Plataforma de lucha para las protestas anunciadas para el 27, 28 y 29 de julio exige la renuncia de Dina Boluarte como presidenta y justicia para las víctimas de la represión policial 2022-2023.
Servindi, 25 de julio, 2024.- Manifestaciones programadas para fiestas patrias exigen que Dina Boluarte renuncie y se someta a la justicia para esclarecer los hechos entorno a la muerte de 50 civiles durante su gobierno.
La Asociación de mártires y víctimas del 9 de enero Juliaca - Puno confirmó que se movilizará en Lima los días 27, 28 y 29 de julio para exigir justicia por los muertos y heridos a causa de la represión militar y policial en su región y el país.
En la marcha también participará la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 conformada por los familiares de los asesinados en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Junín y otros departamentos afectados.
Pedro Samillán, hermano del médico interno Marco Antonio Samillán, dijo a Servindi que, pese a las amenazas de criminalización del derecho a la protesta y las declaraciones dadas por el ministro del Interior, ellos se movilizarán a la capital.
Esto tras las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien advirtió que la Policía actuará de inmediato en el caso de disturbios y que no se permitirá que se atente contra el patrimonio público, según Infobae.
Además, el general Óscar Arriola, también enfatizó en que los buses y minivans que lleguen a Lima serán inspeccionados para evitar riesgos de que alguien ingrese a Lima con intenciones de causar daño.
Sin embargo, la transparencia de las acciones de Arriola, han sido cuestionadas luego que, en diciembre de 2022, encabezara el allanamiento de las oficinas de Nuevo Perú y de la Confederación Campesina del Perú (CCP) e interviniera a más de 20 personas.
Arriola aseguró entonces a los medios de comunicación que los manifestantes habían sido encontrados con pasamontañas, machetes por lo cual se las incluyó en una investigación por terrorismo, la misma que fue archivada en agosto de 2023.
Heridos de gravedad producto de la represión no pueden rehacer su vida
Pedro Samillán, contó a Servindi, que, si bien hay un registro de 30 heridos dentro de la organización de víctimas y mártires, más de 200 en Puno no han querido denunciar por temor a los amedrentamientos y amenazas de ser investigados.
“Hay hermanos que viven con varios perdigones en su cuerpo, con el brazo amputado, postrados en cama y con la mandíbula destrozada, por lo que no pueden trabajar y rehacer su vida” lamentó el dirigente.
Agregó que las investigaciones realizadas por distintos organismos han exhortado a la presidenta a que atienda a las víctimas de la violación de derechos humanos, pero que no tienen atención médica.
Dijo, además, que las indagaciones realizadas por Amnistía Internacional corroboran e identifican la cadena de mando que incluye a la presidenta por lo que ella debe renunciar para que su cargo no le permita seguir evadiendo la justicia.
“Para nosotros sería un alivio, para todo el Perú que está sufriendo, que ella de un paso al costado, que renuncie y que se someta a la justicia y responda por todas las acciones que ha cometido” exhortó Samillán.
Mediante sus redes sociales la Asociación de mártires y víctimas del 9 de enero Juliaca hizo un llamado general para contribuir con su lucha mediante aportes económicos y donaciones.
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