Por Susy G. Díaz Gonzales*
La Mula, 9 de marzo, 2022.- Las comunidades nativas Junín Pablo, Caimito, Nuevo Loreto y Buenos Aires forman parte del corazón del Área de Conservación Regional (ACR) Imiría, en Ucayali. Una podría pensar que los territorios comunales, al estar dentro de un área protegida, aunque sea de nivel regional, serían más seguros, sin embargo, no es así.
Para nadie es un secreto que los territorios de estas cuatro comunidades han sido usurpados por personas que se han asentado para instalar cultivos ilícitos de coca, aprovechando la poca vigilancia comunal y estatal que impera en la zona. Esta situación ha sido confirmada por las diversas autoridades, quienes señalan que saben que esta situación vulnera los derechos de todos los locales, pero sienten un temor natural por las represalias que puedan llegar a tomar en su contra aquellos delincuentes. Por ello se sienten maniatados, sin poder hacer nada.
Adicionalmente, la pandemia ha venido a precarizar aún más la ya complicada situación económica de las familias de estas comunidades. La actividad de las artesanías a la que muchas mujeres se dedican se ha visto enormemente afectada, debido a que varios de los puntos de venta han sido cerrados, además de la obvia ausencia de turistas. Adicionalmente, los varones no pueden realizar ciertas actividades económicas como el aprovechamiento forestal ya que los terrenos de sus comunidades se encuentran al interior de un ACR, la realización de la pesca comercial necesita de documentos que se consiguen con trámites engorrosos y en la ciudad, por lo que terminan desanimándose en medio de una maraña burocrática.
La pandemia también causó que las clases en las escuelas se suspendieran durante mucho tiempo y, por tanto, los niños, las niñas y adolescentes cuenten con demasiado tiempo libre que tienden a llenarlo con actividades nada provechosas.
Frente a esta situación, los y las comuneras han encontrado una opción para mejorar sus alicaídas economías, la cual consiste en aceptar la oferta de trabajo como jornaleros para cosechar la hoja de coca que se encuentra dentro de los territorios comunales, donde el pago por jornal es 100 soles. Los padres van con sus hijos e hijas a los jornales porque es más rentable, ya que al mes pueden ganar entre 2,000 a 3,000 soles aproximadamente. Este trabajo permite cubrir las necesidades más básicas de las familias. Sin embargo, en este contexto, son las niñas y adolescentes que se exponen más a los peligros de estas actividades, debido a que son potenciales víctimas de violencia sexual, física, trata de personas, entre otros.
Se podría estar en contra de los padres por la decisión de incluir a sus hijas en estas actividades y criticar también a las adolescentes por ir a estos trabajos, pero ¿Es que se podrían dedicar a otras actividades?, ¿Realmente tienen elección siendo que es un lugar en el que hay muy pocas oportunidades, por no decir que son inexistentes?
Esto se suma a que entre la población indígena es común que las mujeres desde los 12 años se unan como pareja de algún varón mayor de edad, inclusive se tenga hijos desde esa temprana edad. Ya estando en situación de pobreza, el tener familia tempranamente la perpetúa. Además, la dedicación a la familia hace que tenga poco tiempo e interés en acceder a estudios secundarios, mucho menos superiores.
Ya la falta de oportunidades, las dificultades para acceder a los servicios de educación, la urgencia de cubrir necesidades básicas para sobrevivir se confabula en contra de ellas y ahora es maximizado al sumarle el riesgo al que son expuestas por participar en una actividad ilegal, que las convierte en víctimas potenciales de sufrir las diversas violencias ¿Qué no es ya suficiente? ¿Qué puede hacer el Estado para disminuir su exposición al peligro? ¿Qué podemos hacer como indígenas para mejorar esta situación? Son preguntas que requieren ser contestadas si queremos empezar a cambiar esta realidad, y aumentar la posibilidad de que nuestras niñas y adolescentes tengan un camino más equitativo y justo.
Conmemoremos el Día Internacional de la Mujer reflexionando respecto a estos temas y generando oportunidades para que las condiciones de estas niñas y adolescentes mejoren. No romanticemos la pobreza. Los saludos y flores no alcanzan para aliviar la pobreza y la exclusión.
---
* Susy G. Díaz Gonzales es abogada indígena del pueblo Shipibo Konibo y presidenta de la Asociación Intercultural Bari Wesna.
----
Fuente: Publicado en La Mula el 8 de marzo de 2022: https://bit.ly/3sX8Tzd
Te puede interesar:
Violencia y deforestación en la Amazonía peruana
El aumento de la deforestación y sus consecuencias en el cambio climático se conectan con los crímenes ambientales y los impactos en la vida, integridad y salud de los pueblos indígenas que habitan el territorio. No tomar esto en consideración profundizaría aún más una crisis humanitaria que amenaza, literalmente, con la extinción de todo un pueblo. Seguir leyendo...
AÑADE UN COMENTARIO