En las comunidades afrocolombianas de la región del Pacífico se encuentra el 95,3% de las 5.600.000 hectáreas de sus territorios ancestrales. En estas tierras predomina el uso colectivo de la tierra, las celebraciones tradicionales y los conocimientos ancestrales. A pesar de ser una región periférica, en los últimos años ha sido muy codiciada por las industrias extractivas, lo cual ha atraído a los grupos armados ilegales que imponen sus normas a través de la violencia. En este contexto, la construcción de la interculturalidad y de los diálogos interétnicos son una forma de resistencia frente al extractivismo y al despojo.
Afrocolombianos e interculturalidad en la región Pacífico
Por Marcela Velasco, Fernando Castrillón y Alonso Tobón*
Debates Indígenas, 7 de noviembre, 2023.- Los afrocolombianos son tan diversos como sus reclamos individuales y colectivos. Esta población incluye a personas que se identifican a sí mismas como negras, palenqueras, raizales o, simplemente, afrocolombianas: categorías que engloban distinciones culturales, raciales y étnicas, y ayudan a entender la complejidad política de sus reivindicaciones. Si bien comparten experiencias comunes de racismo estructural, discriminación económica y exclusión política, es importante aclarar que no todos reclaman territorios colectivos, como es el caso de las organizaciones y comunidades del Pacífico.
Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población negra representa el 10% del total nacional, es decir, 4,7 millones de personas. Sin embargo, esta cifra ha sido un tema de debate debido a la falta de precisión de la metodología utilizada. De este modo, el número real de afrodescendientes podría acercarse al 20% de la población.
Si bien puede parecer una simple discusión técnica, en verdad, contar de forma precisa a la población negra es esencial para comprender el verdadero impacto del racismo en Colombia y, por ende, implementar políticas públicas ambiciosas que aborden este problema de manera efectiva. Esta relevancia se observa claramente en que la Vicepresidenta, Francia Márquez, una reconocida activista afrodescendiente, es la primera ministra del Ministerio de Igualdad y Equidad.
La población negra podría acercarse al 20% total de Colombia, si bien los datos oficiales afirman que es de un 10%. Foto típica de un poblado ribereño en el Pacífico. Foto: Colectivo Jenzera
El Pacífico colombiano y el pueblo afrocolombiano
Los Consejos Comunitarios son la autoridad étnica reconocida para las comunidades por la Ley 70 de 1993. Esta legislación se aprobó en el marco de la Constitución de 1991, que introdujo importantes reformas multiculturales. La normativa reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de campesinos negros ubicadas en las riberas de los ríos, especialmente en la región del Pacífico.
La población que reside en los territorios de los Consejos Comunitarios asciende a 300.000 personas. Esta población comparte una cultura, es decir, una serie de valores y prácticas distintas al resto de la población colombiana. Sin embargo, en los centros urbanos del Pacífico (como Quibdó, Istmina, Guapi, Buenaventura o Tumaco) y en ciudades como Turbo, Apartadó y Cali residen personas que mantienen vínculos sólidos con las culturas ribereñas. La mayoría de ellos se vieron obligados a desplazarse por el conflicto armado o para buscar mejores oportunidades económicas.
En términos numéricos, las personas que viven en las tierras de los Consejos Comunitarios del Pacífico representan una minoría de la población afrocolombiana. Sin embargo, habitan en una región periférica muy codiciada por diversos intereses económicos. De este modo, su situación se convierte en un caso relevante para comprender los conflictos étnicos y sociales fundamentales en Colombia, específicamente, la lucha por los territorios y sus recursos.
Volante repartido durante una marcha en favor de decretar la Ley 70.
Un enclave económico
En las últimas décadas, el Pacífico ha experimentado un proceso de modernización acelerado, a menudo acompañado de violencia, y marcado por políticas extractivistas vinculadas a una economía que se enfoca en la explotación intensiva, de gran magnitud y de no recuperación, de tierras y recursos naturales. No se trata del deterioro de los recursos naturales, como un inventario de árboles o peces, sino que implica la desestructuración de agroecosistemas, ciclos ecológicos, y culturas asociadas a medios de sustento.
