Servindi, 07 de abril, 2010.- Del 26 al 30 de abril el Organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de América Latina y el Caribe celebrará su 31ª Conferencia Regional en Panamá, país donde el hambre tiene rostro indígena, afrodescendiente y campesino.
La Conferencia Regional dialogará sobre el Mecanismo Internacional de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU.
Este mecanismo hará participar por primera vez a movimientos sociales, pueblos indígenas y sociedad civil en la misma mesa con los representantes de gobierno, las trasnacionales, la banca internacional y las empresas privadas.
Previa a la Conferencia Regional se llevará a cabo una Consulta con sectores sociales que trabajan en torno a la agricultura, la pesca, la alimentación y temas relacionados, para trazar líneas de trabajo en diversos temas no solo de índole político, sino económico, social y cultural de América Latina y el Caribe.
Entre los temas a tratar en la consulta están la soberanía alimentaria, la libre determinación, las directrices voluntarias sobre buena gobernanza de tenencia de tierras y recursos naturales que promueve la FAO, las políticas de la FAO para pueblos indígenas, entre otros.
Asimismo, la protección del derecho a la alimentación y la obligación de los Estados, el cambio climático, la biodiversidad, la producción sustentable y desarrollo de los mercados locales, los productos naturales contra los transgénicos y el seguimiento a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR).
La FAO estima que más de 1,000 millones de personas en todo el mundo sufre de hambre debido a los efectos combinados de la crisis mundial y los altos precios de los alimentos.
Esta situación es agravada por el acaparamiento de tierras para favorecer el monocultivo, los agrocombustibles y el control de tierras agrícolas.
Este es el caso de Panamá donde, según datos de la misma FAO, se ha privatizado el 80% de su territorio, y el resto 20% es acaparado poco a poco con el favoritismo de recientes leyes sobre tierras que permiten la venta de costas, playas e islas para la inversión extranjera.
Organizaciones locales también cuestionan la titulación de tierras promovida por los sucesivos gobiernos y el Banco Mundial a través del Programa Nacional de Tierras, así como la Ley 16 que promueve el Turismo en regiones del Este de Panamá que entre otros objetivos buscan incentivar el biodiesel y los agrocombustibles en territorios indígenas y campesinos.
Las concesiones mineras ofrecidas por el Presidente de Panamá a Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos también amenazan el corazón del territorio indígena Ngäbe-Buglé, y acarrearían el desalojo de cientos de pescadores artesanales por ambos litorales.
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