Por Javier Jahncke
31 de agosto, 2011.- El nuevo Jefe de la oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Víctor Caballero, ha informado recientemente que sólo durante el gobierno de García Pérez, fueron 191 las personas fallecidas por conflictos sociales en el Perú. En gran parte se ha tratado de miembros de comunidades campesinas y nativas, pueblos indígenas en general, los afectados.
Uno de los mayores problemas que han generado conflictos sociales ha sido que, especialmente durante el gobierno anterior, no hubo una estrategia de prevención de los mismos. El concepto manejado por el gobierno aprista sobre conflicto era de aquel que “afecta la gobernabilidad”, en esa lógica su lista conflictos sociales en el país era ostensiblemente menor que la de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo.
En esa lógica, según la política del Gobierno de García se actuaba, cuando ya se habían generado acciones de fuerza y no antes, cuando el diálogo podría haber sido una herramienta fundamental, para evitar la estrategia de la represión.
El hecho de llamar “ciudadanos de segunda clase” o “perros del hortelano” a los pueblos indígenas (campesinos y nativos), sin entender que tienen una cosmovisión ancestral, una cultura que valora fundamentalmente la tierra y el respeto de su ambiente y la vivencia en comunidad, entre otros elementos, hizo que el anterior gobierno llevara a cuestas esta lamentable estadística de muerte, a la que se suman las personas discapacitadas por las heridas recibidas, los heridos de gravedad y las familias que han quedado en la orfandad.
Es por ello necesario entender que lo ocurrido con la aprobación por unanimidad de la Ley de consulta Previa en el Congreso de la República, abre una nueva forma de asumir la relación con los pueblos indígenas, puesto que primero, ha implicado la reivindicación de la lucha pacífica de los pueblos por su reconocimiento y el de sus derechos, que estaban amparados en Convenios internacionales como el 169 de la OIT, vigente en el Perú desde el año 1995, y que por desidia de los diferentes gobiernos no había sido puesto en plena vigencia, pese a la obligación asumida por el Estado peruano.
Ello implica que se abre una nueva etapa de entender los conflictos, puesto que ahora se tiene un elemento para implementar toda una estrategia de prevención, fundamentalmente a través de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
Los inversionistas deben entender, que antes de transmitir mensajes de preocupación y molestia por los problemas que eventualmente se pueden generar a sus proyectos, la Consulta Previa debe darles la seguridad jurídica necesaria para tener proyectos socialmente sostenibles, que si cuentan con el acuerdo o consentimiento de los pueblos indígenas locales, les permitirá la tranquilidad de no sufrir de paralizaciones o cierres de carreteras que les hacían perder importantes cantidades de dinero.
Por su parte, los pueblos indígenas tendrán una herramienta fundamental que también les permitirá tener seguridad jurídica para las tierras de las que son propietarios o posesionarios como comunidades, y para el acceso a los recursos naturales que les dan la seguridad alimentaria que necesitan, defendiendo con un diálogo intercultural, con el asesoramiento técnico y el respeto que se merecen, sus derechos, lo que hasta la fecha les ha sido esquivo, teniendo que tomar medidas para ser escuchados y tomados en cuenta.
Ahora queda pendiente la pronta promulgación de la Ley de Consulta Previa por el Poder Ejecutivo y la necesidad de fortalecer al Vice Ministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura como autoridad en materia ambiental, a fin de que cuente con las atribuciones necesarias para asumir su función, las suficientes personas especializadas y el presupuesto necesario para realizar sus actividades.
Asimismo, queda como tarea el establecer un marco metodológico para su aplicación, proceso en el que deben participar activamente las organizaciones de pueblos indígenas.
Esperamos que verdaderamente el proceso de consulta no se convierta en la práctica en “el cumplimiento de una serie de requisitos formales que cumplir por las empresas”, sino que el Estado asuma las riendas de llevarlo adelante, lograr un diálogo horizontal, empoderando a los pueblos indígenas, y dejando claro que la única forma de solucionar las diferencias es el diálogo, y no hay otra manera de tomar medidas o decidir realizar proyectos, si no es conel acuerdo o consentimiento de quienes serán impactados y afectados de manera directa o indirecta.
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Fuente: Todosobreríoblanco.com: http://www.todosobrerioblanco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=694:la-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-como-mecanismo-de-prevencion-de-conflictos-sociales-&catid=10:noticias&Itemid=26
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