Un policía trata de dispersar una manifestación que pedía la destitución del presidente Boluarte y la celebración de elecciones generales en Perú. Foto: Lucas Aguayo Araos / © Picture Alliance/dpa. Fuente: AI
La organización considera que el material vendido por España podría servir para la represión que ha tenido lugar en el país desde que se iniciaron las protestas el pasado 7 de diciembre.
Por esa razón, la organización Amnistía Internacional (AI) pide al Gobierno de España suspender “con carácter inmediato” cualquier nueva autorización o envío a Perú de este tipo de material.
El argumento es que existe un alto riesgo de que tanto las fuerzas armadas como la policía peruana las empleen para cometer graves violaciones de los derechos humanos.
Desde que iniciaron las protestas el 7 de diciembre, AI ha documentado “operaciones muy preocupantes” con el objetivo de reprimir a quienes se manifiestan en localidades de todo el país.
“Desde hace 5 años, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Hay un riesgo claro de que el material de origen español esté sirviendo para acallar al pueblo peruano de forma violenta e ilegal”, alertó Esteban Beltrán, director de la entidad en España.
La entidad cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022 –últimos datos oficiales disponibles–, de los cuales cerca de 40 millones eran de material antidisturbios.
En cuanto a las exportaciones realizadas en ese mismo periodo, Amnistía destaca las ventas de 4,7 millones en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.
La sección española de AI pide la suspensión de estas exportaciones a la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Méndez, también presidenta de la Junta Interministerial que regula la venta de armas, cuyas decisiones son secretas al amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
La carta solicita además que, de acuerdo con el Tratado sobre Comercio de Armas que obliga a no autorizar exportaciones cuando existe un riesgo sustancial de uso para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, se revoquen la autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas.
Tal decisión debe mantener hasta que los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la policía peruanos sean procesados, y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
Además, Amnistía Internacional plantea que mientras no se adopten estas propuestas, “como mínimo, se apliquen medidas reforzadas de mitigación del riesgo” que recoge el protocolo sobre verificación del uso de las exportaciones de armas aprobado en 2020 por el Gobierno español.
Información complementaria
Desde que iniciaron las protestas sociales en diferentes regiones de Perú el 7 de diciembre de 2022, han muerto al menos 60 personas, entre ellas menores de edad, y decenas, entre civiles y policías, han resultado heridas.
Muchas de ellas por impacto de armas de fuego, en el contexto de la represión de manifestaciones. A comienzos de enero en la localidad de Juliaca, solo en 24 horas murieron 11 personas, incluyendo un policía.
La declaratoria del estado de emergencia el 15 de diciembre, no ha demostrado ser una respuesta adecuada a la crisis política y social que enfrenta el país.
Por el contrario, Amnistía Internacional, así como otras organizaciones de la sociedad civil, registran que las violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran la privación de la vida por uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, se han incrementado.
Amnistía Internacional recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional, las fuerzas militares que son destinadas a desarrollar actividades de mantenimiento del orden público y aplicación de la ley se encuentran obligadas por los mismos estándares que las fuerzas policiales. Esto incluye respetar las normas y regulaciones sobre uso de la fuerza.
La organización ha iniciado una campaña de firmas para exigir a la presidente Boluarte que pongafin al todas las formas de fuerza ilegítima por parte de las fuerzas de seguridad y se haga justicia con las personas que han muerto.
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