FIDH y APRODEH solicitaron formalmente a la Fiscalía de la CPI el inicio de una investigación sobre Perú ante los crímenes de lesa humanidad registrados durante la represión a protestas contra Boluarte.
Servindi, 25 de junio, 2024.- Una denuncia contra el Estado peruano fue presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la comisión de crímenes de lesa humanidad registrados durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
En la denuncia se detalla el ataque sistemático al que fueron sometidos los manifestantes, con violencia de manera desproporcionada e indiscriminada por parte de militares y policías, principalmente en contra de indígenas.
Pese al conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por las altas autoridades del gobierno, continúo durante dos meses.
“Estos hechos constituyen de manera evidente crímenes de lesa humanidad conforme a la definición del Estatuto de Roma”, señalan las organizaciones denunciantes Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Debido a esto, las organizaciones han solicitado a la Fiscalía de la CPI la apertura de una investigación sobre Perú.
“Se ha hecho un perfilamiento muy detallado, caso a caso, de las 49 víctimas (…) La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta”, señala Gloria Cano, Directora de APRODEH.
Por su parte, Jimena Reyes, Directora para las Américas de la FIDH, sostuvo que encontraron un “evidente racismo de los asesinatos que se dieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, que afectaron en su mayoría a población indígena (quechuas y aymaras)”.
Según FIDH y APRODEH, los diversos elementos recogidos “apuntan a la existencia de disposiciones y recursos dados por altas autoridades del gobierno para que la represión tuviera como objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo”.
“La represión estuvo precedida por Planes de Operaciones que, a su vez, se justificaron a través de los Decretos de Emergencia emitidos por la Presidencia y el Consejo de Ministros”, indican.
Además, se pudo ver cómo luego de las muertes y heridos, las altas autoridades del gobierno, incluyendo la presidenta Boluarte, negaron públicamente sus responsabilidades, culpando a los mismos manifestantes de la violencia.
El documento presentado ante la CPI también hace un análisis del contexto de la crisis democrática que se viene dando en Perú desde el año 2021 que han derivado en el “quiebre institucional y la destrucción del Estado de derecho”.
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Descargue aquí el documento presentado ante la Corte Penal Internacional: |
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