La región nunca ha dejado de ser un enclave económico. La extracción de recursos naturales beneficia a intermediarios locales y a sus aliados externos que operan más allá de las fronteras del Pacífico y de Colombia. La consecuencia directa ha sido la depredación de bosques, la explotación de minerales y un impacto considerable en el medio ambiente. Esta situación incluye la desarticulación de las economías de las comunidades afrocolombianas e indígenas, la pérdida de identidad cultural y la desintegración de las instituciones tradicionales para la toma de decisiones.
Tras años de políticas extractivas, el Pacífico se ha convertido en la región más empobrecida, explotada y aislada del país. A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de los 30 años de la Ley 70, reconozca que las acciones afirmativas del Estado colombiano no han logrado asegurar el pleno disfrute de sus territorios, la implementación de los derechos de los pueblos afrocolombianos sigue siendo incierta.
En los últimos años, el medio ambiente experimenta un proceso de depredación por las políticas extractivas. Minería irregular en Dagua, Valle del Cauca. Foto: Colectivo Jenzera
La brecha de implementación
Esta "brecha de implementación" o la demora en la realización de los derechos adquiridos —noción propuesta en 2006 por el ya fallecido sociólogo mexicano y Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen— constituye uno de los principales problemas que enfrentan los grupos indígenas y afrodescendientes. Frente a la incapacidad o falta de voluntad del Estado colombiano, los grupos armados ilegales han avanzado en la imposición de sus reglas en la región del Pacífico. De esta manera, las bandas compiten por el control de regiones estratégicas para el contrabando de armas, el tráfico de drogas y el aumento de actividades como la minería, la explotación maderera y la producción de cultivos ilícitos.
Paralelamente, esta región está soportando un masivo flujo de migrantes africanos, asiáticos y latinoamericanos que buscan llegar de manera irregular a Estados Unidos a través del Tapón del Darién, la extensa selva de bosque tropical que se encuentra en el límite entre Colombia y Panamá.
Las ciudadanías de la región y las organizaciones que las representan se enfrentan, entonces, a un contexto de deshumanización e integración violenta a un modelo económico extractivo. Los perjuicios a la población se reflejan en el abuso de sus territorios y ecosistemas que en algún momento representaron la libertad, la bondad de la naturaleza, y la solidaridad entre diferentes grupos culturales.
Sus redes sociales que mantenían relaciones pacíficas y economías resilientes han sido desestructuradas en la medida en que se afianza un orden social extractivista y violento. Dada esta brecha de implementación y la falta de acciones efectivas por parte del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de estas comunidades, las decisiones sociopolíticas de mayor trascendencia quedan en manos de otros actores, como políticos locales, intermediarios, comerciantes o grupos armados.
Las ciudadanías de la región y sus organizaciones se enfrentan a un contexto de deshumanización. Presentación de semillas del Pacífico durante la Escuela interétnica (2019). Foto: Efraín Jaramillo Jaramillo
La interculturalidad como forma de resistencia
En medio de tan difícil situación, surgen alternativas como el trabajo de resistencia llevado a cabo por movimientos sociales y líderes afrocolombianos e indígenas que a menudo impulsan procesos conjuntos. En el Pacífico, la multiculturalidad es una realidad: coexisten afrocolombianos ribereños, afrocolombianos campesinos, campesinos mestizos e indígenas que dependen de los mismos sistemas económicos, políticos y ecológicos. Cada grupo está organizado en distintas instancias institucionales, como cabildos o consejos comunitarios, que en ocasiones contribuyen a crear divisiones y no a zanjar diferencias. En otras palabras, los pueblos indígenas están respaldados por normativas que les otorgan derechos a las autoridades y acceso a presupuestos, mientras que los afrocolombianos en territorios colectivos no gozan de los mismos derechos. A pesar de estas divisiones, se deben alcanzar acuerdos orgánicos y colaborativos con el objetivo de desarrollar estrategias colectivas.
Las relaciones interculturales son procesos activos y dinámicos de relacionamiento e integración entre pueblos y culturas diferentes. El objetivo de estos modos de vincularse es crear espacios compartidos de reconocimiento y toma de decisiones. Estos espacios también desempeñan un papel fundamental en la defensa conjunta ante amenazas comunes, tal como lo han hecho oportunamente las poblaciones locales del Bajo Calima o del Naya. Sin la convivencia intercultural, las diversas culturas que comparten un territorio pueden perder la fuerza para sostenerse a sí mismas y a sus tierras.
