Por Gisella Evangelisti
La Constitución otorga a la presidenta de Brasil el derecho de veto a la reciente reforma del Código Forestal que según los ambientalistas permitirá una deforestación brutal de la Amazonía. ¿La vetará?
En la mesa de la presidenta de Brasil está el documento de la controvertida reforma al Código Forestal, aprobada el 25 de abril por el Congreso después de años de tira y afloja, que según los ambientalistas dará vía libre a una deforestación brutal en la Amazonía, por amnistiar a quien deforestó ilegalmente antes del 2008, reducir las superficies de protección en zonas ecológicamente frágiles alrededor de los ríos, en las cumbres de las colinas, en las haciendas con presencia de bosques. “Un verdadero asalto al bosque amazónico”, “un desastre anunciado”, se lee en muchos títulos de la prensa internacional.
La Constitución otorga a Dilma Roussef un plazo de quince días para vetarla, y así mantener las promesas hechas en la campaña electoral a favor de la conservación de la Amazonía, y presentarse con orgullo frente a los representantes del mundo en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente, que se tendrá en junio (la Rio + veinte).
Al otro lado, la bancada de los “ruralistas”, los diputados apoyados por los terratenientes que financian su campaña electoral, tienen un exorbitante poder en la Cámara. Mientras el censo del 2010 la población rural representa solo el 16% de la población, el Frente Parlamentario Agropecuario está compuesto de 268 diputados,que corresponde al 52% de los elegidos. (Los votos a favor del Código fueron 274, los contrarios 184).
Los “ruralistas” quieren expandir el agro negocio, haciendo de Brasil un gran exportador de alimentos y biocombustibles, a expensas de los pequeños agricultores que practican una agricultura sostenible, y del millón y medio de campesinos miembros del Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, (MST) que siguen reclamando poder trabajar en terrenos mantenidos improductivos. No solo a expensas de ellos, avisan los ambientalistas como Greenpeace. Si gana el Código, perderá el planeta.
Mientras diez ex ministros de ambiente brasileros han dirigido a Dilma una petición para que vete el Código, todo el mundo retiene el aliento, esperando que la presidenta detenga con su firma el malhadado Código. Están discurriendo rápidamente los 15 días del plazo, mientras el documento sigue en sus manos. ¿Lo vetará?
Dilma Roussef, economista, es la primera mujer en la historia de Brasil a ocupar el cargo de presidenta. “Una mujer de armas tomar”, la definen algunos, a pesar de su sonrisa y su elegancia discreta, no refiriéndose solo a su pasado de miembro de grupos armados en lucha contra la dictadura, que la detuvo y torturó, sino a su determinación como mandataria. En un año y medio de gobierno ha eliminado diez ministros, ocho de los cuales por corrupción, y ha criticado duramente los bancos, que a pesar de su situación flórida, practican tipos altísimos… Los mass media de la poderosa Rede Globo no la ensalzan, pero su popularidad ha llegado al 77% de aceptación.
“No es mi carácter a ser difícil, es mi función”, aclara Dilma. “Debo resolver problemas y conflictos, sin descanso. No soy criticada porque dura, sino porque mujer. Soy una mujer dura, en medio de hombres “suaves””. Acostumbrados, por ejemplo, al intercambio de “favor con favores” que contamina la vida política brasileña y que Dilma aborrece.
Por cierto, no es fácil manejar “o país mais grande do mundo”, que se ha vuelto recientemente sexta potencia mundial, (superando a Gran Bretaña), que posee el 60 por ciento de la floresta pluvial más extensa del planeta, grandes reservas de agua dulce, y produce la mitad del PIB latinoamericano. Un país con tremendas desigualdades sociales, pero a la vez un porcentaje de paro del 4,7%, que es la mitad del europeo, y puede atraer a jóvenes ingenieros extranjeros en sus planes de desarrollo de las industrias e infraestructuras del país. Un Brasil en pleno auge que reclama un rol de mayor relieve entre los países emergentes y en el mundo, donde están declinando la potencia de los Estados Unidos y de Europa. Dilma se ha propuesto erradicar la pobreza y a la vez mantener su prestigio adquirido en la primera Cumbre para el Ambiente, realizada en Río en 1992, conservando la Amazonía.
