Foto: La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Servindi, 29 de mayo, 2019.- El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo MacGregor, ordenó a El Salvador suspender inmediatamente el trámite del proyecto de “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”.
Así lo indicó este 28 de mayo en una resolución de medidas urgentes por el caso de la masacre de unos mil campesinos en El Mozote (1981) y, posteriormente, en un comunicado de prensa.
Este proyecto de ley es criticado por poner en riesgo el derecho al acceso a la justicia de las personas sobrevivientes a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
Además, de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA por sus siglas en inglés), dicho texto legislativo beneficiaría a los responsables de estos crímenes.
La mencionada suspensión debe permanecer hasta que "el pleno de la Corte Interamericana conozca y se pronuncie sobre esta solicitud de medidas provisionales durante su próximo período de sesiones".
La Corte IDH también ordenó al Gobierno salvadoreño presentar un informe sobre el cumplimiento de esta decisión. El plazo para presentar esta información es a más tardar este 14 de junio.
Los involucrados en el polémico proyecto legislativo
Este requerimiento de efecto vinculante se dio en el marco del posible debate y aprobación de dicho proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, antes del 1 de junio, fecha en que el presidente electo, Nayib Bukele, asumirá el cargo.
La comisión especial que presentó esta propuesta legislativa fue cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos, dado que todos sus miembros estuvieron relacionados directamente con este período de violencia.
Dicha comisión justificó su proyecto legislativo en la sentencia del Tribunal Supremo de 2016, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía establecida en 1993.
Dicho fallo exigió a la Asamblea Legislativa que trabaje en una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil aseguraron que no han sido consultadas en el proceso de creación de este proyecto.
En El Salvador, el conflicto armado interno, ocurrido entre 1980 y 1992, cobró 75 mil vidas. Este periodo de violencia dejó crímenes como el asesinato de los jesuitas, la masacre en El Mozote (1981) y el homicidio del arzobispo Óscar Arnulfo Romero (1980).
El relator de la ONU también se pronunció
A inicios de mayo, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Fabián Salvioli, alertó que varios artículos del citado proyecto de ley son ilegales bajo la ley nacional e internacional.
Según el experto en justicia transicional, la iniciativa legislativa contiene perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos, prescripciones para la investigación y el enjuiciamiento de dichas violaciones, entre otras medidas.
"La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.
Así lo remarcó el relator especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, conforme a un comunicado de la ONU.
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