Tras exigir eliminar la protección de pueblos en aislamiento, la autodenominada Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL) se prepara para llevar al Gobierno Regional a su candidato fujimorista.
Servindi, 25 de mayo, 2022.- Personajes con intereses empresariales y políticos, vinculados al fujimorismo y agrupados en la autodenominada Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), empezaron su campaña electoral.
Tras boicotear una reunión sobre la protección a los PIACI, ahora impulsan un debate de candidatos al Gobierno Regional de Loreto (GOREL), a donde postula uno de sus operadores: el exparlamentario de Fuerza Popular, Juan Carlos del Águila Cárdenas.
Además, con el aval del gobernador Elisbán Ochoa, preparan una propuesta de acuerdo a sus iniciativas anti-indígenas que presentarán en el Consejo de Ministros Descentralizado, en Iquitos.
Con miembros fuertemente cuestionados, la CDL es un grupo de intereses privados que se atribuye la representatividad de todo el pueblo de Loreto y que tiene operadores políticos en el Congreso de la República y en el Gobierno Regional.
Las maniobras de este colectivo para negar la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y explotar territorios intangibles han recibido el rechazo unánime de organizaciones indígenas, de la sociedad civil y de entidades del estado, pero siguen en campaña.
Discursos de campaña
Los falsos discursos de este colectivo con los que intentan manipular la conciencia de los electores de Loreto también han sido rebatidos por el apu Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
“Es abominable la deliberada acometida de la infame clase política –que actúa bajo la sombra del facistoide grupo autodenominado Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto– de usar a los PIACI en campaña política”, indicó el dirigente indígena.
En medio de emblemáticos casos de millonarias obras que no se cumplieron o solo sirvieron para deforestar los bosques primarios de la región, Jorge Pérez cuestionó las propuestas de campaña que se vendieron falsamente dentro del rótulo de “desarrollo sostenible”.
Esta situación, que se repite de cara a las próximas elecciones distritales y regionales, ahora viene acompañada de nuevos discursos que apelan a un falso patriotismo.
“Están tratando de endilgar –con descaro y desvergüenza descomunal– el aumento de la pobreza y el decaimiento de la actividad económica (forestal, hidrocarburos, comercio y otros sectores) al proceso de creación de las reservas indígenas”, agregó el presidente de la Aidesep en una reciente columna de opinión.
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Debate en casa
Actualmente, la coordinadora anti-indígena está promoviendo un debate con los candidatos a la alcaldía del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) para el 27 de junio.
Mediante sus redes, el excongresista fujimorista y actual candidato por el mismo partido (Fuerza Popular), Juan Carlos del Águila, promociona este encuentro con sus posibles rivales.
Sin mencionar que es miembro del colectivo organizador (la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto), del Águila Cárdenas anunció su confirmación y dice esperar “que nadie se corra” de este debate.
Tampoco indica que las otras instituciones que están detrás del debate –la Universidad de la Amazonía, la Cámara de Comercio de Loreto y el Consejo de Decanos de Colegios Profesionales– también tienen representantes en la coordinadora que integra.
En la convocatoria no se mencionan el estrecho vínculo de las instituciones organizadoras con la CDL, que integra el excongresista y candidato fujimorista Juan Carlos del Águila Cárdenas. A la izquierda, se puede apreciar una lista de integrantes de este colectivo de febrero del 2021. Mientras Walter Boria sería el nexo con la Cámara de Comercio, José Soplín Ríos cumpliría las mismas funciones desde la Universidad de la Amazonía (UNAP).
En una nota anterior, se recordó cómo este exparlamentario, que difundía ideas falsas sobre tratados ambientales, fue cuestionado por haber influido para que le den trabajo a su hermano, quien actualmente labora en el Gobierno Regional de Loreto.
Hermanos Juan Carlos y Juan Manuel del Águila Cárdenas. Es claro el vínculo de sectores fujimoristas con el GOREL. Sus objetivos contra la Amazonía, los PIACI y sus defensores también son evidentes.
