Ante la demora del Estado para atender el conflicto, la defensa legal de la comunidad nativa Caimito prepara un proceso constitucional de cumplimiento contra las máximas autoridades regionales y sectoriales comprometidas en esta controversia.
Por Ivan Brehaut*
Servindi, 13 de marzo, 2024.- Aún con todas las evidencias en contra, los menonitas que invadieron varias comunidades en Masisea, distrito ubicado a unas tres horas en bote de la ciudad Pucallpa, en la región Ucayali, insisten en expandir sus negocios agrarios a costa de los bosques de la comunidad nativa Caimito.
En esta ocasión, un juez de Ucayali ordenó el 8 de enero de 2024 la detención de la construcción de una carretera que continuaba la invasión de las tierras de la comunidad nativa Caimito.
La medida cautelar fue dada gracias a las gestiones continuas de la población shipibo de Caimito, afectada junto con otras dos comunidades por las acciones ilegales de la colonia menonita, establecida allí desde 2016.
De acuerdo a los testimonios de los líderes comunales, incluidos miembros de la Guardia Indígena de Caimito, los menonitas han hecho constante caso omiso a los pedidos de retirarse de las tierras indígenas.
Cansados de esta situación, la comunidad y el equipo legal que la acompaña han decidido emprender medidas legales de mayor alcance, iniciando un proceso contra el Gobierno Regional de Ucayali, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, así como contra la Colonia Cristiana Menonita de Masisea.
Detrás del ingreso de los menonitas al Perú, y a Masisea en particular, hay claros indicios de corrupción y tráfico de tierras, en los cuales se incluyen a decenas de funcionarios y exfuncionarios, vinculados principalmente a la Dirección Regional de Agricultura, el municipio de Masisea y otras entidades públicas.
Los predios misteriosos
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con fecha 11 de diciembre de 2019, señaló que los miembros de la Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea, habrían deforestado 8948 hectáreas desde 2016 hasta 2019, año en que se formula la primera denuncia contra los miembros del grupo religioso.
La denuncia indicaba que los terrenos que ocupaban hasta ese momento los menonitas se superponen con 47 predios rurales, con áreas de las comunidades nativas Santa Rosa de Dinamarca, Buenos Aires y Caimito, así como con terrenos de la Concesión de Conservación de la Universidad Alas Peruanas, ubicadas todas en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, Ucayali.
Los menonitas deforestan impunemente para establecer cultivos comerciales, sin reparar en que las normas peruanas tienen prohibida la agricultura en tierras forestales o de protección. Aún más grave, es absolutamente ilegal que el Estado Peruano, a través de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), haya titulado previamente los 47 predios, que luego pasaron al control de los menonitas.
El informe N. ° 0653-2023-GRU-DRA-DISAFILPA-ACC del 21 de diciembre de 2023, emitido por el Ing. Leandro Gómez Ríos – Responsable del área de Cartografía y Catastro, indica que los predios consultados (Unidades Catastrales N. ° 114289, N. ° 114359 y N. ° 114323), pertenecen a tierras forestales o de protección.
Superposición de las parcelaciones menonitas con las comunidades shipibo. Fuente: ODDA ProPurús
Entre los favorecidos en esta entrega de predios figuran personas que, de acuerdo al expediente fiscal, eran extrabajadores de la DRAU y del municipio de Masisea, entre otras instituciones públicas. Varios de los beneficiarios de los predios, luego vendidos a los menonitas, son posibles testaferros de personajes que aún requieren ser descubiertos.
Entre los adjudicatarios llama la atención el caso de un extrabajador en la modalidad de Contrato de Administración de Servicio (CAS) del Ministerio de Salud (Minsa), radicado en Lima, Erick Santos Cárdenas Peña, quien trabajaba como asistente de mantenimiento en el Hospital de Vitarte hasta el 2012. Luego, misteriosamente, aparece como agricultor, en medio de las selvas ucayalinas con tres terrenos, sumando poco más de 150 hectáreas.
