- Especialistas disertaron sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones para cambiar una realidad inminente: el 20 por ciento del territorio nacional está concesionado.
Por Kenneth Vargas
Servindi, 28 de agosto, 2014.- El martes 26 se realizó la mesa de trabajo "Concesiones mineras en el Perú: Análisis y propuestas de política" organizada por el Grupo Propuesta Ciudadana con el objetivo de disertar sobre las serias falencias del Estado para regular los procesos de autorización y supervisión de los proyectos mineros del país.
Los panelistas que mediante un agudo análisis desnudaron los puntos débiles del Ejecutivo para poner en práctica un sistema de concesiones responsable fueron María Angélica Remuzgo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Laureano Castillo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y Javier Jahncke, de la Red Muqui.
Además, participaron Porfirio Barnechea, representante de la Defensoría del Pueblo, Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana, y Juan Aste, asesor técnico de la congresista Verónika Mendoza.
El documento eje del evento, realizado en el hotel Melia de San Isidro, fue el informe Concesiones mineras en el Perú 2014, elaborado por Propuesta Ciudadana, basado en el Reporte Nacional de Concesiones Mineras del Perú. El contenido de reporte se expuso en primera instancia para luego iniciar el análisis respectivo.
“Las concesiones mineras han llegado a cubrir el 20 por ciento de nuestro territorio en mayo, mientras que en el 2002 solo era del 6 por ciento, lo que ha generado una serie de perjuicios para campesinos y comunidades indígenas”, comentó Epifanio Baca.
Precisamente Baca indicó que en la superficie del territorio nacional hay un total de 25,9 millones de hectáreas acumuladas asociadas a las 57, 388 concesiones registradas hasta la fecha.
Señaló la urgencia de modernizar el sistema de concesiones mineras a la par de la de países como Estados Unidos, que cuentan con una legislación estricta y tecnología de última generación para medir y prever el impacto de un proyecto extractivo.
Proponen la moratoria de las concesiones mineras
Propuesta Ciudadana planteó que la moratoria de las concesiones mineras (paralización) es una medida necesaria para detener el aumento acelerado de la entrega de concesiones, así como actualizar el marco normativo de la Ley General de Minería por ser muy flexible con las empresas.
Para Propuesta Ciudadana este periodo de moratoria detendría el aumento acelerado de entrega de concesiones y serviría como un respiro para revisar las concesiones ya otorgadas, en muchos casos situadas en áreas naturales protegidas.
Durante la cita se expusieron medidas apremiantes para fortalecer las capacidades técnicas del Estado, respetar el derecho a la consulta previa, promover que todas las regiones cuenten con una Zonificación Ecológica y Económica territorial que permita definir con exactitud las áreas vulnerables.
Por su parte, María Angélica Remuzgo del INGEMMET señaló que “los gobiernos regionales también son responsables porque no brindan mecanismos eficientes de defensa ecológica por una serie de defectos como la carencia de técnicos e ingenieros y la corrupción del sistema”.
Al respecto el informe de Propuesta Ciudadana refiere que es clave modernizar y enmendar los errores de la Ley de Descentralización para establecer mecanismos rigurosos de control ambiental y la emisión de sanciones más drásticas ante infracciones de los concesionarios.
Comunidades indígenas están ‘borradas’ del mapa
Laureano del Castillo, del CEPES, destacó que existen miles de comunidades originarias que no aparecen en el registro satelital ni en los planos de catastro nacionales, situación que dificulta velar por sus derechos territoriales al entablar negociaciones con multinacionales mineras.
Por otro lado, Porfirio Barnechea, de la Defensoría del Pueblo, manifestó que el Ejecutivo debe tomar medidas para detener los daños ambientales provocados por el otorgamiento de concesiones mineras en las fronteras con Bolivia, Chile y Ecuador, situación que calificó como “inconstitucional”.
Datos
- Según el reportaje del 22 de agosto del semanario Hildebrandt en sus trece, en el segundo gobierno de Alan García se otorgó la licencia a 15 concesiones mineras en zonas fronterizas de Perú, a pesar de que el artículo 71 de la Constitución Política prohibe a cualquier empresa extranjera tener propiedades a menos de 50 kilómetros de la frontera.
- Al respecto, en la administración de García se adujo que los proyectos eran de “necesidad pública”, figura de excepción que permitía las concesiones según la Constitución. No obstante, diversos especialistas descartan la validez de dicho argumento.
- El proyecto minero Río Blanco, cuya concesionaria es la minera china Xiamen Zijin Tongguan es una de las concesiones rechazadas por las comunidades que no quieren afrontar los pasivos de la extracción de cobre a cinco kilómetros de la frontera con Ecuador.
- Según Propuesta Ciudadana, una de las principales causas de la problemática fue la promulgación de los Decretos Legislativos 674 y 708 durante el gobierno fujimorista, medidas que mellaron la fiscalización estatal a mineras en pro de las inversiones y la generación de capital.
- Las mineras junior son los principales agentes que disponen de las concesiones. Existen más de 100 mineras junior listadas en Toronto, Inglaterra y Australia con proyectos en Perú, según información de la Bolsa de Valores de Lima expuesta por Propuesta Ciudadana.
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