Servindi, 10 de agosto, 2009.- Por traslado de 13 detenidos a Lima, advierte Daysi Zapata. Alcalde de Imacita y coordinador de una de las mesas de diálogo dice que los nativos deben ser procesados en su pueblo. (Foto: Sander Otten)
La vice presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Daysi Zapata, rechazó la posibilidad que el gobierno traslade a la capital a los pobladores indígenas presos tras el trágico incidente de la Curva del Diablo, en Bagua.
Advirtió que la población podría levantarse en protesta si ocurriese dicho traslado desde el penal de Chachapoyas, donde se encuentran detenidos los pobladores desde el pasado 5 de junio.
No pueden ser llevados a Lima. La gente de Bagua se va a levantar si es que el Poder Judicial va a traer a los hermanos de Huancas a Lima, sostuvo la dirigente.
Daysi Zapata alertó que el penal de Chachapoyas también se encuentra alejado de sus comunidades y denunció la falta de atención para las personas aun procesadas.
De otro lado, el alcalde de Imacita y coordinador por AIDESEP de la mesa para formar la comisión investigadora de los sucesos en Bagua, Carlos Navas, exhortó a la población a mantener la calma y confiar en la justicia.
Asimismo, señaló que el convenio 169 de la OIT especifica que las poblaciones nativas e indígenas deben ser juzgadas dentro de sus costumbres y tradiciones, lo que debe aplicarse en el proceso de los 13 nativos detenidos.
Quisiéramos dialogar con el presidente del Poder Judicial para pedirle que se respete el juez natural. Traer esos oficios a Lima sería terrible, no respetaría el convenio 169, ni el vínculo familiar, ni muchas otras situaciones que afectan a nuestros hermanos indígenas detenidos, explicó.
El pedido de trasladar a los detenidos a Lima fue formulado por el procurador público ad hoc para casos amazónicos del Ministerio de Justicia, Oswaldo Arroyo Novoa, tras ser advertido de este clima y de las dificultades que tienen las autoridades del Primer Juzgado Penal de Utcubamba para procesar a los detenidos.
Los 13 nativos han sido denunciados por los delitos contra la tranquilidad y la paz pública y contra el patrimonio. Solo cuatro de ellos enfrentan cargos por asesinato de los policías que custodiaban la Estación 6 del Oleoducto.
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