Como consta en documentos de la Dirección Regional de Agricultura, suscritos por el cuestionado exdirector de la DRAU Isaac Huamán, quien estuvo con prisión preventiva por corrupción y tráfico de tierras hasta la aparición del COVID, y refrendados por el actual gobernador, Manuel Gambini, cuando cumplía su primer periodo, a lo largo de la carretera entre los pueblos de Masisea y Caimito se adjudicaron 47 predios rústicos, indicando que eran tierras ya deforestadas y con cultivos. Imágenes de satélite procesadas por el Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales (ODDA) de ProPurús para este reportaje muestran la falsedad de estos argumentos.
Análisis multitemporal del cambio de cobertura en el territorio de la CN Caimito. Foto: Observatorio de Deforestación y Delitos Ambientales (ODDA) de ProPurús
Esto ha sido ya demostrado previamente por la Fiscalía de Medio Ambiente, sin embargo, ninguna acción legal se ha iniciado para declarar la caducidad de los predios ilegalmente titulados. Es más, el presunto líder de la organización detrás de estos actos criminales, Isaac Huamán, exdirector de la DRAU, se mantiene libre y hasta hace unos meses laboraba nada más que en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Investigado Isaac Huamán, exdirector de la DRAU
Como puede observarse, la cobertura del bosque se mantenía en pie, aun cuando los informes que justificaban la titulación decían que la zona había sido convertida en campos de cultivo. Aun asumiendo que eso hubiera sido cierto, existe un impedimento legal para la titulación de tierras forestales o de protección. Los informes técnicos de la propia DRAU concluyen que las tierras no podían ser entregadas por esos mismos argumentos.
La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali multó a la colonia con 11 millones de soles (casi 3 millones de dólares) en 2021 por deforestación. Este delito contradictoriamente sí es reconocido por los menonitas, pero se excusan indicando que, cuando pidieron el permiso de cambio de uso de suelo, no se les indicó cómo subsanar el impase técnico.
Aun con todos estos hechos y argumentos, con los informes ya emitidos por la autoridad agraria, declarando que los predios que ocupan los menonitas son de uso forestal y de protección, y sobre todo con la demostración de que muchos se encuentran dentro de tierras comunales previamente tituladas, la caducidad de los títulos otorgados por las mafias sigue en espera.
En opinión de Linda Vigo, abogada que asesora a la comunidad nativa Caimito, el Estado peruano, representado por las carteras de Ambiente y Agricultura, el Gobierno Regional de Ucayali y el grupo menonita de Masisea deben rendir cuentas ante la ley por esta situación.
Sin apoyo estatal
Las gestiones de Caimito para la defensa de su territorio han sido, desde el inicio del conflicto, un dolor de cabeza para las autoridades regionales. Más allá de no apoyar con la anulación de los títulos de propiedad obtenidos de manera fraudulenta por un evidente sistema de tráfico de tierras la actitud de las autoridades agrarias ha sido pasiva y complaciente con la colonia menonita.
Cartas sin respuesta, gestiones infructuosas, largas esperas sin resultados. De todo eso ha sido testigo Linda Vigo, quien tomó el caso desde el inicio del conflicto en 2018. “La indolencia de las autoridades es pasmosa. No solo no hacen ningún esfuerzo por detener el atropello a los derechos de la población indígena, sino que permiten que se siga deforestando con títulos fraguados por traficantes de tierras”, señala.
“Ahora, hace unas semanas, los hermanos shipibo descubrieron con sorpresa que estos señores estaban abriendo nuevamente una carretera dentro del territorio de la comunidad nativa Caimito. Afortunadamente, esta vez un juez ha pedido que se detenga toda actividad de parte de los menonitas. Pero, ¿hasta cuándo va a tener que soportar la comunidad los atropellos de esta gente?”, añade.
También, durante la gestión (2019-2021) del gobernador Francisco Pezo, quien cumple prisión por presunta corrupción durante su gestión, las comunidades afectadas por la invasión de los menonitas tuvieron diversos acercamientos con la Dirección Regional de Agricultura para solucionar el tema y expulsar a los invasores.
“Las comunidades demandaban que de una vez se les georreferencie para que no haya más conflictos, para de una vez tener seguridad de que sus tierras realmente habían sido invadidas”, señala Adán Sánchez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Lago Imiría y Chauya Masisea (FECONALICM).
