«La presidenta Boluarte debe tomar medidas que ayuden a unificar al país como ella misma ha dicho, no olvidarse de los pueblos indígenas que luchamos por defender nuestros derechos colectivos, nuestro territorio y nuestra identidad. Con este propósito, vamos a intentar transmitir nuestros pensamientos y nuestra plataforma reivindicativa de manera directa al nuevo gobernante».
Por Gil Inoach Shawit*
GTAA, 8 de diciembre, 2022.- Pedro Castillo no fue electo presidente del Perú por mérito propio. La ciudadanía votó endosándole el beneficio de la duda, pero la gran mayoría lo hizo pensando en una suerte de gobierno de transición hasta encontrar alguna salida que ameritara nuevas elecciones. No se podía pensar de la misma forma si Keiko llegaba a ser presidenta porque la gran mayoría de la población sabía por los antecedentes de su padre, que una vez llegada a la alta magistratura, controlaría los tres poderes del Estado lo cual haría difícil dicha transición.
Con la esperanza de que la subjetividad colectiva al beneficio de la duda podría aclararse con las sorpresas que nos daría el mandatario electo por medio de actos de gobierno con capacidad concertadora, volvimos a nuestros quehaceres esperando la concreción de las buenas nuevas ofrecidas en la campaña electoral. Los primeros abruptos vinieron de expresiones presidenciales inapropiadas que pronto alertaron que el mandatario desconocía los roles de poderes del Estado, ignoraba que el Estado funciona con un ordenamiento jurídico propio sujeto a un instrumento político y legal matriz llamado Constitución.
Empezó a salir con sus anuncios de “El hacendado, el patrón no comerá más del sudor y de tu trabajo” emulando la frase parecida que lanzó el General Juan Velasco Alvarado en 1969 cuando eliminó el latifundio. Se desdijo en muchas ocasiones sobre la estatización o no del gas de Camisea, dejando un sabor desabrido del tipo que dice mucho sin hacer nada, decepcionando al sector importante de la población que empezó a mirar al presidente como un hombre sin palabras.
Se rodeó de funcionarios con desconocida experiencia en funciones públicas, algunos de los cuales fueron develados por sus actos como escogidos para orquestar la continuidad de la vieja practica de la corrupción estatal, hecho que salpicó hasta al mismísimo presidente, abonando más dudas sobre sus palabras que, lejos de tomar medidas más drásticas, se limitó a repetir que es un presidente discriminado por su origen.
Las investigaciones no se hicieron esperar, las sospechas de corrupción desde la esfera más alta de poder poco a poco iban calando fondo con la aparición de testigos que aseguraban haber entregado dinero a los intermediarios del presidente. Poco a poco el respaldo popular iba mermando por el descrédito del mismo presidente, las escapadas por la noche con gorro, dejando el sombrero de la identidad originaria, para atender las reuniones oscuras colaron como el caldo de cultivo de innumerables críticas de donde la prensa se agarró para demoler su imagen y mostrarlo como corredor de las porciones gananciales de la buena pro. Estos hechos nada convincentemente aclarados abonaron a la decepción popular.
El 7 de diciembre de 2022 el presidente Castillo anunció que disolvía el Congreso. Un golpe de estado sin duda alguna. Frente a esta situación casi toda la ciudadanía pensó “¡ahora vienen los tanques!” y nos imaginamos soldados controlando el Congreso y el Poder Judicial; pero nada de esto pasó. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se pronunciaba a favor de la democracia, condenando la disolución del Congreso; los ministros renunciaban, el poder judicial tomaba medidas para detener al ciudadano Castillo y todas las instituciones públicas y privadas rechazaban el golpe.
La población no salió a la calle para respaldar al golpista y Castillo pronto quedó en completa orfandad política y social. No se entiende cuál fue la hipótesis de las consecuencias adversas del golpe. Pensó tal vez Castillo que contaría con el respaldo popular para materializar su autogolpe y que este respaldo sería suficiente para validarlo. Pero la institucionalidad democrática de la que está investida la Constitución Política del Perú determina la legalidad con cuerdas separadas del respaldo social; así que de todos modos se hubiera producido la vacancia desde el Congreso. Este escenario era previsible ¿acaso los asesores del golpe no han tenido en cuenta esta valla legal y constitucional?
Castillo hace rato perdió confianza del publico por la imagen contradictoria que él mismo venía proyectando, no era que por discriminación estaba sometido a diversas críticas, la oposición se hacia cada vez fuerte por los mismos precipicios que cometía el presidente. Si un mandatario sale para cenar en la casa de amigos, no tenía por qué deambular a escondidas y solo en Sarratea, teniendo a miembros de seguridad a disposición las 24 horas. Si no promulgaba la Ley de Segunda Reforma Agraria, no tenia por qué estar despertando falsas expectativas ante la muchedumbre como lo hizo en Cusco en octubre de 2021.
Al respecto, cuando la población se enteró que el anuncio carecía de respaldo legal, se decepcionó más. Torpedearse a sí mismo asumiendo que se va a estatizar el gas de Camisea, para luego decir que “no se dijo asi”, ya es pasarse de autocontrol emocional. Es que las cosas no se hacen como por arte de magia, sabemos que para tomar medidas estatales hay que analizar si los actos a optar serían jurídicamente viables o no. Si una medida legalmente no es posible es mejor no anunciarla, quedarse callado, más bien buscar otras alternativas asequibles. Pero al entonces presidente al parecer no le interesaba desgastar sus palabras, sin tener en cuenta que cada patinada significaba una bajada en las estadísticas de aprobación.
El golpe de estado hecho sin fundamento ni estrategia bajo la penumbra de la vacancia solo dice lo desesperado que estaba el presidente. Probablemente supuso que llegó el momento de baño de popularidad con el golpe que tanto quería el pueblo, sin darse cuenta de que el pueblo que supuestamente aclamaba no existía o simplemente se colocó en el bando de los decepcionados. En tanto, otro sector de la población, incluyendo la fuerza armada, no quiso arriesgarse con un presidente cuya palabra nunca tuvo respaldo, ni seriedad, ni credibilidad.
Con esta experiencia la presidenta Boluarte debe tomar medidas que ayuden a unificar al país como ella misma ha dicho, no olvidarse de los pueblos indígenas que luchamos por defender nuestros derechos colectivos, nuestro territorio y nuestra identidad. Con este propósito, vamos a intentar transmitir nuestros pensamientos y nuestra plataforma reivindicativa de manera directa al nuevo gobernante.
---
* Gil Inoach Shawit es el primer Pamuk (gobernador) del Gobierno Territorial Autónomo Awajún. Previamente, fue presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y asesor de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). En 2021, publicó Entre la Dependencia y la Libertad: Siempre Awajún.
----
Fuente: Publicado por el portal del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA): https://gtaawajun.org.pe/la-caida-del-presidente-castillo/
Te puede interesar:
La destrucción del río Cenepa en Perú, por Gil Inoach Shawit
En pleno territorio awajún, la permanente actividad de las dragas y el uso del mercurio en la actividad aurífera generan una constante contaminación del río y, por lo tanto, el agua ya no es apta para el consumo humano. Sin embargo, los habitantes de la cuenca siguen alimentándose del pescado contaminado que afecta directamente a su salud. Los últimos estudios revelan que uno de cada tres niños presenta anemia y elevados índices de desnutrición crónica infantil. Ante esta preocupante situación, las comunidades awajún procuran buscar soluciones de manera organizada. Seguir leyendo...
Mineros en el Río Cenepa. Foto: Gil Inoach.
Comentarios (1)