Movilización en la Ciudad de Guatemala. Foto: Prensa Comunitaria
Las comunidades indígenas y sus autoridades lograron en 2023 algo que no se había alcanzado con los acuerdos de paz ni con todo el multiculturalismo, y que se concreta en un momento de crisis: el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores políticos de primer nivel en Guatemala.
En defensa de la democracia: el papel de las comunidades y autoridades indígenas en la política de Guatemala
Por Santiago Bastos Amigo*
Debates Indígenas, 5 de agosto, 2024.- El año 2023 quedará marcado en el país como aquel en que las autoridades comunitarias indígenas dirigieron la resistencia en rescate de la democracia. En frente se encontraba un sistema corrupto que se ha incrustado hace años en todas las instancias del Estado. Gracias a esta lucha, los pueblos indígenas han cambiado su relación con la sociedad y han construido un nuevo vínculo institucional con el nuevo gobierno. Si bien la movilización indígena ha sido impactante, la misma es el resultado de una acumulación desarrollada durante los últimos 20 años. El papel jugado en defensa de la democracia guatemalteca posiciona a las autoridades indígenas como una alternativa política y abre nuevas posibilidades para la democratización del país.
La guerra que vivió Guatemala en la segunda mitad del siglo pasado se centró, en su última fase, en las comunidades mayas del altiplano, que se convirtieron en el objeto de las políticas de tierra arrasada. Tras el final del conflicto, la descampesinización, la migración, la presencia del crimen organizado y la corrupción estatal dificultaron la recuperación de la vida comunitaria. Pese a ello (o quizá por ello), mientras se daba una política multicultural protagonizada por el llamado Movimiento Maya a través de actores de carácter nacional, en muchas comunidades comenzó a producirse una rearticulación de sus instituciones.
Después de la firma de la paz, se empezó a retomar, reorganizar o recrear la figura concreta de las alcaldías indígenas, alrededor del resurgimiento del derecho comunitario, la espiritualidad maya y los especialistas locales. Mientras que otras municipalidades, las potentes estructuras de poder local no entran en estas dinámicas y siguen funcionando como siempre, como las Alcaldías Indígenas de Chichicastenango y San Juan Sacatepéquez.
Estos procesos de recreación de las instituciones comunitarias son muy diversos y se les suman otras dinámicas que también ayudan a recomponer las tramas comunitarias. En todos los casos, hay una rearticulación con actores nuevos, como mujeres, jóvenes y los migrantes, que empiezan a ser también piezas fundamentales, a pesar que la jerarquía comunitaria más bien gerontocrática y patriarcal no los admitía. Además, muchos líderes locales y activistas se reintegran a sus comunidades después de la guerra.
Tras el conflicto interno, el Movimiento Maya aglutinó la participación política de los pueblos indígenas. Foto: Nuso
Los cambios en la movilización indígena
Cuando el extractivismo se implanta en Guatemala a través de proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales, las defensas de la naturaleza se organizan desde una base comunitaria y territorial, de la mano de las autoridades tradicionales. En algunos lugares, la lucha y la resistencia genera procesos de renovación comunitaria, tanto de liderazgos como culturales; especialmente en las nuevas generaciones.
Quizá la prueba más conocida y contundente de esto fueron las consultas comunitarias de buena fe que se empezaron a realizar en 2005 en Sipacapa y que se extendieron por la mitad del país. Casi 1.000.000 de personas de unos 80 municipios plantearon que no querían actividades extractivas en sus territorios. Este consenso se logró gracias a las autoridades y la organización de las estructuras comunitarias: maestros, comités pro mejoramiento, pastores evangélicos, catequistas y, en muchos lugares, los COCODEs.
La acumulación histórica del movimiento indígena se hizo evidente en 2015, cuando las movilizaciones contra la corrupción del entonces presidente Otto Pérez Molina desencadenaron en su encarcelamiento.
Todo esto supone un cambio en la política indígena que había estado ligada al proceso de paz, alrededor del llamado Movimiento Maya. Éste había funcionado a base de actores de carácter nacional, formados o apoyados por actores comunitarios. Ahora son los actores comunitarios los que conforman o se mueven regionalmente, dando un carácter de política territorial, desde la comunidad hacia arriba. Los actores que no son capaces de vincularse a esta acción comunitaria prácticamente desaparecen de la escena política.
