Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanza esta alerta ante investigación del Congreso contra JNJ.
Servindi, 25 de setiembre, 2023.- La eventual remoción del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sin el respeto al debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente al organismo y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en Perú.
Así lo consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al expresar su preocupación este 25 de setiembre por la investigación iniciada por el Congreso contra la JNJ.
La JNJ, recuerdan, es la autoridad que tiene a su cargo el nombramiento y la evaluación periódica de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales.
En esa línea, contribuyen a que no haya injerencias políticas por parte de otros poderes u órganos del poder público en la designación de operadores de justicia, y, en consecuencia, a que la justicia actúe de forma independiente.
En un comunicado, la CIDH reconoce la importancia de los controles políticos que puede ejercer un poder público sobre otro; sin embargo, advierte que esto se desvirtúa cuando están basados en “razones políticas”.
“Los controles políticos de los operadores de justicia basados en razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad” que deben primar, indican.
La CIDH toma en cuenta que, según organizaciones de la sociedad civil y operadores de justicia, el procedimiento contra la JNJ no está fundamentando en una causal disciplinaria específica prevista en el ordenamiento jurídico.
Además de que los hechos que dieron lugar a la apertura del procedimiento “estarían siendo conocidos y tramitados por otras comisiones del Congreso en el marco de la figura de acusación constitucional”.
La Comisión Interamericana también recuerda que las personas operadoras de justicia son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático.
Por tanto, todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de estas personas, “deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”.
“Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos”, indican.
Cabe señalar que esto último no se aprecia en la investigación iniciada por el Congreso peruano contra la JNJ, cuya defensa ha rebatido uno a uno los argumentos que le imputa el Parlamento.
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