Casi la mitad de los bosques en Brasil son protegidos oficialmente por ser reservas o parques nacionales, ¿no son suficientes? Opinan los “ruralistas”.
No, no lo son, porque es una protección en gran parte teórica, rebaten los ambientalistas, pues los bosques son constantemente invadidos por madereros y agricultores ilegales. Y ¿qué puede hacer contra los invasores un guardia armado a cargo de 1800 Kmq de bosque? ¿Cómo hacer respetar la ley a los fazenderos que razonan con el plomo?
Los caminos de la Amazonía, de hecho, siguen regados de sangre. 1585 asesinatos en los conflictos por la tierra entre 1985 y 2010, son denunciados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), ligada a la Iglesia católica, y solo 91 de ellos fueron procesados. Las víctimas son dirigentes campesinos, ambientalistas, monjas y sacerdotes que luchan contra el trabajo semi esclavo y a favor de una agricultura sostenible. Entre los pocos delitos punidos, el de Dorothy Stang, una risueña monja estadounidense que después de cuarenta años al lado de los campesinos pobres, apoyando un proyecto de agricultura sostenible llamado “la Esperanza”, en Anapú, Pará, fue matada en 2005 por dos pistoleros que recibieron una recompensa de 24 mil dólares por dos fazenderos locales que querían liberarse de ella. Los cuatro siguen en la cárcel, como excepción que justifica la regla.
Desde su primer mandato, Lula a través del IBAMA (Instituto Brasileño del Medio ambiente y Recursos Renovables), trató de hacer un reordenamiento del territorio, establecer dónde y cómo se podía reutilizar las tierras deforestadas y desgastadas. Y la deforestación ha bajado, aun cuando sus niveles siguen alarmantes. Prometió también con la Reforma Agraria utilizar tierras para 400 mil familias de campesinos sem terra, pero la entrega fue lentísima y llegó a pocos millares de familias, mientras el BNDES, (Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil), seguía financiando los fazenderos. Ellos mantienen desde la época de la independencia, y después con la ocupación continua e ilegal de tierras un poder despótico en las zonas rurales, y como se ha visto, exorbitante en el Parlamento.
Lula, proveniente del ambiente obrero urbano, hizo un gesto de buena voluntad hacia los pueblos amazónicos nombrando como Ministra para el Ambiente, una joven zamba del Acre, Marina Silva, hija de serigueiros, y ella misma en su infancia recolectora de caucho, para ayudar la familia. Analfabeta hasta los catorce años por no tener escuelas en el campo, fue compañera de lucha de Chico Mendes, el dirigente sindical que por promover un extractivismo sostenible, fue asesinado en 1988 en Xapurí por fazenderos.
Marina, como ministra (y últimamente como representante del Partido Verde) ha levantado su voz en numerosas sedes contra los riesgos del agro negocio, que envenena tierras, aguas y poblaciones locales con el uso excesivo de fertilizantes químicos e insecticidas, difunde los transgénicos, concentra las tierras en pocas manos, y por ende, en vez de traer desarrollo empeora la alimentación y condiciones de vida de las poblaciones rurales.
En el gobierno Lula el trabajo de Marina encontró más obstáculos del previsto, como cuando se produjo un choque con la ministra de Energía, Dilma Roussef. Marina, preocupada por los impactos ambientales de muchas obras propuestas por Dilma, tuvo que dimitir.
