San Martín: Cuando se hace conservación de espaldas a los pueblos indígenas

Residentes de la comunidad de Puerto Franco caminan cerca del límite del Parque Nacional Cordillera Azul en la Amazonía peruana, el lunes 3 de octubre de 2022. Residentes de pueblos indígenas Kichwa en Perú dicen que cayeron en la pobreza después de que el gobierno convirtió su bosque ancestral en un parque nacional , restringió la caza y vendió créditos de carbono forestal a las compañías petroleras. Foto Martin Mejía / AP Residentes de la comunidad de Puerto Franco caminan cerca del límite del Parque Nacional Cordillera Azul en la Amazonía peruana, el lunes 3 de octubre de 2022. Residentes de pueblos indígenas Kichwa en Perú dicen que cayeron en la pobreza después de que el gobierno convirtió su bosque ancestral en un parque nacional , restringió la caza y vendió créditos de carbono forestal a las compañías petroleras. Foto Martin Mejía / AP

Servindi, 24 de diciembre, 2022.- Un reportaje publicado en el Washington Post da cuenta de cómo la venta de carbono de bosques en territorio del pueblo indígena Kichwa en San Martín realizada por el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA) no los beneficia.

La venta del carbono se realiza a las compañías Shell y TotalEnergy de espaldas a las comunidades nativas, sin consulta previa y sin obtener el previo consentimiento como lo exige el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como lo explica el reportaje, muchas de las comunidades fueron expulsadas de su territorio. Y ahora, las comunidades nativas afectadas, no reciben ni un solo dólar de los millones que recibe CIMA.

Hemos recibido una traducción libre del artículo de la cuenta de Facebook del abogado Juan Carlos Ruiz Molleda y que resulta de mucho interés difundir para prevenir el rol de algunas instituciones conservacionistas que trabajan sin respeto y de espaldas a las comunidades.
 

En Perú, tribu Kichwa quiere compensación por créditos de carbono

Por Ed Davey

Residentes de la comunidad de Puerto Franco caminan cerca del límite del Parque Nacional Cordillera Azul en la Amazonía peruana el lunes 3 de octubre de 2022. Residentes de pueblos indígenas Kichwa en Perú dicen que cayeron en la pobreza después de que el gobierno convirtió su bosque ancestral en un parque nacional, restringió la caza y vendió créditos de carbono forestal a las compañías petroleras.

Rolando Zumba, un gentil hombre de 59 años, lloró, aunque el momento que describió tuvo lugar hace muchos años. Nada ha sido igual desde ese día, cuando un guardaparque le quitó los rifles de caza. Ahora, donde antes había autosuficiencia, el hambre acecha a su pueblo.

La historia de Zumba tiene sus raíces en la creación en 2001 del Parque Nacional Cordillera Azul de Perú, un tramo de la selva amazónica peruana en las estribaciones de los Andes, donde las nubes se aferran a las copas de los árboles y la niebla de la mañana se asienta sobre ríos poderosos. Su historia está relacionada con los gigantes petroleros lejanos Shell y TotalEnergies, que compraron créditos de carbono del parque.

Un día, mientras cazaba en el bosque que ahora está dentro del parque, Zumba dijo que sus rifles fueron incautados por guardias armados que trabajaban para CIMA, el acrónimo en español de la organización sin fines de lucro creada para proteger el parque nacional. Cuando se estableció el parque, los miembros de la tribu kichwa como Zumba perdieron el acceso sin restricciones a lo que una investigación de Associated Press descubrió que era casi seguro su tierra ancestral.

En 2013, el sustento de Zumba recibiría otro golpe: una pestilencia diezmó su pequeña plantación de cacao y hasta el día de hoy no tiene los $1,500 necesarios para replantar. Mientras tanto, a solo 2,4 kilómetros (1,5 millas) de distancia, muchos millones de dólares en dinero del petróleo comenzaron a fluir hacia el antiguo territorio tribal. En los últimos ocho años, la administración del parque ha arreglado la venta de unos 28 millones de créditos de carbono, generando decenas de millones de dólares, ingresos de los que los kichwa dicen no haberse beneficiado.

“Mira las condiciones en las que vivimos”, dijo el vecino de Zumba, Segundo Panduro, de 77 años, mientras las chicas correteaban alrededor de sus pies en el piso de barro de su cabaña. Las autoridades “solo traen palabras”, dijo. “No se puede vivir de palabras”.

Memoria comunitaria

Ahora es común que los principales contaminadores del clima paguen a los países tropicales para mantener las selvas tropicales en pie. Los árboles absorben carbono de la atmósfera a medida que crecen. A cambio, las empresas obtienen créditos de carbono para cancelar ostensiblemente sus emisiones, ayudándolas a cumplir con los compromisos climáticos. Pero las pautas de la industria exigen que los proyectos de créditos de carbono tengan el consentimiento de las comunidades locales, que se supone que también se beneficiarán.

Una convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Perú firmó en 1994 también dice que las tierras tradicionalmente utilizadas para el sustento o las costumbres de los pueblos indígenas les pertenecen, y deben consentir las actividades económicas y recibir una compensación.

El gobierno peruano y CIMA argumentan que aquí no se requería el consentimiento porque el parque nunca fue tierra kichwa, un argumento que los indígenas locales rechazan rotundamente. Para evaluar los reclamos de propiedad de los kichwas, un equipo de AP viajó unas 300 millas por caminos embarrados y en bote por el río hasta siete aldeas kichwas en los límites del parque.

La investigación encontró evidencia de que las aldeas existían en sus ubicaciones actuales fuera de lo que ahora es el parque mucho antes de que fuera delimitado, y que la gente vivía de la caza y la plantación dentro del parque. En Puerto Franco, un letrero descolorido anunciaba el pueblo y una fecha: agosto de 1970. Un documento de 1996 muestra que un maestro fue enviado a Puerto Franco ese año. En el borde del parque, un anciano reconoció fragmentos de cerámica antigua en el suelo como la que solían hacer sus abuelos.

Varias aldeas mantuvieron registros de las actividades comunitarias que se remontan a décadas, ventanas a la vida en el área mucho antes de que se creara el parque. Un registro de reuniones comunitarias en 1991 en el pueblo de Callanayacu, donde vive Zumba, detalla la preocupación por los jóvenes alborotadores y un cerdo perdido. Una entrada en los diarios de la comunidad de Chambira describió 1996 como el “año de los 6.000 turistas”. Las imágenes de satélite de antes de que se creara el parque muestran claros de selva tropical para todos los pueblos en formas casi idénticas a las de hoy.

En cada aldea visitada, las personas mayores de 40 años compartieron fácilmente recuerdos de la caza y la recolección de alimentos en lo que se convirtió en el parque en 2001.

Mientras las lluvias monzónicas azotaban el pueblo de Mushuk Llacta, Peregrina Cenepo, de 79 años, mostró la cerbatana que dijo que su difunto esposo usaba para cazar. Hoy en día eso requiere un permiso, y los límites estrictos significan efectivamente recolectar carne solo para festivales. Solo se permiten 300 visitas de caza o pesca, Kichwa o no Kichwa, durante un año promedio.

Con una voz que sonaba alegre por los recuerdos, Cenepo, madre de 14 hijos, describió cómo cuando estaba recién casada, recogía pieles de palma para hacer escobas en los bosques perdidos y plumas de paujil para hacer abanicos. Ella y su esposo iban de caza durante semanas...(continúa)

Para acceder al reportaje completo visite el sitio web del Washington Post:
 

 

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Foto: IDL

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