Servindi, 28 de febrero, 2024.- Una marcha en rechazo a la minería se realizó el miércoles 28 de febrero en la ciudad de Jaén convocada por rondas campesinas y delegaciones indígenas awajún y wampis.
La marcha reunió a miembros de las rondas campesinas y delegaciones de los pueblos Awajún y Wampis así como a representantes de la Iglesia católica quienes leyeron un pronunciamiento.
En la marcha participó la waisam Matut Impi Ismiño del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) y Teófilo Kukush, representante del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW).
Acompañaron la marcha ciudadana Alfredo Vizcarra, obispo del Vicariato de Jaén; Cristóbal Mejía, obispo de la Diócesis de Chulucanas y Humberto Tapia, obispo de la Diócesis de Chachapoyas.
De igual modo, organizaciones de la sociedad civil como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y la Red Muqui.
Pronunciamiento de la Iglesia
Los obispos del Vicariato de Jaén, de la Diócesis de Chulucanas y la Diócesis de Chachapoyas urgieron a las autoridades a respetar la voluntad de los pueblos de mantener sus modos y medios de vida.
Mediante un pronunciamiento conjunto piden respetar sus actividades económicas basadas en la agricultura, la ganadería y sus saberes ancestrales.
Asimismo, demandan que se garantice la protección de los páramos, los bosques de neblina y primarios, las cabeceras de cuenca y de los pueblos y comunidades que las custodian.
En un documento leído durante la movilización contra la minería realizada el miércoles 28 en la ciudad Jaén, alertan sobre el punto de no retorno ante el cambio climático.
Foto: CAAAP
Asimismo, su preocupación por los impactos de la minería en el territorio peruano, así como la flexibilización normativa realizada por el Congreso de la República que favorece las actividades ilegales.
Señala que la voluntad del gobierno de destrabar proyectos mineros que fueron rechazados por la población como el proyecto Río Blanco –entre Ayavaca y Huancabamba–, afectará la cuenca del río Chinchipe en Jaén y San Ignacio.
Indican que el 15 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería y el 20 por ciento está ocupado por la actividad minera ilegal e informal agravando los impactos de la crisis climática.
En tal virtud, instan a las autoridades a respetar la voluntad de los pueblos y garantizar la protección de sus derechos colectivos y de la Casa Común, como denomina el papa al planeta en que vivimos.
Foto: CAAAP
Solidaridad con Colasay
El pronunciamiento de la Iglesia también se solidariza con los pobladores del distrito de Colasay, en la provincia de Jaén, ante el inicio de actividades mineras de las empresas Fresnillo y Barrick.
Dichas empresas mineras iniciaron sus operaciones en seis concesiones que afectarán la cabecera de cuenca del río Huayllabamba, afluente del río Marañón, así como la actividad agrícola y ganadera que abastece al norte del país.
“Dejen de destruir la naturaleza”
El pronunciamiento cita una declaración del papa Francisco en la que pide a las grandes corporaciones mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias y de agro negocios “que dejen de destruir la naturaleza, dejen de contaminar, dejen de intoxicar a los pueblos y los alimentos”.
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