Servindi, 19 de marzo, 2010.- Mario Palacios Pánez, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), rechazó de plano las afirmaciones de Ricardo Briceño, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que intentan restar valor y minimizar un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Perú (Foto JP Hemerling, Servindi).
"La conducta de la CONFIEP nos hace recordar el contubernio que tuvo este organismo empresarial con el régimen de Fujimori y Montesinos, donde no les importó que se pisotee el estado democrático de derecho con tal que se les asegure llenarse los bolsillos" recordó Palacios.
"La actitud de la CONFIEP de imponer la minería sí o sí, es autoritaria, e intenta desconocer las atinadas recomendaciones de la OIT donde se precisa la necesidad de que el Estado peruano paralice las obras de exploración y explotación minera mientras no se desarrollen adecuados procesos de consulta a las comunidades afectadas" indicó Palacios.
"El lugar de asumir una actitud madura y civilizada, respetuosa de sus compromisos internacionales, el gobierno actual y la CONFIEP quieren taparse los ojos frente a la realidad y la vocación autoritaria que sostienen sus puntos de vista le hace un tremendo daño al Perú a nivel nacional e internacional mostrándolo como una republiqueta colonial" aseveró Palacios.
"Para afuera se habla de desarrollo y de lucha contra la pobreza y la exclusión, pero a los pueblos y comunidades indígenas se nos quiere mantener en altos niveles de exclusión" dijo.
"Ya hemos sidos calificados como 'perros del hortelano', luego 'ciudadanos de segunda clase' y ahora nos quieren desplazar de nuestros territorios a rajatabla en nombre del desarrollo” explicó el líder pasqueño.
La posición de la CONFIEP
Ricardo Briceño declaró ayer a algunos medios de comunicación en referencia al informe de la OIT que "ese tipo de documentos perturba el clima de inversiones en el país".
"Resulta contradictorio y grave que una organización que supuestamente debe dar mecánicas y medidas para crear empleo pida que empresas que generan puestos de trabajo paralicen sus actividades" declaró Briceño, según divulgó ayer el diario Gestión.
La misma fuente indicó que la CONFIEP ha elevado una queja a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para que esta, a su vez, envíe una nota a la OIT a fin de que se impida “que estos señores (la Comisión de Expertos), por más expertos y científicos que sean, se extralimiten en el trabajo que se les ha dado”.
Briceño señaló, además, que "están desconociendo los mecanismos de consulta que en el Perú, de acuerdo con los dispositivos legales, se han aplicado permanentemente".
La respuesta de las comunidades afectadas
Palacios anotó que las observaciones y recomendaciones han sido formuladas por un organismo altamente especializado de la OIT que emite sus informes de manera imparcial e institucional y luego de evaluar las posiciones de ambas partes: tanto el Estado como los pueblos indígenas, indicó.
"El informe de la OIT es una radiografía de la realidad histórica del Perú. Por que sino ¿cómo se explica que la mayoría de conflictos sociales sean por las industrias extractivas y que en estas zonas aumente radicalmente el número de criminalizados y que los motivos de los conflictos sean los mismos que señala la OIT?"
La posición de la CONFIEP no solo intenta desconocar y borrar de un tajo las recomendaciones del organismo de las Naciones Unidas, sino también las constantes exhortaciones similares formuladas por la Defensoría del Pueblo, agregó el citado dirigente.
“El Estado suscribe convenios y tratados internacionales para aplicarlos, no para tirarlos a la papelera, sino ¿dónde está la seriedad del Estado?" se preguntó el dirigente comunal.
“Con ese tipo de actitudes el gran empresariado minero muestra su verdadero rostro, su carga autoritaria" afirmó Palacios respecto a la declaración del gremio empresarial que sostiene que "el informe carece de mandato legal" y que “las inversiones mineras ocupadas en tierras indígenas no se paralizarán”.
Palacios sostuvo que ese tipo de declaraciones forman parte de una campaña millonaria, sistemáica y tendenciosa desde el Estado y las empresas transnacionales para desvirtuar lo que la OIT ha observado y recomendado, y, en general, para soslayar la realidad y los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos.
“Los pueblos y comunidades indígenas presentamos nuestras demandas a las instancias nacionales mostrando voluntad de diálogo pero el Estado peruano responde de manera autoritaria, con represión a nuestros dirigentes, en complicidad con el gran empresariado minero y algunos medios de comunicación" sostuvo Palacios.
Congreso CONACAMI
Finalmente, Mario Palacios informó que la CONACAMI se encuentra preparando su IV Congreso Nacional que se realizará del 15 al 17 de abril donde se congregarán alrededor de 500 representantes de sus bases regionales, y en donde se analizará la conducta del gobierno, de la CONFIEP y se acordarán planes de acción regional y nacional.
"Pese a la feroz campaña desatada por el Estado, el gran empresariado lobbysta y los medios de desinformación a su servicio contra la CONACAMI nuestra organización sigue dando la cara y batalla por los derechos de las comunidades" indicó Palacios.
"Somos una organización que renueva sus cargos periódicamente, con dirigentes elegidos por sus bases y que defendemos derechos, así estos derechos les incomode o no les guste a los grandes empresarios mineros", concluyó Palacios.
Observaciones de la OIT:
- Observaciones CEACR, Perú (Archivo pdf, 10 páginas. Descargar con un clic en el enlace)
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