Abastecer de cobre a otros, pero carecer de energía

Servindi, 16 de junio, 2024.- Las comunidades peruanas adyacentes a las explotaciones mineras abastecen de cobre a los procesos de transición energética de los países industrializados, pero viven la paradoja de carecer de electricidad para sus propios hogares.

Asi lo fundamenta el documento de trabajo “Transición justa: El cobre para la transición energética y el corredor del sur andino”, elaborado por investigadores de la asociación CooperAcción.

El cobre, metal conductor considerado de vital importancia para la transición energética mundial, no ha traído desarrollo de redes eléctricas ni progreso a las comunidades peruanas ubicadas en el Corredor Minero del Sur.

Cusco, Apurímac y Arequipa son las regiones que a 2022 concentran el 40 por ciento de la producción de cobre en Perú.

En ellas funcionan tres de las unidades mineras más importantes del pais: Las Bambas (MMG), Antapaccay (Glencore) y Constancia (Hudbay), respectivamente.

Pero las comunidades adyacentes a los principales proyectos mineros de cobre en Perú no cuentan con servicios básicos de electrificación, como es el caso de Espinar, en Cusco.

Importancia estratégica del cobre

El documento escrito por Josselin Yauri, Thomas Niederberger y Paul E. Maquet, explica que, entre los principales demandantes del cobre está China, que representó el 53,6 por ciento de la demanda mundial en 2020.

Ello se debe a su elevada producción de instrumentos que sirven para promover la energía renovable. El cobre contribuye a avanzar hacia una matriz energética más limpia.

La economista Josselin Yauri indica que “la demanda de cobre crecerá significativamente. Bloomberg estima que podría crecer un 53 por ciento para el año 2040”.

Además, según la Agencia Internacional de Energía (IEA) se podría duplicar o triplicar. Esta es la tendencia que se espera en el marco de la transición energética, apunta la la economista.

Hacia una transición energética justa en Perú

El documento de CooperAcción introduce el debate global sobre la necesidad de una transición energética justa para el Perú, donde el componente más importante corresponde a la gobernanza sobre los minerales.

Las comunidades donde se extrae el cobre para electrificar otros países de regiones como América del norte, Asia o Europa no tienen acceso a energías limpias o están por debajo del promedio nacional y de los promedios nacionales rurales.

Paul Maquet explica que, en el caso de Espinar, solo el 33 por ciento de los hogares rurales ubicados al lado de las unidades mineras tienen conexión eléctrica, mientras el promedio nacional está por encima del 90 por ciento. La misma situación se repite en Chumbivilcas.

Para el investigador se deben plantear condiciones para que no se vuelvan a replicar situaciones de conflictividad social y ambiental como las de Las Bambas.

“Si queremos hacer las cosas bien, necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental, fortalecer el Senace, una autoridad transectorial. Fortalecer al OEFA con su capacidad de fiscalización” afirma Maquet.

“Una de las cosas que no se está haciendo es la evaluación ambiental estratégica. La política de expansión minera en Perú no la tiene” refiere Paul Maquet.

Frustración de expectativas sociales

El investigador Thomas Niederberger advierte que no existe certeza sobre el impacto social y ambiental que tendrán sobre el corredor los proyectos aun en exploración una vez que se inicien.

“Son 250 kilómetros de carretera que, además, se ven afectados por 400 camiones que pasan diariamente por las comunidades y pueblos” observa Niederberger.

El investigador manifiesta que debido al precio del cobre hay una serie de proyectos que están a la espera, incluidos tajos al lado de minas existentes, como Ccorohuayco de Antapaccay o Chalcobamba de Las Bambas.

Si bien no se pueden ignorar los beneficios económicos que traen estas actividades debemos acotar que la minería dinamiza poco las economías locales, salvo periodos específicos como la construcción, puntualizó.

Sin embargo, a largo plazo, los indicadores de desarrollo humano siguen estáticos, indica Niederberger, a quién le preocupa el impacto social vinculado a expectativas que no son cubiertas para la población local.

Serias carencias limitan gobernanza minera

Mariano Castro, exviceministro de Ambiente, señaló que Perú, como segundo proveedor global del cobre, tiene un rol angular en el mundo sobre el tratamiento de estas industrias.

No obstante, reconoció que la tarea se está perdiendo, pues además de la paradoja de una magra electrificación en las zonas de influencia minera, también subsiste un 50 por ciento de anemia infantil en dichos territorios.

Mariano Castro pidió no reducir el debate sobre la promoción de la minería en Perú a descongestionar los permisos ambientales.

“Las respuestas deben darse a múltiples niveles. La discusión sobre la transición energética justa no solo pasa por resolver la ineficiencia en los procedimientos y trámites”, subrayó.

Serio impacto sobre el agua

Telye Yurisch, economista de la fundación Terram de Chile, explicó que los problemas en el corredor minero peruano son similares a los que ocurren en el vecino país del sur.

Chile es el primer productor global de cobre y en este país se ha identificado un triple impacto del sector extractivo sobre el agua: consume, contamina y destruye las fuentes de suministro.

Chile es el segundo país con más conflictos socioambientales y se tienen identificados 131 a la fecha, y 34 de estos –que representan el 26 por ciento del total– son provocados por la minería, remarcó Yurisch.

“Si hacemos la lupa, afloran los principales problemas de gobernanza, la gran parte son por el derecho de acceso al agua», destacó el investigador Telve Yurisch.

Myluz Quispe, representante de la Federación Distrital de Mujeres Cotabambinas (Fedimuc), observó que los yacimientos mineros se asientan sobre cabeceras de cuenca, pese a existir una ley que, en nuestro país, busca proteger estos ecosistemas generadores de agua.

Esta situación obedece al alto consumo del recurso hídrico para producir cobre, expresó con preocupación la dirigente cotabambina. 

En este sentido, Quispe dijo que el Estado peruano se ha plegado a la agenda de la industria minera y criminaliza a los defensores ambientales en el Corredor Sur Andino.

“La transición justa y equitativa es una oportunidad para repensar en nuevos modelos sostenibles amigables con el ambiente, y esto implica también el respeto a las comunidades”, sentenció.