Fuente de la imagen: El nuevo Diario
Blanco para uno, negro para otro: jueza Patty Delgado Navarro de Cajamarca legaliza diferente aplicación de la Ley y viola "la igualdad ante la ley" y otros derechos fundamentales.
Servindi, 24 de agosto, 2023.- Un escandaloso fallo de la magistrada Patty Delgado Navarro declaró improcedente una demanda de Habeas Corpus a favor del periodista ambiental César Estrada Chuquilín violando la igualdad ante la ley y otros derechos fundamentales.
El abogado y la familia de Estrada Chuquilín anunciaron que apelaran el fallo con la confianza de que esta ignominiosa arbitrariedad será reparada por una Sala Superior.
Así lo sostiene el abogado Josué Nuñez Barboza, defensor del comunicador Estrada Chuquilín, quién consideró fuera de todo raciocinio que el magistrado Abanto Quevedo resuelva de manera distinta en el mismo caso.
Tratándose de la misma acusación y pruebas condena a 10 años de cárcel a César Estrada, pero declara inocente a Wilson Cueva Lozano, coimputado en el mismo caso, porque no se prueba la acusación.
En otro hecho irregular la magistrada eludió que el Colegiado integrado por el magistrado Abanto Quevedo, en la sentencia 56 de 2017 en contra de Estrada, no valoró las versiones contradictorias de los agraviados.
Sin embargo, el mismo magistrado valoró las contradicciones señalando que hay duda razonable y por este motivo absolvió al coacusado Wilson Cueva Lozano.
El fallo contra César Estrada contraviene lo establecido en el Artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política que establece: ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos.
De igual modo, no puede haber trato desigual ante la ley, destaca el letrado Josué Núñez Barboza.
La sentencia se efectúa a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales ordenaron al Estado peruano proteger y no condenar a Cesar Estrada Chuquilín.
Tales exhortaciones se efectuaron en mérito a su labor social como líder defensor del ambiente y los derechos humanos.
Estrada Chuquilín goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar N. ° 452-11, de 5 de mayo mediante resolución 9/2014.
La medida cautelar se concedió en el caso: “lideres y lideresas de Comunidades Campesinas y 16 Rondas Campesinas de Cajamarca respecto de la República del Perú”.
El Estado peruano ha hecho caso omiso a la obligación de brindar protección y no se le condene arbitrariamente, y por el contrario, lo condenó a diez años de cárcel que la petición de Habeas Corpus busca reparar.
Investigan corrupción en la Corte de Cajamarca
Cabe destacar que el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) investiga una presunta red criminal integrada por jueces superiores de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.
Dicha red estaría involucrada en el cobro de coimas a delincuentes para garantizarles libertad, informó el NuevoDiario.pe.
Según una fuente del OCMA, durante la investigación a una banda criminal se dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los involucrados.
La mayúscula sorpresa que lograr interceptar diálogos con personas intermediarias de los magistrados, quienes cobraban cupos.
Uno de los magistrados, habría solicitado a través de un intermediario el pago de 40 mil soles para favorecer a uno de los implicados en la banda delincuencial “Los sanguinarios de Huacraruco”.
En ese caso, en diciembre de 2021, el fiscal pidió para un presunto asesino 17 años de pena privativa de libertad; pero en setiembre de 2021 fue absuelto, sin que la fiscalía impugne el fallo.
Todo ello ocurrió “luego de una comunicación del 10 agosto de 2021 entre los intermediarios de los jueces involucrados” según una fuente del Diario UNO.
Gracias a las escuchas telefónicas se habría conocido de la liberación de peligrosos delincuentes como algunos integrantes de la banda “Los duros de San Marcos” y “El cabezón”.
De acuerdo a la resolución 12–2022 de la OCMA los jueces investigados son Ricardo Sáenz Pascual, Humberto Araujo Zelada y Domingo Celestino Alvarado Luis.
A ellos se les pidió el 22 de diciembre de 2022 responder a dichas acusaciones, pero la Corte Superior de Justicia de Cajamarca emitió un comunicado pidiendo calma.
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