En Loreto, cinco candidatos son investigados por lavado de activos y delitos contra la administración pública; mientras que, en Ucayali, dos son accionistas de empresas de palma aceitera.
Servindi, 27 de setiembre, 2022.- Investigaciones por corrupción y vínculos con la deforestación rodean a los principales candidatos a la gobernación regional de Loreto y Ucayali, dos regiones importantes de la selva peruana con población indígena.
En Loreto, cinco candidatos son investigados por lavado de activos y delitos contra la administración pública; mientras que, en Ucayali, dos son accionistas de empresas de palma aceitera.
Ambas regiones tienen en común que sus dos gobernadores regionales elegidos en el último proceso electoral de 2018, afrontan serios cuestionamientos: uno está investigado y otro en prisión.
Loreto
En el caso de Loreto, el departamento con mayor población indígena amazónica del Perú, son cinco las exautoridades investigadas por presuntos delitos de corrupción que compiten por la gobernación regional.
Según OjoPúblico, entre ellos se encuentran los hermanos Fernando Meléndez (Alianza Para el Progreso) y Jorge Meléndez (Juntos Por Loreto).
El primero registra 156 investigaciones por los presuntos delitos de peculado, lavado de activos, abuso de autoridad, entre otros. De ellas, 102 fueron archivadas y otras 54 continúan en trámite.
Fernando Meléndez, exgobernador de Loreto que intenta volver al cargo.
Fernando Meléndez también reporta seis casos con acusación fiscal por los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, negociación incompatible y otorgamiento ilegal de derechos.
Su hermano menor, Jorge Meléndez, por su parte, registra tres investigaciones penales en curso en Loreto y San Martín por los delitos de usurpación agravada, depredación ecológica y falsedad genérica.
Jorge Mera Ramírez, del Movimiento Esperanza Región Amazónica y uno de los favoritos al cargo, también tiene una investigación en etapa preliminar por lavado de activos, en Loreto.
Otro de los favoritos, Oscar Llapapasca Samaniego, del Movimiento Independiente Loreto – Mi Loreto, cuenta con dos investigaciones en curso en Loreto por los delitos de peculado y omisión de funciones.
Ucayali
En esta región, la segunda amazónica más grande del país, dos de los 10 candidatos a la gobernación regional tienen acciones en empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de palma aceitera, según OjoPúblico.
Como se sabe, la expansión de cultivos de palma aceitera en Ucayali ha generado conflictos entre las empresas procesadoras de este insumo y diversas comunidades indígenas.
Uno de los vinculados a la palma aceitera es el exgobernador Manuel Gambini Rupay, del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino, que ocupó el cargo del 2015 al 2018.
Gambini es accionista de tres empresas dedicadas a la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal: Servicentro Palma S.A., Agroindustrias Oleaginosas del Perú S.A. y Oleaginosas Amazónicas S.A.
De hecho, fue durante su gestión que la palma aceitera se empezó a exportar, siendo hoy el principal producto de la región. El problema es de qué manera se ha logrado este impulso.
Según OjoPúblico, Gambini cuenta con tres investigaciones fiscales por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible, por denuncias hechas cuando fue gobernador.
Además, el 22 de agosto, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra el candidato por presuntamente integrar una organización criminal dedicada al tráfico de tierra y lavado de activos.
Manuel Gambini intenta volver a ser gobernador regional de Ucayali pese a sus antecedentes.
La red operaba a través de la entrega de títulos individuales de tierras consideradas intangibles (por estar en bosques de protección y pertenecer a indígenas aún sin titular).
Estas propiedades luego se vendían a la empresa Plantaciones de Ucayali (ahora Ocho Sur) para el monocultivo de palma aceitera. Durante la gestión de Gambini, se entregaron 128 certificados de posesión de tierras.
Esta exautoridad que ahora ostenta el cargo nuevamente también es señalada con responsabilidad penal por la Contraloría, por designar un procurador sin previo concurso público, en 2017.
También por favorecer presuntamente con el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Vial May Ushin por S/203 millones para el mejoramiento de la carretera Neshuya - Curimaná.
La otra candidata vinculada a la palma aceitera de la región es Antonia Hinostroza Gómez, del movimiento Ucayali Región con Futuro, según el mismo portal periodístico OjoPúblico.
Ella es accionista de las empresas de procesamiento de aceite Oleaginosas Amazónicas S.A. (Olamsa) y Agroindustrias Oleaginosas del Perú S.A. (Olpesa), las mismas en las que tiene participación el candidato Manuel Gambini.
El gerente general de Olamsa desde el 2018 es Nilo Demetrio Maguiña Vásquez, que es militante desde 2014 del movimiento por el que postula Antonia Hinostroza (Ucayali Región con Futuro).
En Ucayali, otras de las voceadas para ocupar el cargo de gobernadora regional es la candidata Celia Prado, de Acción Popular.
Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Prado tiene una investigación en etapa de diligencia preliminar por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Además, registra una investigación archivada en 2017 por su involucramiento en un caso de otorgamiento irregular de constancias de posesión de tierras, como exdirectora de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU).
Antecedentes regionales
Las elecciones del próximo 2 de octubre definirán el rumbo por los próximos cuatro años de dos regiones cuyos habitantes, al parecer, no tuvieron mucho acierto en los últimos comicios.
Los dos gobernadores regionales elegidos en el último proceso electoral de 2018 en Loreto y Ucayali, afrontan actualmente serios cuestionamientos.
En Loreto, Elisban Ochoa Sosa es investigado desde marzo de este año por el presunto delito de peculado doloso por haber contratado los servicios de alimentación y hospedaje de forma irregular durante la pandemia.
La Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva contra el gobernador, pero la solicitud fue rechazada. Aún el caso está investigación, así como otros 15 procesos penales en curso por diversos delitos.
Elisban Ochoa, gobernador regional de Loreto investigado actualmente.
En Ucayali, en tanto, Francisco Pezo Torres cumple 36 meses de prisión preventiva luego de que fuese detenido en diciembre de 2021 por los presuntos delitos de corrupción y crimen organizado.
Un informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción identifica además más casos de corrupción vinculados a funcionarios de ambas regiones, entre el 2002 y 2022.
Según este documento, que analiza a todas las regiones del país, en Loreto se reportaron 370 casos de corrupción, siendo el delito de peculado la mayor incidencia (45%) y teniendo 32 casos de corrupción en el gobierno regional.
Mientras que, en Ucayali, se registraron 194 casos de corrupción, siendo el delito de peculado el de mayor incidencia (44%) y habiendo 25 casos de corrupción en el gobierno regional.
Francisco Pezo Torres fue detenido y enviado a prisión en diciembre de 2021.
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