Historial de favorecimientos
Las maniobras de los integrantes de esta coordinadora para beneficiarse son conocidas. Como se detalló anteriormente, el director de la CDL, Christian Pinasco Montenegro, fue condenado por favorecer a una empresa en una licitación.
En su calidad de presidente del Comité Especial de Licitación de Monsefú (Chiclayo), Pinasco adjudicó irregularmente una concesión de más de 1 millón 880 mil soles a una empresa para una obra de saneamiento en el distrito.
Por esta razón, en 2018, fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de colusión y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos junto a otras tres personas.
Antecedentes en Loreto
Sin embargo, el ahora vocero de la CDL tiene denuncias por el mismo motivo que datan desde antes de 2011, mientras era funcionario municipal en Maynas, Loreto, entre 2007 y 2010.
Pinasco Motenegro fue denunciado penalmente por la comisión de presuntos delitos de corrupción de funcionarios – negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, al presuntamente haber favorecido a sus familiares de Amazonía Constructores & Consultores S.A.C.
La información, recogida en una tesis de derecho, detalla que esta empresa se constituyó un mes después de que Pinasco sea designado como presidente de la Comisión Especial Permanente encargada de los procesos de selección de Adjudicación Directa y de Menor Cuantía para la ejecución y servicios de consultoría de obras.
El subgerente de la recién conformada, por entonces, Amazonía Constructores & Consultores S.A.C. era Luis Édgar Quillama Otárola, esposo de Liza Gisella Pinasco Montenegro, hermana de Christian Pinasco Montenegro.
A pesar de este estrecho vínculo, en octubre de 2007, el Comité Especial presidido por el mismo Christian Pinasco, le otorgó a la empresa de su cuñado la buena pro de una obra en Maynas.
En su momento, medios regionales también dieron cuenta de las acusaciones que había sobre Pinasco. A la izquierda, un semanario regional de Iquitos reportó en 2010 las denuncias que había sobre él. A la derecha, el medio ProyContra también reportó de los indicios de colusión del director de la autodenominada Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL).
Según los últimos reportes de este caso, en abril de 2019 se estuvieron realizando las audiencias de la etapa del juicio oral, donde la Fiscalía solicita cinco años de prisión y la inhabilitación por dos años.
De acuerdo a consultas hechas al Ministerio Público, Christian Zeus Pinasco Montenegro figura como imputado en 17 casos, 13 de estos tienen sede en Loreto.
Así, Christian Pinasco no solamente es alguien que niega los derechos de los pueblos indígenas –a quienes califica peyorativamente como “un grupo minoritario”–, sino también es un personaje con serios problemas ante la justicia, por decir lo menos.
No olvide el rostro Christian Zeus Pinasco Montenegro, vocero de un grupo antiderechos que dice representar a la sociedad civil de Loreto y busca sorprender a diversas autoridades públicas con el respaldo del gobiernador regional Elisban Ochoa.
Jugando en pared contra la fiscalización ambiental
Pinasco Montenegro y su coordinadora también han realizado una constante defensa de la cuestionada empresa Tamshi S.A.C.
Como se recuerda, Tamshi S.A.C. ha sido investigada y sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por operar sin autorización ambiental y deforestar casi 2 mil de hectáreas de bosque primario en el distrito Fernando Lores, en Maynas, Loreto.
Luego de que en noviembre de 2020 esta empresa fuera multada por sus infracciones ambientales, la coordinadora de Pinasco salió en su defensa, calificando de “acoso” y de “actos abusivos y arbitrarios” a la fiscalización y sanción del organismo ambiental.
Como se recuerda, en un preocupante revés, la Corte Superior de Justicia de Loreto no ratificó la histórica condena impuesta a Tamshi por la deforestación realizada entre 2013 y 2016. Tras ello, la empresa continuó con una contraofensiva que ha sido apoyada por la CDL.
