Servindi, 27 de diciembre, 2017.- Un amplio rechazo internacional viene recibiendo el indulto humanitario al dictador Alberto Fujimori Fujimori, liberado de prisión el 24 de diciembre, luego de un pacto político que salvo de la vacancia al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) entre otras instituciones, se sumaron a organismos de Naciones Unidas como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos para rechazar la medida adoptada.
En un pronunciamiento, Amnistía Internacional señala que estas dudas en torno a la excarcelación del autócrata, que desataron además protestas ciudadanas y renuncias en el oficialismo, deben ser aclaradas de forma urgente por el presidente Kuczynski, quien afirmó en reiteradas ocasiones que no indultaría a Fujimori y se comprometió a no hacerlo en la campaña que lo llevó a Palacio.
"Esta medida, que anula la sentencia del 2009 por delitos de lesa humanidad, va en contra de las obligaciones del Estado peruano frente al derecho internacional y es una mancha en la lucha por justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú" indica AI.
"Asimismo, debilita la lucha contra la impunidad en el Perú al librar a Fujimori de un proceso penal en curso por la matanza de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la sierra central del país" prosigue Amnistía Internacional.
"Una vulgar negociación política"
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América Latina de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch, dijo que el indulto a Fujimori es el resultado de "una vulgar negociación política".
Vivanco aludió así a la sesión planearia del jueves 21 de diciembre donde PPK se salvó de ser destituido gracias a los votos de abstención del legislador Kenji Fujimori y otros nueve legisladores de Fuerza Popular.
En un pronunciamiento conjunto la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indican que el indulto habría sido producto de "una negociación política, no de una decisión de carácter humanitario, yendo en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Advierten que PPK ha concedido al expresidente Fujimori el derecho de gracia, "perdonándole la pena de 25 años de prisión que se encontraba cumpliendo y, además, exonerándolo de cualquier proceso judicial en su contra actualmente en curso".
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, afirma que "las acciones del presidente peruano tienen serias repercusiones para la democracia y ponen en jaque el Estado de derecho, al ignorar los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales del Estado frente a crímenes contra la humanidad".
!Además, nos preocupa que el indulto parezca estar motivado por el pago de favores políticos. Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas no pueden ser negociados para garantizar ventajas políticas o personales” agrega la directora de CEJIL.
Indulto divide al país
El portal alternativo Democracy Now destacó que las protestas sociales estallaron en Perú luego de que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, indultara al ex presidente Alberto Fujimori, quien estaba encarcelado por crímenes que incluyen haber ordenado masacres a escuadrones de la muerte en la década de los 90.
"Muchos ven este indulto como una compensación. Solo unos días antes, legisladores alineados con Fujimori ayudaron al actual presidente, un ex banquero de Wall Street, a evitar el juicio político por cargos de corrupción" resume Democracy Now.
Organizaciones internacionales condenan indulto a expresidente Alberto FujimoriWashington, D.C., 26 de diciembre del 2017.- Las organizaciones abajo firmantes, condenamos el indulto y el derecho de gracia a favor del expresidente Alberto Fujimori, otorgados por el actual presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el pasado 24 de diciembre. Si bien el indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias son una potestad del presidente de la República, en este caso se han dado en un contexto político crítico para el presidente peruano y, según miembros de su propio partido, habrían sido producto de una negociación política, no de una decisión de carácter humanitario, yendo en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías, indultos u otras excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Alberto Fujimori. Por otro lado, según el derecho interno peruano, para ser beneficiado por un indulto humanitario, se tiene que cumplir con uno de los siguientes requisitos: tener una enfermedad terminal o una enfermedad grave en estado avanzado, degenerativo e incurable, o padecer condiciones carcelarias que ponen en grave riesgo la vida y el estado de salud. Como se puede apreciar en el vídeo difundido el día de hoy por el propio expresidente Fujimori, su situación no corresponde a ninguno de estos supuestos. Esto ha sido confirmado por médicos de prestigio, quienes han señalado públicamente que los problemas de salud de Alberto Fujimori, son propios de personas de su edad. Los hechos ocurridos en el Perú días antes del indulto, sugieren que éste habría sido producto de una negociación oculta entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y un grupo de parlamentarios fujimoristas liderados por uno de los hijos del expresidente Fujimori, que lo apoyaron en el reciente proceso de vacancia (destitución) realizado el pasado jueves 21. Esta hipótesis ha sido confirmada por ministros y congresistas pertenecientes al partido de gobierno, varios de los cuales ya han presentado su renuncia. Cabe mencionar que el presidente Kuczynski no sólo le ha concedido al expresidente Fujimori el indulto, sino también el derecho de gracia, perdonándole la pena de 25 años de prisión que se encontraba cumpliendo y, además, exonerándolo de cualquier proceso judicial en su contra actualmente en curso. Pese a la precariedad y debilidad que aún padecen nuestros sistemas judiciales, el Perú era tomado como ejemplo de lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos, al haber logrado juzgar y condenar a un expresidente de la República respetando las garantías del debido proceso. Compartimos el sentimiento de indignación y decepción de millones de peruanos y peruanas por esta lamentable decisión. En especial, nos solidarizamos con las víctimas y familiares de los casos de graves violaciones de derechos humanos por los cuales el expresidente Fujimori fue hallado culpable. “Los que cuestionamos el pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski del pasado jueves porque lo consideramos un atentado contra la democracia, no podemos ocultar nuestra sorpresa e indignación por esta decisión. El presidente no sólo mintió reiteradamente sobre la posibilidad de este indulto, sino que, una vez hecha pública su decisión, la justificó usando argumentos que contradicen lo señalado en sentencias judiciales nacionales e internacionales. No dudo que esta decisión tendrá serias implicancias a nivel internacional”, señaló Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF. Para Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, “Las acciones del presidente peruano tienen serias repercusiones para la democracia y ponen en jaque el Estado de derecho, al ignorar los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales del Estado frente a crímenes contra la humanidad. Además, nos preocupa que el indulto parezca estar motivado por el pago de favores políticos. Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas no pueden ser negociados para garantizar ventajas políticas o personales”. Organizaciones firmantes:
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