Foto: Mongabay Latam
Parece que a algunas autoridades de Loreto les falta tomar memorex.
Por Juan Carlos Ruiz Molleda*
26 de enero, 2019.- Según carta de fecha 26 de agosto del año 2016 OSINERGMIN, que abajo adjuntamos, de los 190 derrames ocurridos en los últimos 20 años en el Perú en todos los oleoductos a nivel nacional, 67 derrames son por acto de sabotaje –atentados de terceros–, es decir el 35.2 % del total de derrames de los últimos 20 años son por actos de terceros.
Pero eso no es todo. 62 derrames son por corrosión, Es decir, 32% de los derrames son por falta de mantenimiento.
Pero además, de esos 190 derrames, 13 son por falla de accesorios o conexiones, 7 por causas externas, 18 por causas naturales, 5 por fallas de construcción y 8 por fallas operativas.
Entonces, si sumamos a 62 derrames por corrosión, las otras causa de los derrames, imputables a la empresa, por no hacer mantenimiento al oleoducto, vemos que el 62% de los derrames son como consecuencia de la falta de mantenimiento de las empresas operadoras. Como lo dijo OEFA en el proceso administrativo sancionador contra Petroperú, si se hubiera hecho mantenimiento, se hubiera advertido, las otras causas de derrames, como deslizamiento de la tierra, y las demás fallas.
En resumen, de cada 3 derrames solo uno es por sabotaje. Los demás son por razones como consecuencia de la falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano. Es decir, son razones que se hubieran identificado si se hubiera realizado mantenimiento a este.
Obviamente debe sancionarse a las personas que atentan contra el tubo, con la mayor severidad. Pero no solo a los autores materiales sino a los autores intelectuales. Si la policía y los fiscales se robarías en serio la investigación, descubrirían que empresas de remediación alientan los sabotajes, aprovechándose de la desgracia de algunos jóvenes.
Y si siguen más, descubrirían, como lo hizo la Comisión parlamentaria del Congreso, presidida por César Villanueva, actual premier, que funcionarios de Petroperú, renunciaron a sus cargos, formaron empresas, a las que se les adjudicó contratos de remediación, sin reunir los requisitos técnicos exigidos por ley, siendo beneficiados por millonarios contratos, tal como en su momento lo denunció valientemente la congresista Maria Elena Foronda.
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*Juan Carlos Ruiz Molleda es es abogado de la PUCP, con especialización en derecho constitucional y Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL.
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