Servindi, 6 de julio de 2010.- Si las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Consulta prosperan entonces el Estado peruano estaría violando el Convenio 169 y podría ser demandado ante instancias internacionales, sostiene Raquel Yrigoyen.
La abogada especialista en derecho de los pueblos indígenas e integrante del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad afirmó en una entrevista al diario La Primera, que la actitud del gobierno de García es contraria a la que demostró en la cita con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el pasado 11 de junio.
“En la conferencia de la OIT, el gobierno peruano, a través de Manuela García, Ministra de Trabajo, se comprometió al diálogo para solucionar los reclamos de los pueblos indígenas”.
Además, “a dar la ley de consulta previa y a armonizar la definición de pueblos indígenas con el Convenio 169 reconociendo como tales a las comunidades campesinas”, señaló Yrigoyen.
Raquel Yrigoyen, sostiene que en el derecho internacional esta conducta es una violación del “pacta sunt servanda” (los pactos se cumplen), que obliga a que los Estados cumplan de buena fe los tratados que firman.
La postura contradictoria del gobierno se afirma cuando Mercedes Cabanillas, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, dice que las observaciones del Ejecutivo serán vistas en el pleno de la próxima Legislatura.
A fines de junio ya la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) previó tal proceder al considerar que las observaciones a la Ley de Consulta son correctas.
La CONFIEP sostuvo que “era necesario contar con una norma clara y transparente que no frene, sino acelere las inversiones en el país”.
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