Los fundamentos de esta interculturalidad no se construyen adoptando una visión simplista de los demás y, mucho menos, recurriendo a visiones estereotipadas e inamovibles de lo que significa la cultura o la identidad de los otros. En términos culturales, en lugar de ver todo en blanco y negro, se debe reconocer la existencia de una amplia gama de matices, que es el resultado de siglos de intercambios de expresiones culturales. Por lo tanto, la interculturalidad es una realidad viva, una práctica activa y una necesidad vital para la supervivencia de los pueblos étnicos.
Los espacios de relacionamiento intercultural juegan un rol fundamental en la defensa ante amenazas comunes. Escuela interétnica de Jenzera. Foto: Colectivo Jenzera
Una apuesta a la formación política
Entender la complejidad de las relaciones interculturales ha sido el propósito del trabajo del Colectivo Jenzera, un grupo que se formó durante el acompañamiento a comunidades negras, indígenas y campesinas del Naya que sufrieron una masacre paramilitar en 2001. En este proceso, la titulación de tierras fue fundamental para la reparación y reconstrucción de estas comunidades, ya que solo el pueblo Eperara Siapidaara tenía títulos de su resguardo. Aún más importante fue tratar de fortalecer prácticas y acuerdos interétnicos.
Inspirados en este trabajo, desde 2008 Jenzera ha desarrollado una escuela interétnica de formación de líderes en el Pacífico. Esta escuela se fundamenta en el diálogo intercultural, el estudio colaborativo de la gobernabilidad étnico-territorial y la promoción de nuevos líderes, especialmente jóvenes y mujeres. Este proyecto se ha materializado gracias al apoyo de organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas. Uno de los objetivos centrales es que los nuevos líderes comprendan no sólo las problemáticas de sus propias comunidades, sino también las de los demás grupos marginados con quienes comparten visiones territoriales y se enfrentan al impacto del extractivismo y el despojo.
En las investigaciones realizadas con los participantes de la escuela de formación, se han identificado valores y prácticas comunes que sostienen una vida intercultural en el territorio. Algunos ejemplos son las celebraciones tradicionales, las formas de trabajo compartido (como la minga o la mano cambiada) y, los conocimientos ancestrales de medicina, botánica, nutrición, construcción, caza y producción.
La escuela interétnica de Jenzera se basa en el diálogo intercultural, el estudio de la gobernabilidad étnico-territorial y la promoción de nuevos líderes. Foto: Colectivo Jenzera
Diálogo interétnico e iniciativas conjuntas
La crisis socioeconómica en el Pacífico colombiano es apremiante. La dura realidad socava las bases sociales de los pueblos afrocolombianos, indígenas y afrodescendientes y, además, genera un trauma colectivo que podría debilitar aún más las relaciones sociales comunitarias. Esta situación impacta a todas las comunidades de la región por igual.
Son las comunidades afrocolombianas las que han soportado una carga especialmente pesada debido al abandono estatal y a las estructuras que perpetúan su marginación política y socioeconómica. Esta situación se ha agravado aún más por la difícil situación humanitaria en Colombia que ha debilitado sus redes sociales y ha obstaculizado el proceso de toma de decisiones en sus territorios. A menos que se produzcan cambios profundos, la voluntad política de implementar reformas o crear nuevas instituciones tendrá un impacto limitado en estas comunidades.
En este momento político tan trascendental, es fundamental promover la interculturalidad y los diálogos interétnicos. La persistencia de acciones aisladas no ha hecho más que contribuir a generar tensiones innecesarias. En este camino, Colombia ha elegido a una vicepresidenta afrodescendiente con una larga trayectoria en la lucha por los territorios, el gobierno está tomando medidas para reglamentar la Ley 70 y se ha creado el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Sin perder de vista las diferencias y la diversidad, fomentar acuerdos y acciones estratégicas entre afrocolombianos, indígenas y mestizos se convierte en una necesidad imperante.
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* Marcela Velasco, Fernando Castrillón y Alonso Tobón son integrantes del Colectivo de Trabajo Jenzera.
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