- Estos se ubican en las regiones de Ayacucho y Madre de Dios. De otro lado, los conflictos de tipo socioambiental continúan siendo los más numerosos.
Servindi, 11 de noviembre, 2015.- El Reporte de Conflictos Sociales N° 140 de la Defensoría del Pueblo, correspondiente al mes de octubre, sostiene que durante dicho mes se registraron 214 conflictos sociales, de los cuales 151 se encuentran en estado activo y 63 en latente.
Asimismo, esta nueva edición da cuenta de dos nuevos conflictos. El primero se ubica en la provincia de Puquio, región Ayacucho.
Allí la comunidad campesina de San Andrés y otras organizaciones comunales reclaman a la empresa minera Exploraciones Mineras S.A.C. por la contaminación que viene generando a la flora y fauna de la laguna Yaurihuiri y a las riberas de la cuenca por donde desemboca.
Este daño se estaría dando por causa de los trabajos de exploración, a través de socavones, que realiza la empresa.
Según detalla el reporte del organismo autónomo, los comuneros reclaman también que la compañía "viene generando polarización dentro de la organización comunal respecto al acuerdo sobre el uso del territorio comunal concedido por la directiva del periodo 2013-2014 el mismo que ha sido irregular y que hoy enfrenta a la directiva 2015-2016."
El segundo conflicto incluido este mes tiene como escenario las provincias de Tambopata, Tahuamanu y Manu, en la región Madre de Dios.
En esta parte de la Amazonía actores a la sociedad civil organizada, la Federación Agraria de Madre de Dios (FADEMAD) y otros gremios exigen la derogación del Decreto Legislativo N.° 1220 que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal y el Decreto Legislativo N.° 1237 que establece sanciones por delitos relacionados a dicha actividad.
Casos reactivados
Para octubre se han presentado dos casos de este tipo. El primero se ubica en Áncash, en el distrito de San marcos, provincia de Huari.
En esta zona de la sierra la comunidad campesina Túpac Amaru demanda la intervención de las autoridades competentes para que determinen las responsabilidades por el derrame de hidrocarburos en un afluente de la Laguna Huachucocha, ocurrido el 3 de mayo de 2012.
El hecho se dio en el kilómetro 91+ 400 de la carretera de penetración Conococha–Antamina, producto, al parecer, de la ruptura del tanque de combustible de una unidad siniestrada de la empresa Acoinsa, contratista de la empresa minera Antamina S.A.
El segundo caso se reportó en Ayacucho, en el distrito San Javier de Alpabamba y Oyolo, provincia de Paucar del Sara Sara.
Pobladores del anexo Casma Palla se oponen a la presencia de la empresa Quellopata S.A.C. (Ares) que, señalan, amenaza sus tierras al igual que las actividades económicas que tradicionalmente desarrollan. A estas protestas se han sumado los pobladores del distrito de Oyolo, detalla la Defensoría.
De otro lado, detalla el reporte de octubre, se resolvieron dos conflictos, uno en Piura y otro en Tumbes. El primero de tipo laboral y el segundo por asuntos de gobierno local.
Naturaleza de los conflictos
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22 casos), seguida de Áncash (21) y Puno (19).
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (68.7%). En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (63.9% de los casos socioambientales).
En relación a la violencia en los conflictos, entre el 1 y el 31 de octubre se registraron seis heridos y un fallecido, todos ocurridos en el caso de Puquio-Exploraciones Mineras S.A.C.
Para acceder al último reporte de la Defensoría hacer clic en el siguiente enlace:
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