Niña indígena kakataibo en cuidados intensivos por tentativa de feminicidio

De acuerdo a la defensa de la menor, ella era permanentemente acosada por su agresor, un hombre adulto que además es primo de la víctima.

Servindi, 29 de noviembre, 2019.- Tiene 16 años, pero su vida ya corre peligro. Es el caso de la menor de iniciales N.P.Ch, perteneciente al pueblo indígena Kakataibo.

El martes 26 de noviembre, N.P.Ch se encontraba en su domicilio, en la comunidad nativa de Santa Martha, cuando Diego Ramírez Paredes, de 23 años –además primo de la víctima-, le disparó un cartucho de retrocarga a la altura de la cabeza.

Según revelaron fuentes allegadas a la víctima, el hecho ocurrió cuando la menor se opuso a ver violada por Ramírez Paredes, ante lo cual el agresor –portador de un arma de fuego-, intentó acabar con la vida de la víctima.

Hasta el momento la menor se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Pucallpa, hasta donde tuvo que ser trasladada para salvarle la vida. Mientras que Ramírez Paredes se encuentra prófugo.

Ignorancia y poca voluntad

En comunicación con Chaska Valencia Meléndez, abogada colaboradora del Programa Mujer de Aidesep, denunció que no se activaron oportunamente los mecanismos a los que se debe acudir en casos de feminicidio o tentativa.

“El centro de salud [primer punto adonde llevaron a la menor] no ha actuado conforme al protocolo de actuación conjunta que ya existe. La ley dice que apenas se tome conocimiento cualquier servidor de salud debe denunciar”, indicó Valencia.

La especialista considera que esto se debe al desconocimiento de este protocolo por parte de los distintos servidores públicos como del sector salud, justicia y la policía, además de la poca voluntad para conocer cómo proceder en estos casos.

Otra dificultad que impide una actuación oportuna es el desconocimiento del enfoque intercultural, remarca la abogada, indicando que tampoco se convoca a las organizaciones indígenas para la elaboración de estas políticas y medidas.

Reflexión para el Estado y las organizaciones indígenas

Sin embargo, esta situación también debe provocar una reacción por parte de las organizaciones indígenas y no solo del Estado.

Así lo explicó Rocilda Nunta, coordinadora del Programa Mujer de Aidesep. Ello en referencia a que, si bien las comunidades están facultadas para aplicar justicia en su interior, muchas veces los mecanismos con los que cuentan no están logrando frenar la violencia hacia las mujeres.

Nunta remarcó que, por parte de las comunidades, también debe haber una revisión de los estatutos para ver en qué medida pueden enfrentar este problema.

“Los estados deben implementar adecuadamente el tratamiento a la violencia, pero en coordinación con los pueblos indígenas”, remarcó Rocilda.

Cabe indicar que la comunidad nativa de Santa Martha pertenece a la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).

Asimismo, la Aidesep, tras conocer el caso, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que actúen de manera inmediata y articulada con las organizaciones indígenas, y dar pronta atención a este caso.

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