Ley de Bases amenaza a pueblos indígenas

Gráfico: FM Nuestras Voces. Gráfico: FM Nuestras Voces.

Uno de los principales capítulos de esta ley es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios hasta por 30 años a los sectores agroforestal, energético, tecnológico y de infraestructura. 

Servindi, 26 de junio, 2024.- Se trata de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos impulsada por Javier Milei que contempla polémicas y perjudiciales, reformas laborales, fiscales y ambientales. 

La aprobación del proyecto de ley recibió la media sanción del Senado y el rechazo conjunto de diversas organizaciones sindicales, sociales, ambientales y de derechos humanos.

Según expertos consultados por Mongabay Latam en uno de los principales capítulos de esta ley se encuentra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que promueve el extractivismo a partir de la explotación de los recursos naturales sin medir su impacto. 

El medio informó que este régimen busca atraer capitales mediante beneficios extraordinarios en términos fiscales, cambiarios y aduaneros en sectores como la minería, el gas, el petróleo y los agroforestales. 

El RIGI solo fortalecerá el extractivismo y la creciente desprotección de  las comunidades indígenas y rurales que durante muchos años han defendido y protegido los recursos naturales.

Guillermo Folguera, investigador del organismo dedicado a la promoción de la Ciencia y la Tecnología en Argentina, dijo a Mongabay que el RIGI buscaría incidir en algunas partes del país como Mendoza, Chubut y Jujuy, para acelerar el despojo de territorios.

“Buscan quitar herramientas a las comunidades. Están pensando en frenar la resistencia de las comunidades en Jujuy, desarmar eso por el tema del litio. Y me parece que están queriendo avanzar con Mendoza y Chubut sobre las leyes de protección del agua” dijo el especialista. 

Por su parte el medio Resumen Latinoamericano, aseguró que el gobierno de Milei no parece tener preocupación por garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sino de priorizar la propiedad privada y la libertad individual.

Del mismo modo, el sitio virtual Infoterritorial alertó sobre la amenaza que representa la posibilidad de eliminar fondos que interesan a los pueblos, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Amenaza se extiende al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Se presume que quienes pensaron la norma tienen en la mira los derechos territoriales de los pueblos indígenas, su única herramienta legal nacional (la ley 26.160) y probablemente también el control y neutralización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Pues el proyecto de ley cuenta con el artículo 3° que faculta al PEN a disponer, en relación con los organismos de la administración descentralizada la “modificación o eliminación de las  competencias, dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario”. 

El INAI no cuenta con resguardo como otros entes nacionales, excluidos de la disolución o protegidos frente a la eliminación de competencias y demás formas de neutralización o limitación del campo de acción. 

Si bien existen obstáculos en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, el Acuerdo de Escazú y otros instrumentos internacionales para evitar la disolución del INAI, la aprobación de la ley “Bases” prescinde de ellas. 

Otro punto importante es la modificación del efecto del silencio administrativo frente a los pedidos de autorizaciones, para que luego de ciertos plazos, los pedidos de los particulares no contestados se transformen en respuestas positivas estatales.

Modificaciones administrativas empeoran el panorama

La modificación de la ley apunta a acelerar las “autorizaciones estatales” en aquellas materias “regladas” es decir que tendrá relevante aplicación en materia de explotación de recursos naturales. 

De la misma forma el artículo 12 del proyecto amplía la presunción de legitimidad que alude a la fuerza ejecutoria que faculta a la Administración a poner en práctica el acto por sus propios medios. 

La reforma busca que el Estado actúe sin intervención judicial cuando deba protegerse el orden público, el dominio público o las tierras fiscales de propiedad del Estado e incautarse bienes ante la comisión de delitos flagrantes. 

Recordemos que cuando se refiere a dominio estatal, éstas incluyen las tierras del dominio privado; lo que en la lógica antiderechos de Milei le daría facultades para intentar imponerse ante el derecho de los pueblos indígenas que reclaman regularizar su ocupación tradicional frente a la titularidad del Estado Nacional.         
 

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