Pues también el tema energético es motivo de encendidas polémicas. Durante la presidencia de Dilma en el Consejo de Administración de la empresa estatal Petrobrás, Brasil ha conseguido utilizar el petróleo para sus necesidades energéticas, y ahora como mandataria se ha propuesto de universalizar dentro del 2015 el acceso a la electricidad, a aproximadamente 30 millones de personas que todavía no la tienen. El gobierno de Lula ha apostado para el desarrollo de Brasil a la construcción de grandes represas eléctricas. Una, la Belo Monte, está siendo construida en el río Xingú, en el Pará, entre las protestas de las poblaciones indígenas y ribereñas que ven su modo de vida y su hábitat destruidos.
Pero, como Brasil no tiene grandes saltos de agua, se ha dirigido también a los países limítrofes, en especial a Perú, que tiene un gran potencial energético poco utilizado, y ha firmado en 2010 un acuerdo con el presidente Alan García para construir cinco grandes represas…..otra vez, en territorio amazónico, habitado por pueblos indígenas ancestrales ya en situación critica, como los Asháninka de la selva central o los Harákmbut de la región Madre de Dios, colindante con Bolivia. La construcción de las obras, financiadas por el BNDES del Brasil, según recita el tratado, debería ser muy ventajosa para Perú, que daría sus “excedentes de energía” al país socio. Pero la “Folha de Sao Paulo” estima que, tras la retórica de los acuerdos, estos excedentes serían entre 70% y 80% para Brasil. El gobierno brasileño elude hablar de los graves daños sociales y ambientales que acarrearía para la Amazonía peruana este acuerdo, (todavía a ser ratificado por los respetivos Congresos), a la vez que rechaza el término de “imperialista”. La polémica está servida.
La periodista Milagros Salazar, de “Comunicaciones Aliadas”, alerta que una mega represa en la Amazonía, con sus residuos orgánicos, produce grandes cantidades de metano, un gas con efecto invernadero 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono.
¿Cuáles las alternativas, entonces? “Una es la producción descentralizada de energía, en miles de pequeñas hidroeléctricas que cada localidad podría implantar”, asegura Sonia Maramanhao, representante del MAB (Movimento de Atingidos pelas Barragens, o Afectados por las Represas). “Esto sería factible si los fondos federales destinados a las grandes obras, en cambio, fueran destinados a los alcaldes”. O si se utilizara la energía limpia de las aguas andinas, en vez que las aguas amazónicas, llenas de residuos orgánicos. En fin, si se cambiara el paradigma energético, usando las energías renovables, provenientes del sol, el viento, la geotermia, las biomasas, como ya se está haciendo en muchos lugares del mundo.
No es para bromas. La floresta amazónica es muy sensible al aumento de temperatura del Atlántico tropical y una mayor deforestación provocaría efectos perversos. Un estudio de la Universidad inglesa de Leeds y del Amazon Environmental Research Institute señala que en los últimos diez años, en 2005 y 2010, ha habido dos grandes sequías en la Amazonía: un fenómeno que se daba cada cien años. En 2010, los barcos de grande calado no podían transitar el Amazonas que había reducido tremendamente su caudal, mientras 20 ciudades eran declaradas en emergencia. En Iquitos, el poderoso río parecía alejarse cada vez más, en la neblina calurosa de la tarde, desde el malecón de la ciudad del caucho. Los árboles caídos, al secarse, difundirán en los próximos cinco años billones de toneladas de CO2. De pulmón del planeta, la Amazonía puede volverse un reservorio de gases dañinos.
¿De cuál desarrollo entonces podríamos enorgullecernos, brasileros o no, si la reserva hídrica del planeta se seca, si se destina al tacho la sabiduría de los pueblos indígenas que han manejado racionalmente los bosques por milenios, y a la extinción la maravillosa variedad de las especies que encierra el bosque pluvial?
¡Veta Dilma!, se lee en los centenares de carteles levantados por los ambientalistas, animando la presidenta a ejercer su veto. Esperan que esta decidida luchadora contra la dictadura militar, tome ahora su pluma contra la dictadura de la codicia. Y firme para un desarrollo más humano.
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