Democracia en peligro, pero aún hay esperanza

Bernardo Arévalo. Fuente de la imagen: Eleconomista.com.mx Bernardo Arévalo. Fuente de la imagen: Eleconomista.com.mx

Las élites políticas intentan impedir a toda costa la toma de posesión del presidente electo en enero de 2024, pero éste cuenta con importantes apoyos.

La democracia en Guatemala está en peligro, pero aún hay esperanza

Por Sanna Weber y Marlies Stappers*

open Democracy, 17 de diciembre, 2023.- El futuro político de Guatemala es incierto desde las elecciones de agosto, en las que el candidato de la oposición, Bernardo Arévalo, obtuvo una sorprendente victoria. Las tensiones aumentan a medida que se acerca el 14 de enero, fecha prevista para la toma de posesión de Arévalo.

Las élites políticas corruptas intentan por todos los medios impedir su presidencia. Sin embargo, también se ha producido un apoyo sin precedentes a Arévalo por parte de la comunidad internacional, la élite económica de Guatemala y la mayoría del pueblo guatemalteco.


Bernardo Arévalo de León. Foto: Cuenta personal de Facebook

Reacciones ante la sorprendente victoria de la oposición

Pocos esperaban que Bernardo Arévalo, hijo del primer presidente de Guatemala elegido democráticamente, Juan José Arévalo, ganara las elecciones de 2023. La victoria de Arévalo, un líder anticorrupción, es reveladora de la frustración ciudadana ante la corrupción sistemática que ha caracterizado a Guatemala en los últimos años.

La corrupción ha empeorado desde que el Presidente Giammattei llegó al poder en 2020 y ha intentado preservar el poder de las élites. Para ello cuenta con la ayuda de la Fiscal General, Consuelo Porras, que ha adoptado una estrategia consistente en utilizar la ley como arma política para impedir que se investiguen casos de corrupción de alto nivel. Más de 50 actores independientes de la justicia en Guatemala han sido criminalizados y muchos forzados a la cárcel o al exilio, calculando en transacciones fabricadas.

Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera son los últimos objetivos de esta estrategia. Las promesas de Arévalo de luchar contra la corrupción y restablecer el Estado de derecho son una amenaza para la élite política de Guatemala. Una vez más, el sistema judicial está siendo utilizado como arma, esta vez para impedir la transición de poder en enero de 2024. Como primera medida, el joven partido de la oposición Semilla de Arévalo ha sido suspendido, decisión confirmada por la Corte de Constitucionalidad.

Además, el Fiscal General Porras ha presentado dos acusaciones –infundadas– contra Arévalo y Herrera, una de ellas por presunto blanqueo de dinero y fraude. Corresponde ahora al Tribunal Supremo de Justicia decidir si estas acusaciones constituyen motivo suficiente para despojar a Arévalo y Herrera de su inmunidad.

Una vez más, el sistema judicial está siendo utilizado como arma, esta vez para impedir la transición de poder en enero de 2024.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que habían superado con creces su mandato, fueron sustituidos apresuradamente. De los 13 nuevos magistrados, 10 se han enfrentado a acusaciones públicas de corrupción en el pasado. Existe un riesgo real de que estos magistrados mantengan la investigación sobre Arévalo y Karin Herrera, allanando el camino para su arresto y detención. El Congreso nombraría entonces un presidente interino y el país podría caer en una crisis de ingobernabilidad similar a la de Perú.

Otra estrategia para impedir la transición de poder es la anulación de las elecciones, por presunto fraude electoral. Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha confirmado los resultados de las elecciones, sus oficinas han sido registradas cuatro veces y se han llevado documentos y actas electorales oficiales. El Congreso ha despojado recientemente de su inmunidad a cuatro magistrados del TSE. La mayoría de los magistrados del TSE han huido del país, lo que hace incierta una nueva decisión sobre los resultados electorales.

Protesta popular pacífica

Estas maniobras contra la democracia, calificadas de golpe de Estado por muchos, no han pasado en silencio. El 2 de octubre, las autoridades indígenas nacionales convocaron un paro nacional. Esto dio lugar a protestas masivas, con millas de manifestantes manifestándose durante semanas frente al palacio de gobierno y bloqueando carreteras por todo el país.

Las autoridades indígenas (...) han desempeñado un papel central en la defensa de los resultados electorales

Las autoridades indígenas, principales líderes de sus comunidades en territorios mayoritariamente indígenas, han desempeñado un papel central en la defensa de los resultados electorales. A pesar de su discriminación histórica, que incluye actos de genocidio durante el conflicto armado interno de Guatemala y desalojos y asesinatos más recientes, los pueblos indígenas han optado por la protesta no violenta. Su resistencia pacífica los ha convertido en líderes morales de las fuerzas sociales de oposición, y constituye un faro de esperanza para el país.

