Últimos 22 casos ocurrieron durante el estallido social iniciado en diciembre pasado y afectaron a menores, mujeres, adultos mayores y pueblos indígenas, según la Defensoría.
Servindi, 27 de junio, 2023.- Entre 2021 y el primer trimestre de 2023, la Defensoría del Pueblo registró 687 casos de presunta tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en Perú.
Según un reporte del organismo, 309 casos ocurrieron en 2021, otros 356 en 2022 y los 22 casos restantes durante el último estallido social, entre diciembre de 2022 y marzo de este año.
Veinte de los últimos 22 casos se registraron en Puno, Lima y Cusco y los dos restantes en Apurímac y Ayacucho, afectando a niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y pueblos indígenas.
A la luz de los resultados generales, se puede afirmar que entre 2021 y el primer trimestre de este año se registraron, como mínimo, 17 o 20 quejas al mes vinculadas a hechos de tortura y malos tratos.
Las regiones que concentran más casos fueron Lima, Cajamarca, Ica, Ancash, Cusco y Huánuco, siendo además que el 87% del total de las presuntas víctimas tenían condiciones de especial vulnerabilidad.
Esto debido a que eran personas privadas de libertad, mujeres, niñas o adolescentes, así como personas con discapacidad y adultas mayores, y miembros del colectivo LGBTI o migrantes.
Este registro constituye el primer Reporte de casos de presunta tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes conocidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El reporte fue publicado el lunes 26 de junio por la Defensoría del Pueblo con motivo de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
El organismo recordó que la tortura es un crimen proscrito a nivel internacional y refirió la necesidad de que el Estado peruano cumpla con la obligación de prohibir e investigar estos hechos.
Así como atender, rehabilitar y reparar a quienes han sido víctimas de tortura, garantizando investigaciones imparciales, oportunas y adecuadas que permitan evitar la impunidad en estos casos.
“También recordamos a las fuerzas policiales y militares la prohibición del uso excesivo de la fuerza en el desarrollo de sus intervenciones, así como la obligación de garantizar el cumplimiento de las salvaguardas y derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, indicaron.
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