Servindi, 28 de diciembre, 2023.- Luego de la jornada nacional de protesta realizada el 20 de diciembre el gobierno de Javier Milei enfrentará un paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores (CGT) para el 24 de enero.
La decisión es en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y al proyecto de Ley denominado ley ómnibus, que busca reformas en el Estado y en la economía nacional.
La denominada “Ley Ómnibus” fue enviada por el gobierno de Javier Milei a la cámara de diputados y propone cambios en la movilidad jubilatoria y busca regular la protesta social, entre otras propuestas.
El miércoles, miles de personas pertenecientes a las diversas organizaciones gremiales articuladas en la CGT se movilizaron frente al Palacio de Justicia en contra del DNU publicado la semana pasada.
Héctor Daer, secretario general de la CGT participó de una conferencia de prensa en la que denunció la inconstitucionalidad de las medidas dadas por Milei.
“Pedimos que se declare inconstitucional” reclamó el sindicalista. “Esto tiene que ver y es en respuesta a un DNU de características ilegales, no constitucionales” afirmó Daer.
“No cabe duda que es una transferencia real de los sectores trabajadores que pierden capacidad de acción ante derechos que están plasmados en la Constitución y en los derechos internacionales”, continuó Daeren referencia a la privatización de Aerolíneas Argentinas que es patrimonio de los argentinos.
“Apunta contra los derechos colectivos y contra un sistema universal solidario de salud y una cantidad de innumerables cuestiones que hacen a nuestro país”, expresó el secretario general de la CGT.
Héctor Daer, señaló al canal de noticias ‘TN’ que “uno puede transformar un país, pero debe hacerse con un gran acuerdo con base de sustentación política, proponiendo debate”.
“Acá estamos deshaciendo la administración del Estado, convirtiéndola en la nada misma y a partir de eso alguien nos dice que vamos a estar mejor, pero las consecuencias son tarifazo y devaluación” agregó Daer.
Masiva marcha convocada por la CGT el 27 de diciembre. Foto: diario Crónica
Más de 40 empresas estatales podrían ser privatizadas
En el macroproyecto de ley enviada al Congreso la actual gestión buscará que el Estado deje de ser el dueño de unas 41 empresas públicas que prestan servicios como transporte, comunicaciones, energía, correos y envíos postales, entre otras actividades.
Sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que si bien todas las empresas públicas nacionales están sujetas a privatización, no significa que esto ocurra.
“Que las empresas estén sujetas a privatización no implica que se vayan a privatizar. Hay empresas que deben sanearse, pero serían imposibles de privatizar”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa realizada el jueves en la Casa Rosada.
El Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas son algunas de las empresas íntegramente propiedad del Estado de las que el Gobierno pretende desprenderse.
En el caso de la línea aérea, el presidente Milei había manifestado en reiteradas oportunidades su interés en entregarle la titularidad a los trabajadores.
Muy distinto es el caso de la petrolera YPF, una de las principales empresas del país, que tiene el estatus de sociedad anónima y en la que el Estado argentino y las provincias productoras de hidrocarburos poseen el 51% de las acciones. El 49% restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.
Milei busca limitar las acciones del Poder Legislativo
Las críticas hacia Milei crecieron luego de que el mandatario envió al Congreso nacional un proyecto de ley con el que pretende limitar el alcance y las acciones del Poder Legislativo, para permitir el Ejecutivo sea el que tome decisiones.
Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”
Proyecto de ley enviado por Javier Milei.
Ha quedado obvio que Milei busca tener facultades para legislar, algo que la Constitución Nacional prohíbe expresamente en el artículo 76, que dice:
“Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
“Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores” sostuvo la CGT en un comunicado.
Y aclaró que: “Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía”.
Primer paro a Milei
El paro del 24 de enero sería el primer paro nacional en la gestión de gobierno de Javier Milei, luego de cuatro años sin paros nacionales durante la administración de Alberto Fernández.
Durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) hubo cinco paros nacionales, pero el primero llegó en abril de 2017, a 484 días de haber asumido.
Plan de lucha
El Comité Central Confederal de la CGT aprobó el jueves no solo la convocatoria al paro nacional sino un conjunto de acciones como la presentación judicial contra el DNU.
Asimismo, se realizarán pedidos de reunión para los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria para manifestar su postura frente al DNU y la ley ómnibus.
Otra medida es reunirse con las demás centrales obreras para articular medidas en conjunto y se convocará a un plenario de delegaciones regionales de la CGT para el 10 de enero.
Voceros gremiales señalaron a la agencia argentina Télam que “la idea de la mayoría de los dirigentes y organizaciones es aprobar la instrumentación de un plan de lucha gradual”.
“Los trabajadores no somos la casta”
El miércoles 27 de diciembre la CGT emitió un comunicado en el que cuestionan duramente las políticas económicas implementadas y los proyectos anunciados por el Ejecutivo nacional.
“El presidente de la nación prometió hacer un ajuste que pagaría lo que él denomina "casta política", y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte”, señala el comunicado al inicio.
Y añade que sus medidas “arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva”.
Para la central obrera, “no hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral”.
En tanto, resaltaron que “cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario”.
AÑADE UN COMENTARIO