A las comunidades indígenas se ha unido en su lucha una coalición de más de 35 organizaciones de la sociedad civil guatemalteca comprometidas con la defensa de la democracia y los derechos humanos, la Alianza para las Reformas (AxR). También la Iglesia Católica ha criticado públicamente al gobierno y al Fiscal General. Juntos, piden la dimisión del Fiscal General y de otros fiscales y jueces corruptos.

Más sorprendente, y que demuestra la amplia resistencia contra la instrumentalización de la ley para socavar la democracia, fue la declaración de la élite económica de Guatemala el viernes 8 de diciembre. Unida en la asociación empresarial CACIF, la élite empresarial suele considerarse estrechamente vinculada a la élite política. Esta vez, el CACIF se distanció de los intentos de impedir el relevo político. En cambio, su declaración reconocía que Arévalo y Herrera debían asumir sus cargos, y que las acciones que contravienen los resultados oficiales de las elecciones son antidemocráticas.

Este movimiento social ha recibido un amplio apoyo. La comunidad internacional, no siempre muy dada a criticar al gobierno de Guatemala, ha expresado serias preocupaciones. La Organización de Estados Americanos ha condenado enérgicamente las investigaciones sobre Arévalo y Herrera y ha declarado que la persecución política de la Fiscalía General viola la Carta Democrática Interamericana.

Estados Unidos ya había condenado el desmantelamiento en curso del Estado de derecho. En septiembre de 2021, el Departamento de Estado incluyó a varios funcionarios guatemaltecos en la llamada “lista Engels” de actores antidemocráticos y corruptos. Estas personas, incluido el Fiscal General Porras, no pueden obtener visados ​​ni ser admitidos en Estados Unidos. En los últimos intentos de obstruir el proceso democrático, EE.UU. amplió las restricciones de visado a casi 300 guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso, así como representantes del sector privado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también condenó enérgicamente el acoso judicial y la intimidación contra cargos electos y funcionarios electorales. La Unión Europea, por su parte, condenó con vehemencia el intento de anular las elecciones, consideradas transparentes por la Misión de Observación Electoral de la UE. 

La fuerte coordinación entre la ONU, Estados Unidos, la UE y la OEA no es frecuente. Esta oposición unida podría tener un importante efecto preventivo.

En una rara muestra de condena moral, una resolución del Parlamento Europeo condenó el intento de golpe de Estado, pidiendo al Consejo Europeo que adopte inmediatamente restrictivas selectivas, como la congelación de activos y la prohibición de viajar, contra los responsables. La fuerte coordinación entre la ONU, Estados Unidos, la UE y la OEA no es frecuente. Esta oposición unida podría tener un importante efecto preventivo.

Mantener el impulso

El hecho de que la población, la élite empresarial y la comunidad internacional estén unidas en su oposición contra el golpe, da cierta esperanza para salvar la democracia de Guatemala. Estos tres importantes sectores deben mantener su posición no sólo hasta que Arévalo pueda, con suerte, tomar posesión de su cargo el 14 de enero, sino también a partir de ese momento.

Si algo ha quedado claro en los últimos meses es que, tras años de desmantelamiento sistemático del Estado de Derecho y de cooptación de las principales instituciones políticas y de justicia, no hay un futuro fácil para la democracia en Guatemala. Arévalo necesita todo el apoyo posible para destruir el entuerto y restaurar la justicia, el Estado de derecho y la democracia.

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* Sanne Weber es profesora adjunta de Estudios de Paz y Conflictos en la Universidad Radboud de Nijmegen. Su investigación y enseñanza abordan cómo los países que salen de un conflicto enfrentan su pasado violento y toman medidas hacia la paz y la reconciliación. Su interés particular es comprender cómo los conflictos cambian las relaciones de género y cómo se puede promover la igualdad de género en la situación posterior al conflicto.

Marlies Stappers es la fundadora y directora ejecutiva de Impunity Watch. Ha estado profundamente involucrada en investigaciones y trabajos de políticas relacionados con los campos de los derechos humanos, la justicia transicional, la reducción de la impunidad y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil, las víctimas y las comunidades afectadas en países como Guatemala y Honduras, Burundi, la región de los Grandes Lagos, los Balcanes Occidentales y Camboya. También es la iniciadora y coordinadora de la sección holandesa de la Plataforma Internacional contra la Impunidad en Centroamérica. 

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Fuente: Publicado el 15 de diciembre por el portal open Democracy: https://www.opendemocracy.net/es/democracia-guatemala-en-peligro-pero-hay-esperanza/

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