Servindi, 17 de junio, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
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Mundo Indígena Perú - 17 de junio de 2015
Denuncia. Representantes de Organismos No Gubernamentales de Desarrollo del Perú y el extranjero rechazaron las acciones de algunos sectores de imponer obstáculos al trabajo que realizan.
En conferencia de prensa, exigieron la derogatoria de dos condicionamientos establecidos por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 085-2015-DE.
Precisaron que esta resolución condiciona la renovación de sus inscripciones a una supervisión adicional agregando nuevos procedimientos a los ya existentes.
Asimismo, exigieron se modifique la definición de “supervisión” contenida en la mencionada resolución a fin de garantizar en el país el derecho a la libertad de asociación y el derecho de las oenegés de desarrollo a ejecutar sus planes y programas de acción.
Acciones mineras. Un informe de Diario 16 reveló que el Arzobispado de Lima es accionista minoritario de la empresa minera Buenaventura, socia de la minera Yanacocha en el megaproyecto Conga.
Según el diario, el máximo órgano eclesial del país posee acciones del tipo D, esto quiere decir acciones por dividendos.
Esta sería la razón, advierte el medio, de la posición de Cipriani siempre a favor de proyectos como Conga en Cajamarca, incluso pese a existir un rechazo mayoritario al mismo por parte de población local.
Pluspetrol. Una vez más, la empresa Pluspetrol busca evadir su responsabilidad por la contaminación generada en el lote 8X, en los límites de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en Loreto.
La empresa nacida en Argentina presentó un recurso de apelación contra la resolución de un juzgado de Lima que ratificó una sanción en su contra por más de 29 millones de soles impuesta por el OEFA.
Por su parte, en la cuenca del río Corrientes, en el norte de Loreto, la comunidad indígena de Pucacuro acusó a Pluspetrol de burlarse de ella al no asistir a una reunión con la autoridad regional para abordar el tema de la contaminación ambiental.
Más grave aún, denunciaron que la Fiscalía de Nauta se ha convertido en instrumento de persecución al servicio de la petrolera. Esto a raíz de que dicha fiscalía, sostienen, abrió una investigación contra 20 pobladores de Pucacuro que defienden los derechos de la comunidad.
Poder minero. El grado de influencia y acceso al Estado alcanzado por el enclave minero moderno ha reforzado una asimetría de poder a todo nivel, y ha generado nuevas formas de poder político de las corporaciones generando serias implicancias para la sociedad.
Así los sostiene el sociólogo Francisco Durand, profesor principal de Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la publicación: Poder político y gobierno minero, editado por la asociación CooperAcción este año.
Lo preocupante es que el Estado peruano -incluyendo a los gobiernos regionales y locales- “no solo estarían cediendo funciones a los enclaves y protegiéndolos, sino que, al mismo tiempo, estarían evadiendo sus responsabilidades”, explica el experto.
Lengua originaria. Cerca de cien mil maestros de todo el país hablan un idioma indígena o escriben al menos una de las lenguas originarias.
Esto se pudo ver a través de la convocatoria hecha para actualizar el Registro Nacional de Docentes Bilingües, tarea a cargo del Ministerio de Educación.
El empadronamiento se inició el mes de mayo, explicó Elena Burga Cabrera, directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira).
Software libre. Con la finalidad de conocer la aplicación del software libre en radios comunitarias, del 11 al 13 de junio se llevó a cabo el Primer Encuentro Internacional de Radios Comunitarias y Software Libre, realizado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
En representación de nuestro país participó la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP).
El evento mantuvo un enfoque orientado a la democratización del conocimiento y la independencia tecnológica.
Responsables mediatos. Con motivo de los 6 de años transcurridos desde el denominado “Baguazo”, el pasado 5 de junio cientos de personas salieron a las calles de Lima y otras ciudades del Perú para exigir se incluya en las investigaciones por aquel suceso al ex presidente Alan García y algunos de sus ministros de aquel entonces.
Recientemente, los familiares de los 23 policías muertos en Bagua denunciaron a García y a dos ex-ministras por homicidio culposo ante la Fiscalía de la Nación.
Por su parte, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que “sería una vergüenza y sería un ilegal que la Sala Penal de Apelaciones Liquidadora Transitoria de Bagua -que ve el caso Curva del Diablo- emita una sentencia condenatoria contra los nativos”.
Recordó así que existen pruebas contundentes que demuestran que la orden de atacar a los nativos aquel 5 de junio de 2009 provino de las más altas esferas del gobierno de aquel entonces.
Ferrocarril interoceánico. Ante el anuncio del Gobierno peruano de construir un tren inter-océanico que una China, Perú y Brasil, el ingeniero forestal Marc Dourojeanni lamentó que esta decisión no se haya consultado con nadie.
“Es una decisión que toma el gobierno sin consultar a las poblaciones afectadas, sin consultar al pueblo que va a pagar, y sin ofrecer ninguna explicación de los beneficios”, sostuvo el experto.
De otro lado advirtió que si bien los ferrocarriles en la Amazonía representan un impacto socio-ambiental menor en comparación con las carreteras, igual suponen un riesgo para los bosques de la región ya que se incentivarían actividades como la agricultura intensiva.
Asimismo, indicó que la energía que usan los trenes justificaría la construcción de represas en los ríos amazónicos peruanos.
Campaña difamatoria. La asociación Grufides respondió a la campaña difamatoria emprendida en su contra por políticos y medios informativos pro-mineros.
Mediante un comunicado, rechazó que se relacione el uso de los recursos que maneja de la cooperación internacional privada con el financiamiento de actividades violentistas.
Grufides declaró que es una institución respetuosa del ordenamiento legal y que el dinero que maneja proviene de fondos concursables de la cooperación internacional.
Estos “son auditados minuciosamente por las propias entidades cooperantes a través de auditorías anuales”, indicó.
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