La acumulación histórica del movimiento indígena se hizo evidente en 2015, cuando las movilizaciones contra la corrupción del entonces presidente Otto Pérez Molina desencadenaron en su encarcelamiento. En aquellas jornadas, la movilización que se dio fuera de la capital fue muy fuerte, pero menos visibilizada. Y cuando esas movilizaciones llegaron desde los territorios a la capital, ahí estuvieron las autoridades ancestrales indígenas para tomar presencia política como representantes no excluyentes de los pueblos indígenas de Guatemala.
La Plaza de la Constitución, el 25 de abril de 2015, durante la primera manifestación masiva en repudio a la corrupción del Gobierno de Otto Pérez Molina. Foto: Plaza Pública
La participación electoral indígena
Todo este proceso representa una consolidación desde la base comunitaria de la lógica de autodeterminación y reconstitución como pueblos indígenas, que supone un reforzamiento de lo propio y de la actuación desde lo propio. Además, va acompañada por la idea de que los pueblos son sujetos políticos autónomos y con saberes propios que se enfrentan a un Estado visto como racista y colonial. Por eso, de forma paralela, se desarrolla el reclamo por un Estado plurinacional.
El proceso de reconstitución hacia la autodeterminación va unido a un interés cada vez más claro por la política electoral. Ya en 2015, el Consejo de Pueblos Mayas había entrado a participar electoralmente aliado a Convergencia, una opción política de izquierda. A raíz de todo lo que ocurrió ese año, el Comité de Desarrollo Campesino decidió formar el Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP) y planteó la necesidad de un proceso constituyente plurinacional popular.
El resultado de las elecciones de 2023 no fue el esperado: las opciones de los grupos indígenas organizados apenas consiguieron presencia en el Congreso o en las municipalidades. Así y todo, su papel fue determinante para lo que ocurrió después.
Para las elecciones de 2019, se amplió el espectro político en el cual se sentían representados lo maya y lo comunitario. Este espectro solía estar ligado a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y al partido indigenista Winaq, y ahora además están CPO y el MLP, que alrededor de la figura de Thelma Cabrera consigue un honroso cuarto lugar que asusta a los gobernantes.
En relación a las elecciones de 2023, llamó la atención la amplia presencia de actores indígenas en diferentes candidaturas. Si bien se quedó sin su binomio presidencial por la aplanadora judicial del pacto de corruptos, el Movimiento por la Liberación de los Pueblos echó toda la carne al asador con su propuesta de “Volcancito visto volcancito marcado”. Sin embargo, el resultado de estas elecciones no fue el esperado: las opciones de los grupos indígenas organizados apenas consiguieron presencia en el Congreso o en las municipalidades. Así y todo, su papel fue determinante para lo que ocurrió después.
En las elecciones de 2019, la candidata indígena Thelma Cabrera consiguió el cuarto lugar y logró una legitimidad que asustó a la política tradicional. Hugo Navarro / Nómada
La centralidad comunitaria en la revolución pacífica de 2023
En el contexto de boicot sistemático a todas las opciones que puedan cuestionar al régimen guatemalteco, el movimiento que actualmente reúne los anhelos de cambio es Semilla. Este partido también surge de las movilizaciones de 2015, pero tiene muy poca ligazón con lo indígena a pesar de su carácter progresista. El escaso 12 por ciento de votos que obtuvo en la primera vuelta fue suficiente para levantar las expectativas acumuladas y, en el balotaje, su candidato presidencial, Bernardo Arévalo, alcanzó el 60 por ciento de los sufragios.
Esta victoria fue respondida con una persecución judicial para impedir que tome el poder, organizada desde el Ministerio Público con la connivencia de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Las movilizaciones desde los más diversos espacios no se hicieron esperar y empezó una carrera por llegar al día previsto de la toma de posesión, el 14 de enero de 2024. El boicot fue tal que las autoridades comunitarias indígenas lideradas por los 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá convocaron a un Paro Nacional Indefinido para exigir la remoción de la Fiscal General, María Consuelo Porras.
La movilización general convocada por las autoridades comunitarias salvó la democracia en Guatemala. El apoyo popular permitió al binomio ganador presentarse con fuerza en los enfrentamientos y negociaciones con los actores corruptos.
