Argentina: Acceso a internet, telefonía celular y Tv por cable deben ser servicios públicos

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Debemos pensar en una Argentina integrada desde la comunicación, que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos en el sistema digital e infocomunicacional, por esto es un derecho y no un privilegio, informa la campaña.​

Servindi, 28 de julio, 2020.- En Argentina se inició una campaña para declarar que el acceso al internet, telefonía celular y TV por cable sean servicios públicos y considerados un derecho humano por ser esenciales y estratégicos para un desarrollo social inclusivo.

Las organizaciones impulsoras son la Asociación Argentina de Usuarios de Internet y Consumidores Responsables, junto a las agrupaciones políticas Frente Grande y Progresistas. La iniciativa reúne a más 60 instituciones.

La campaña busca reunir firmas digitales a través del portal Internet Esencial para solicitar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y al Poder Ejecutivo Nacional que implementen una tarifa social como aporte de equidad.

“Deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse como servicios públicos esenciales y estratégicos para el país”, revela el documento de la campaña.

El pronunciamiento finaliza indicando que las personas del sector de la economía popular y las pymes deben tener un espacio en el que se respete sus derechos a la libertad de expresión y a la comunicación.

Legitiman propuesta

La pandemia del COVID-19 ha revelado la importancia de contar con el acceso a dichos servicios porque permite que la sociedad avance, pese a la emergencia mundial.

Estos medios de comunicación han garantizado que la educación, el trabajo, las relaciones familiares y sociales no se detengan, sino migren al formato virtual.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se ha pronunciado sobre la importancia de estos servicios frente a la emergencia sanitaria.

La conectividad digital es indispensable para superar la pandemia y para conseguir una recuperación sostenible, pero no se debe permitir que las tecnologías superen la capacidad de dirigirlas, señaló la ONU.

Foto: Andina

Lucha por la conectividad

No contar con acceso a servicios de comunicación antes de la pandemia, ya era una limitación. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19 y el aislamiento social obligatorio la situación se agravó.

Ahora en la nueva normalidad, la conectividad digital ya no es considerada una opción, sino una necesidad vinculada a la educación, la integración social y a las posibilidades económicas.

Debemos pensar en una Argentina integrada desde la comunicación, que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos en el sistema digital e infocomunicacional, por esto es un derecho y no un privilegio, informa la campaña.

 

Foto: Andina

Historial de las iniciativas legislativas

Para el presidente de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas, Argentina es uno de los países que ha legislado ampliamente sobre la importancia del acceso a la comunicación como derecho inalienable.

En la provincia de Buenos Aires existen dos proyectos legislativos que buscan terminar con el monopolio empresarial de las comunicaciones. En este país, tres empresas controlan los medios de telefonía, internet y televisión por cable.

Mientras que, en el contexto local, en la ciudad de Bahía Blanca se registró una iniciativa solicitando a la Dirección General de Cultura y Educación que libere los datos móviles para los estudiantes.

“Muchos alumnos no cuentan con conexión de internet en sus domicilios, lo que imposibilita poder seguir el dictado de clases virtuales y esto genera desigualdad notoria en el acceso a la educación”, informa la iniciativa.  

Por su parte, en La Plata se presentó una campaña para garantizar el acceso a internet en los barrios periféricos. En diferentes puntos del país, se registraron este tipo de iniciativas que solicitan internet para todos.

Frente a la ola de iniciativas, la diputada nacional Liliana Schwindt de Frente de Todos también se pronunció para señalar que los servicios de telefonía móvil e internet deben ser públicos.

Esta pandemia nos ha demostrado la importancia de que estos servicios sean declarados esenciales, estratégicos y sean considerados un derecho humano.

 

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