Defensoría pide proteger la salud de las comunidades indígenas

Seis de cada diez comunidades campesinas y nativas carecen de un establecimiento de salud, según el Censo 2017. Loreto, Junín, Cusco y Arequipa tienen cada una más de 10 casos conocidos por COVID-19.

Servindi, 26 de marzo, 2020.- La Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención para evitar que el coronavirus llegue a las comunidades indígenas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. 

El pedido se efectúa debido al aumento de casos de contagio registrados en regiones con población indígena y que carece de acceso a servicios de salud y otros servicios básicos.

Seis de cada diez comunidades campesinas y nativas -61 por ciento- carecen de un establecimiento de salud en sus territorios, según el Censo 2017.

Ante un eventual contagio, el riesgo a la salud pública en estas comunidades es aún mayor. Loreto, Junín, Cusco y Arequipa tienen cada una más de 10 casos conocidos por COVID-19.

Preocupa a la Defensoría del Pueblo la especial situación de vulnerabilidad de los/as adultos mayores en los pueblos indígenas, población que representa un total de 919, 653 personas, en su mayoría, mujeres.

En ciertas regiones, además, hay un elevado número de personas con enfermedades prevalentes como el dengue y la malaria, cuya salud podría seriamente agravarse ante un eventual contagio por el COVID-19.

En el Perú, casi 4.5 millones de personas tiene como lengua materna una lengua indígena, lo que representa el 16 por ciento de la población nacional. Las comunidades campesinas y nativas se ubican principalmente, en las zonas rurales andinas y amazónicas.

Los gobiernos regionales deben coordinar con el Ministerio de Salud para adoptar con urgencia un plan de medidas concretas para cubrir las referidas carencias en salud de este grupo poblacional.

El plan debe comprender una adecuada intervención en la prevención y control del coronavirus, a través de lineamientos que respeten la cultura de estos pueblos e involucren la participación de las organizaciones y autoridades indígenas.

Asimismo, urge reforzar las medidas de control para respetar el distanciamiento social en las grandes ciudades donde haya población indígena, en regiones como Loreto, Ucayali, San Martín, Junín, Amazonas, y otros.

Los gobiernos regionales, en apoyo con las fuerzas policiales y militares, deben redoblar sus acciones en esa dirección para evitar que la enfermedad llegue a las comunidades.

Dado que el tránsito en las comunidades nativas se da por vía fluvial, las capitanías de puerto de la Amazonía deben controlar efectivamente el respeto de las medidas dispuestas en el estado de emergencia.

Es necesario que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, junto a los gobiernos regionales y locales, ejecuten un plan de entrega de alimentos de primera necesidad, ante la restricción del tránsito.

El reparto debe realizarse en coordinación con las autoridades comunales y en respeto de las medidas de salubridad, higiene y prevención para el contagio del COVID-19.

Para que las medidas que adopta el Estado sean entendidas y acatadas, los gobiernos regionales y locales deben difundir información a la población indígena en las radios locales de mayor sintonía y en sus lenguas originarias.

Finalmente, la Defensoría anunció que continuará supervisando la implementación de las medidas que garanticen la salud de las poblaciones indígenas en el actual contexto de crisis sanitaria,
 

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