Los actores comunitarios indígenas convocaron a paros en las carreteras, en las calles y en sus propios territorios. Además, otros actores urbanos y universitarios se fueron sumando al paro hasta tener 180 lugares paralizados en el país. Se produjo un verdadero levantamiento popular, pacífico y lúdico. En las plazas tomadas y carreteras cortadas hubo música y bailes, rezos ecuménicos y resistencia pasiva ante los intentos de la policía por desalojar. Guatemala mostró ser una sociedad capaz de ser feliz y libre, al mismo tiempo que reclamaba respeto. No fue un paro de organizaciones ni de figuras, sino de grupos autoconvocados.
Tras 106 días de ocupación simbólica de la entrada del Ministerio Público, Bernardo Arévalo asumió la Presidencia y lo primero que hizo fue acercarse a las 3.00 de la madrugada al plantón para agradecer. La movilización general convocada por las autoridades comunitarias salvó la democracia en Guatemala. El irrestricto y bullicioso apoyo popular permitió al binomio ganador y a las instancias que lo respaldaban presentarse con fuerza en los enfrentamientos y negociaciones con los actores corruptos. La atención internacional logró el apoyo diplomático a Arévalo y la postura de Estados Unidos fue determinante.
Autoridades ancestrales frente al Ministerio Público durante el Paro Nacional de octubre de 2023. Foto: Simón Antonio
De la defensa democrática a la participación institucional
En un escenario de fragilidad democrática, este episodio abrió cierto optimismo respecto a la posibilidad de revertir la tendencia hacia la consolidación de un Estado autoritario. Para ello, el sujeto indígena organizado en torno a las autoridades comunitarias fue fundamental. Gracias a su capacidad de movilización, las autoridades comunitarias se erigieron como un actor político legítimo y honesto, que se consolidó como uno de los grandes actores de la defensa de la democracia.
Desde esta posición, tanto las autoridades comunitarias como otros actores indígenas están aprovechando su papel en los hechos recientes y la voluntad democrática del gobierno para exigir más participación en la vida institucional. Sin embargo, las posibilidades de que sus pedidos sean atendidos, también son limitadas. El gobierno de Arévalo es claramente urbano, ladino y de clase media. Su presidencia no plantea cambios estructurales y sus probabilidades reales de lograr transformaciones profundas en la política y en la economía guatemaltecas son escasas.
Ante ello, surgieron voces indígenas que reclaman más presencia indígena tanto en el gobierno como en toda la administración. El gobierno ha respondido aceptando algunas propuestas en los mandos medios y también se han acordado planes de desarrollo locales. La designación de gobernadores departamentales, una atribución del Presidente a partir de ternas propuestas por la sociedad civil, abrió un proceso largo y complicado. Finalmente, de los 22 cargos disponibles, nueve fueron para autoridades mayas.
El presidente, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, asisten a una ceremonia maya en Kaminal Juyú para agradecer a las autoridades indígenas. Foto: Eslly Melgarejo
Las comunidades, sus autoridades y la política reciente
La participación indígena en defensa de la democracia y su poder de convocatoria fueron impactantes. Sin embargo, esta movilización de las autoridades comunitarias indígenas no es inesperada. Llevan 20 años, por lo menos, trabajando como un sujeto político que representa a sus comunidades (y a los pueblos indígenas más allá de sus comunidades) frente al Estado. Además, se han ido formando en la defensa de una serie de derechos amparados por la normativa internacional, como la autodeterminación, la consulta previa, la justicia tradicional y el territorio.
Así, avanzan en su reconstitución como pueblos y enfrentan a un Estado depredador que, tras el espejismo multicultural, vuelve a considerarlos un atraso para ese desarrollo que ahora se cifra en las actividades extractivas. Mientras la situación política se degrada, apuestan cada vez más a la vía electoral, convirtiéndose en una alternativa que la sociedad comienza a aceptar. En definitiva, cuando el Estado guatemalteco entra en crisis y estalla un momento de contradicción, es la política comunitaria la que se utiliza para destrabar la situación. De este modo, se va consolidando una forma de participación que ya venía desde hace tiempo: participar en la política desde sus comunidades, como sujetos comunitarios.
Por lo tanto, estas comunidades y sus autoridades logran algo que no se había alcanzado con los acuerdos de paz ni con todo el multiculturalismo, y que se concreta en un momento de crisis: el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores políticos de primer nivel en Guatemala. Si bien las posibilidades de lograr las demandas históricas no son muy concretas, parece abrirse una nueva fase en la relación de los indígenas con el Estado y una mayor participación de las autoridades comunitarias en las estructuras estatales.
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* Santiago Bastos Amigo es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Regional Sureste (México) e integrante de Prensa Comunitaria.
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