En medio de esas negociaciones, surgió la idea del director de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA), en ese entonces Gino Castagne, de “negociar y conciliar” con los menonitas.
El responsable de ese ofrecimiento planteó como única salida a la crítica situación de conflicto que las comunidades cedan sus terrenos a los invasores, firmando las actas de colindancia para que la DRAU proceda a georreferenciar los terrenos comunales y sanear finalmente los expedientes.
“Hemos pedido apoyo a la cooperación y en un mes hemos hecho el trabajo, caminando, lindero por lindero. ¿Y para qué? Al final ese doctor de la DRAU solo decía que firmemos con los menonitas…”, recuerda Adán Sánchez.
Menonitas en Pucallpa. Foto: Hugo Alejos/Convoca.pe
¿Quiénes son los menonitas?
Cuando se les ve por las calles de Pucallpa o de Masisea, capital del distrito del mismo nombre, la apariencia de los menonitas es de gente pacífica, discreta y austera. Algunos han roto esa barrera del silencio y saludan en un castellano precario a quienes los saludan primero. Mujeres rubias con el pelo cubierto con pañuelos y vistiendo largas faldas, trajes que ocultan cuanta piel se pueda. Hombres altos, delgados, casi siempre con sombreros claros, de ala ancha o gorras oscuras. Siempre en camisas a cuadros, tirantes y pantalones de trabajo. Zapatos rudos, oscuros, muchas veces gastados por el trajín.
Los menonitas de la Antigua Colonia, el grupo más conservador de esta agrupación religiosa, llegaron a América luego de siglos de persecución religiosa y política. Históricamente, fueron expulsados de varios países o asesinados por sus creencias. Los menonitas viven tratando de mantener su pureza étnica, su religión e idioma original, una variante muy antigua del alemán.
Para los menonitas, sus creencias están por encima de las leyes de los países a los que migran. Se educan ellos mismos, teniendo como material básico de lectura la Biblia, aprendiendo aritmética elemental y luego una serie de conocimientos prácticos como las labores agrícolas, que incluyen el manejo y reparación de maquinaria, labores indispensables para el estilo de vida que llevan.
Los menonitas han sido acusados, en casi todos los países de América Latina donde se han asentado, de apropiarse de tierras estatales o indígenas, de explotar hasta el límite los recursos como el agua y la tierra, el uso indiscriminado de agroquímicos, la contaminación de aguas superficiales y acuíferos, así como la destrucción de bosques y otras formaciones vegetales naturales.
En su visión del mundo, para los menonitas todo lo existente en la naturaleza ha sido creado para su aprovechamiento al máximo. Plantas y piedras no son diferentes, son solo cosas que sirven como material de construcción o leña.
Peter Dyck, natural del país centroamericano de Belice, líder y residente en Tierra Blanca, en declaraciones recogidas para un reportaje del portal Convoca indicó: “Nosotros hemos venido a trabajar. Buscamos más tierra para vivir y producir. ¿El bosque? Pues es mejor que la tierra produzca comida. ¿Para qué vamos a tener tantos árboles si no se comen, si no producen nada? La madera es importante, ¿pero para qué más? Ya hay suficientes árboles en Perú. Perú necesita comida y no más árboles”.
Efectivamente, para los menonitas, los bosques amazónicos son solo un espacio de obtención de riqueza a través de la agricultura intensiva y la ganadería, sin ningún otro valor. Para ellos el espacio de vida de los pueblos indígenas y la diversidad biológica que albergan los bosques, sencillamente, no es de importancia.
La acción del juzgado ucayalino, deteniendo la carretera en construcción por los menonitas fue seguida por una visita de la autoridad forestal regional. Sin embargo, los cambios en la legislación forestal ponen en riesgo todos los procesos seguidos contra ellos. ¿Alguien realmente detendrá la expansión destructora de los menonitas en el Perú?
Comentarios (1)
La destruccion de la selva amazonica, es por complicidad de los gobiernos locales,regionales,nacionales y por funcionarios de la instituciones inmiscuida en esta problematica, con actitud delincuencial y corruptos, se debe para esto, urgente.