El Juzgado de Cotabambas en Apurímac condenó a 11 dirigentes de las comunidades campesinas después de casi nueve años de proceso judicial.
Servindi, 26 de julio, 2024.- Por los delitos de daños graves, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, once dirigentes de Cotabambas y Grau, fueron sentenciados a nueve años de prisión.
Esto a raíz de las movilizaciones realizadas en 2015 en contra del proyecto minero Las Bambas que ponía en riesgo el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Durante estas protestas la policía reprimió a las comunidades campesinas, mientras el gobierno y la empresa los denunciaron por la comisión de diversos delitos.
Esta investigación se volvió emblemática porque con la intención de censurar las protestas, el gobierno y la empresa acusaron a 17 dirigentes de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero.
En estas manifestaciones, tres personas murieron por impacto de bala: Exaltación Huamaní Mío, Beto Chahuallo Huillca y Alberto Cárdenas Challco, como detalla el Observatorio de Conflictos Mineros.
Producto de este proceso el Juzgado de Cotabambas sentenció a los dirigentes, medida que fue rechazada por Cooper Acción y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo de la Paz (Fedepaz), quienes aseguraron que apelarán la resolución.
“Esto [la sentencia] pone en evidencia la estrategia estatal y empresarial de criminalizar todos aquellos que defienden sus derechos con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando” señalaron las organizaciones.
La sentencia recae sobre Veluz Pinares Ochoa, Rodolfo Abarca Quispe, Ronald Bello Abarca, Juan Cconislla Gallego, Hugo Huillca Peña, Jacinto Lima Lucas, Jaime Osorio Águila, Alem Torre García, Maximiliano Huachaca Mamani, Lucio Chauca Carrasco, y Walter Moreano Andrada.
Veluz Pinares, una de las sentenciadas, recibió el premio «Mamá Angélica» en 2023, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en reconocimiento a su lucha por los derechos humanos y medio ambiente en Cotabambas.
Fedepaz y Cooper Acción, aseguraron que durante la audiencia se encontró argumentos contradictorios y no se logró determinar o delimitar las pruebas mínimas que convierten a los pobladores en autores mediatos del delito.
“El juzgado no lo explicó porque no hay forma de sustentar la existencia de un supuesto de autoría mediata por parte de los dirigentes acusados” señaló en su comunicado Cooper Acción.
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