígenas, afro y campesinos que exigen al gobierno nacional cumplimento en materia territorial y que cese el auge de concesiones y expedición de licencias para explotación minera, hidrocarburos y de recursos naturales, a diestra y siniestra lo cual afecta profundamente su integridad física, cultural, territorial y espiritual pues vulnera sus sitios y ritos sagrados…

Durante el último mes en el departamento del Putumayo comunidades indígenas, afro y campesinas han decidido plantarse frente a los atropellos que les han impuesto tanto el gobierno nacional y local con sus proyectos de desarrollo de infraestructura y de extracción de recursos, como las empresas, y que ha dejado a las diversas comunidades afectadas en su integridad cultural, ambiental y territorial y excluidas de los beneficios sociales.

En ese sentido desde el fin de la semana pasada ríos de gente marcharon de Puerto Asís hacia la capital, Mocoa, para exigir el derecho fundamental a la Consulta Previa Libre e Informada frente a la construcción de la variante San Francisco Mocoa, obra vial que afectará a estas comunidades en cuanto a sus ríos, ecosistemas y todo el hábitat territorial.

“La manifestación es porque no se nos ha consultado a la comunidad el desarrollo de esta vía, estamos reclamando este derecho fundamental y queremos que nos respeten; la consulta debe hacerse con todos, con la comunidad, y no sólo con unos pocos dirigentes”, explicó Lilia Tisoy Jajoy, una joven del pueblo indígena inga del municipio de Santiago, Valle de Sibundoy.

El sentimiento joven en la defensa territorial, ha sido protagonista en esta movilización y en la que desde el 25 de junio, se tomó pacíficamente la Vía Mocoa -Pitalito, en Yunguillo, donde unos 2500 indígenas y campesinos protestan por los incumplimientos del gobierno y el abandono en que están las comunidades rurales del Putumayo y Nariño.

El Taita inga Ángel Jacanamijoy, por ejemplo, explicó que no ha habido avances del INCODER en materia de saneamiento, ampliación o titulación de resguardos como se acordó, tampoco ha habido avances en los acuerdos del Plan de Desarrollo, ni en los acuerdos logrados en la Mesa Permanente de Concertación.

Señaló que el gobierno nacional se empeña en entregar concesiones mineras, de hidrocarburos o de explotación de recursos naturales en una feria de ofertas al mejor postor y que través de Ministerio de Ambiente se ha empeñado en otorgar licencias ambientales para la explotación de estos recursos, lo cual afecta la integridad territorial de las comunidades de la región.

Otros líderes de la movilización ratifican que detrás de esta feria de concesiones vienen atropellos indiscriminados contra la población civil y que el gobierno con su táctica de estigmatizar la protesta social lo que hace es poner en grave riesgo la vida de los habitantes que exigen sus derechos y justificar los atropellos de la fuerza pública, en este caso el ESMAD, para agredir los manifestantes.

De todas maneras las formas de actuar del gobierno por la fuerza o por graves señalamientos han minado la poca confianza de la población civil en la Fuerza Pública y en la frágil voluntad política del gobierno, pues uno de los puntos de acuerdo o de exigibilidad para levantar la toma pacífica, es que los “escuadrones de terror” del ESMAD, como los llaman los lugareños, sean retirados para iniciar los diálogos. Hoy se espera que haya una reunión de alto nivel en la que el gobierno reanude el cumplimiento de los acuerdos y de esa forma los 2500 manifestantes levantan la toma.

De otra parte está también la poca o nula atención del Estado en materia de servicios básicos y programas sociales, como indicaron las autoridades indígenas, lo cual fue otra motivación que llevó a varios cabildos indígenas del Putumayo y de Nariño a concentrarse en el resguardo Condagua, ubicado en la región de Yunguillo, y tomarse la vía para poder ser escuchados.

Los líderes de la movilización pacífica reiteran la defensa del territorio, la dignidad y la existencia, así como el arraigo a sus tradiciones culturales, por lo cual exigen además una consulta previa con las comunidades para efectos de desarrollar diversos proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales, mineros y petroleros, entre otros.

Por ello una de las principales agresiones que motivo la movilización fue la declaratoria del Putumayo como distrito minero, sumado al tema de tierra y territorio, pues aseguran que se ha desatado una ola violatoria de los derechos humanos en los territorios indígenas.