En claros actos de intimidación, Tamshi ha encontrado en la vía judicial una forma de responder a las denuncias que se presentan en su contra desde el Estado, los medios y organizaciones ambientales, como lo detalla una nota de Mogabay Latam.
Así, en marzo de 2021, la CDL se sumó a la campaña de acoso judicial de Tamshi contra Lucila Pautrat, reconocida ingeniera forestal y defensora ambiental, quien fue sentenciada injustamente por informar sobre las denuncias de agricultores contra la empresa.
Al ataque
A pesar de que sus miembros cuentan con múltiples cuestionamientos, la autodenominada Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL) descalifica a instituciones del Estado, medios especialistas y organizaciones que no comparten su posición.
Así, han sido objeto de sus ataques el OEFA, el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Ministerio del Ambiente (Minam).
Asimismo, esta coordinadora utiliza descalificativos como ‘naziambientalistas’ o ‘neoambientalistas’ para referirse a organizaciones indígenas y de la cooperación internacional que velan por la protección de la Amazonía.
Mientras que, por otro lado, califica como ‘traidores’ a quienes están a favor del Acuerdo de Escazú, o “prensa caviar y pagada por las ONG” a medios que no coinciden con ellos y sus propósitos para depredar la Amazonía.
Siguiente acto
Con aliados en el Gobierno Regional de Loreto (Gorel), la CDL coordina directamente con funcionarios de la administración, entre los que se encuentra el mismo gobernador Elisbán Ochoa Sosa.
En una última maniobra, Elisban Ochoa viene convocando a sectores cercanos a la coordinadora de intereses privados para plantear una propuesta en el XVI Consejo de Ministros Descentralizado, programado para el lunes 30 de mayo en Iquitos, Loreto.
Como se aprecia en una invitación, Ochoa planea una reunión en las instalaciones del Gorel, para el viernes 27 de mayo, a las 10 a.m., donde se discutirá, como primer punto, sobre las Reservas para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Teniendo en cuenta la posición de Elisban Ochoa y de la CDL, es claro el objetivo por continuar exigiendo el desconocimiento de los derechos y la vida de los PIACI, los pueblos indígenas que viven con mayor vulnerabilidad en el mundo.
En este oficio, el gobernador extiende la invitación para una reunión anti-PIACI a decanos de colegios profesionales y “representantes de la sociedad civil”.
En el mismo sentido, Elisban Ochoa viene desconociendo la inicial posición del mismo Gorel a favor de la creación de la Reserva Indígenas Yavarí-Tapiche.
En declaraciones para un medio local, la cuestionada autoridad, repite el pedido de la CDL para modificar la composición de los espacios donde se toman decisiones políticas de protección a los PIACI.
Así también, sin mayor conocimiento de los múltiples estudios y evidencias que se han presentado, insiste en el redundante pedido por “demostraciones científicas” sobre la existencia de estos pueblos.
Necesaria protección
Cabe recordar que los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) están expuestos a contactos fortuitos y al saqueo de sus territorios, así como a enfermedades externas que se agravan frente a su vulnerabilidad inmunológica.
De acuerdo al principio de ‘no contacto’, las medidas que garantizan la intangibilidad de los territorios de estos pueblos buscan prevenir contactos forzados, transmisión de enfermedades mortales y los impactos en sus territorios y bosques.
Teniendo en cuenta que las amenazas que se ciernen sobre sus territorios afectan directamente a los medios de vida de los pueblos en aislamiento, la intangibilidad de sus áreas es una necesidad imperativa para garantizar sus vidas.
Pero nada de esto tiene importancia para personajes que responden a los peores intereses empresariales y políticos, mientras toman como pretexto de campaña política el discurso de que los Piaci y las organizaciones indígenas son una traba para el desarrollo.
Foto: Orpio
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