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- "Recortando derechos socioambientales no se puede generar una prosperidad compartida”, advierten.
Servindi, 2 de diciembre, 2015.- A casi ocho meses de haberse presentado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 30230 y pese al compromiso del Tribunal Constitucional de abordar su admisibilidad, dicha medida no ha sido aún admitida a trámite.
La expectativa por tener noticias era grande, tomando en cuenta lo dicho el pasado 2 de noviembre por el entonces presidente del TC, Óscar Urviola, a los abogados y expertos que presentaron la medida en representación de la sociedad civil y con el respaldo de más de 6 mil firmas ciudadanas.
Al respecto, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), recordó que la Ley 30230, conocida como la ley del paquetazo antiambiental, no ataca el origen de la desaceleración económica como propone el Gobierno.
En ese sentido, la organización civil enfatizó lo dicho en Lima por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz respecto al llamado milagro peruano.
Según se desprenden de las palabras del Nobel, el crecimiento económico en el Perú se dio por el crecimiento frenético de China y la oferta extractivista del Perú. Por lo tanto, la desaceleración de este último se debió justamente a que China dejó de crecer.
"No es un asunto de normas, es un tema de hacer entender a los inversionistas que los márgenes de ganancias extraordinarias que tuvieron debido a precios altísimos de las materias primas, no volverán; tienen que aceptarlo, y ello no lo podrá cambiar ningún paquetazo ambiental", explicó el IDLADS.
Sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas se pronuncian contra la Ley 30230
Asimismo, advirtió que si no se hace nada contra la norma en cuestión, lo que se va tener es un Estado que no va a garantizar ningún derecho indígena, ninguna propiedad comunal.
Naturaleza de la norma y huida del Estado
Si quisiéramos dar un nombre a la Ley Nº 30230 , este debería ser: La huida del Estado de su rol tuitivo de la protección del ambiente y los pueblos indígenas. Porque cada uno de los artículos que se cuestionan en la demanda, en el fondo significan esto, explica la organización civil.
Dicha aseveración se sustenta en que la norma, explica, desprotege la posesión ancestral de los pueblos indígenas al establecer menores garantías para resguardar el cumplimiento de las obligaciones socioambientales de las empresas extractivas, por citar solo un caso.
Asimismo, la norma es caldo de cultivo para relajar los mecanismos de prevención de daños ambientales. Con esta norma, el Estado, de por sí ausente en diversos puntos de las regiones, se hace "más distante e incomprensible".
Uno de los más perjudicados en sus funciones, evoca la organización civil, fue el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ya que se le impuso privilegiar acciones de prevención y medidas correctivas por 3 años, y solo multar infracciones en casos extremos.
Una larga e injustificada espera
Para el 2 de julio del 2015 el TC ya tenía conocimiento de la existencia de otro proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, la cual fue admitida con fecha 5 de enero de 2015.
Al respecto, advirtió el IDLADS, cabía la posibilidad de que esta demanda se acumule a efectos de impulsar la admisión de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad civil y organizaciones indígenas con miles de firmas de respaldo.
Representantes indígenas llaman la atención de los medios y los congresistas frente a la negativa del TC de admitir a trámite medida de inconstitucionalidad
Posteriormente, el 17 de abril, las organizaciones regionales de la amazónica Aidesep ingresan al proceso en calidad de terceros coadyuvantes a favor de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 30230 como una forma de respaldar política y socialmente las acciones desplegadas por su organización madre.
El silencio del TC que llevaba algunos meses motivó que en julio se llamara la atención de los medios sobre la posición del tribunal frente a la medida presentada. Los amazónicos argumentaron por su parte que nunca fueron consultados por el Estado.
El mismo mes la Defensoría del Pueblo aportaba una nueva causa a la batalla de la sociedad civil: consideraba inconstitucional el artículo 19 de la Ley 30230.
En los últimos meses fueron por lo menos tres veces los pedidos directos que se le hicieron al TC, sin ningún resultado. Recientemente, se ha nombrado al nuevo presidente del TC, el magistrado Manuel Miranda Canales, con lo que el proceso de la demanda de inconstitucionalidad podría verse afectado.
Señalado todo lo anterior, el IDLADS reconoció la necesidad de que el TC se pronuncie sobre la norma y señale que esta no es el camino para acelerar la economía del país.
"Recortando derechos socio ambientales no se puede generar una prosperidad compartida sino solo beneficios directos a un sector empresarial minoritario, que se resiste aceptar lo obvio: menores ganancias derivadas de menor demanda exterior de materias primas, tan simple como esto", sentenció.
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Con información del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS).
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