Si bien la movilización de Puerto Asís a Mocoa se levantó de momento se espera que en próximas semanas se vuelva a reactivar pues el ímpetu juvenil de la región esta presto ahora a apoyar cualquier iniciativa en defensa del territorio. Un grupo de jóvenes inga con quien conversamos desde la consejería de Comunicaciones ONIC manifiestan que si bien hay autoridades del cabildo de Santiago y algunos dirigentes indígenas que por ser funcionarios públicos de gobierno pretenden desaprobar las manifestaciones, habrá resistencia para muchos años y ya los jóvenes se organizan para hacer frente a las estrategias de coptación del gobierno, primero está la conservación y respeto de la cultura y el territorio indígena…

Lo de fondo, defensa de los pueblos

En 2010 con movilizaciones pacíficas, acciones jurídicas, unidad y arraigo territorial ancestral los pueblos indígenas del Putumayo y comunidades afrocolombianas lograron frenar la implementación del proyecto vial variante San Francisco -Mocoa, proyecto considerado por el gobierno pilar para el “desarrollo” regional y que corresponde al mega proyecto de infraestructura IIRSA, el cual busca implementar infraestructura para extraer recursos mineros, petroleros, energéticos, naturales, biodiversidad y conocimiento ancestral de la Amazonia.

Lo ocurrido entones responde la mismo propósito de hoy, al defensa territorial, en este sentido los pueblos inga y kamëntza, otros sectores sociales, campesinos y afro de la Bota Caucana, se han decidido a defender el territorio del Putumayo y especialmente el territorio ancestral conocido con el nombre de Carlos Tamabioy, en homenaje al taita indígena quien legó a los pueblos este territorio sagrado, él mismo lo compró a la corona española en el año 1700.

No obstante pueblos indígenas, afro y campesinos son conscientes de la magnitud del problema, el el reto no es fácil, además de la estrategia de desarrollo, locomotora minera y graves y constantes vulneraciones a los derechos humanos y colectivos de las comunidades por cuenta del conflicto armado y actividades de narcotráfico en la zona, los pueblos deben encarar un monstruo mayor: los objetivos globales de desarrollo.

Para la región el principal reto es el objetivo del Eje de Integración y Desarrollo para el Amazonas -del cual hace parte la variante San Francisco- Mocoa-, enmarcado en la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA, pensado por los gobiernos de UNASUR para propiciar mayor integración de la red de infraestructura de transporte de Colombia con Ecuador, Perú y Brasil, mediante mejoramiento de comunicación por vía terrestre entre los países, que permita consolidar el Corredor de transporte Intermodal Tumaco -Puerto Asís – Belén Pará, como mecanismo eficiente en la promoción del desarrollo del sur de Colombia y norte de Ecuador, Perú y Brasil, fortaleciendo el comercio entre los países del Eje del Amazonas.

La Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IIRSA, que además nunca ha sido consultada, al cual deben enfrentarse los habitantes del Putumayo, es un conjunto de mega proyectos orientados a un modelo extractivista. La iniciativa surgió en 2000 como propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a la reunión de presidentes de América del Sur celebrada en Brasilia a finales de agosto.

Allí los 12 mandatarios de la región acordaron realizar acciones conjuntas para impulsar el proceso de integración política, social y económica de la región suramericana, incluyendo la modernización de infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y desarrollo de sub-regiones aisladas.

Tal compromiso se tradujo en un Plan de Acción, formulado en la reunión de Ministros de Transporte, Energía y Telecomunicaciones de América del Sur, realizada en Montevideo, en diciembre de 2000, el cual estableció las líneas de acción principales de IIRSA, hoy constituido como marco de referencia para el desarrollo de estas actividades.

Estas actividades IIRSA buscan identificar requerimientos de tipo físico, normativo e institucional para planificar e implementar las infraestructuras estructurantes de integración suramericana, trazando fines como: coordinación de planes e inversiones; compatibilización y armonización de aspectos regulatorios e institucionales asociados y; generar mecanismos innovadores de financiamiento público y privado.

En respuesta a ello el movimiento indígena de Latinoamérica, en distintos escenarios y con sus distintas organizaciones ha optado por sentar una oposición reflexiva en defensa del territorio, la autonomía y los derechos de los pueblos aborigen del continente, que se ven amenazados y vulnerados con este proyecto “devastador y depredador de la Madre Naturaleza”, consideración hecha por organizaciones como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y la ONIC entre otras.

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Fuente: ONIC Comunicaones

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